Desigualdad social, ganancias y corrupción

En medio de sectores económicos que se recuperan y alcanzan márgenes de ganancias, la desigualdad social se profundiza, en la medida que más de 200 mil panameños se encuentran desempleados, 52 de cada 100 en informalidad laboral, 40 de cada 100 asalariados perciben menos del costo de la canasta básica de alimentos, consumidores con reducida capacidad de compra frente al aumento galopante de los precios de bienes y servicios básicos, pobladores que sufren desalojos forzosos de un Gobierno que no resuelve el tema de la vivienda, centros escolares que carecen de lo más elemental (piso y techo en los salones y agua potable), desabastecimiento de medicamentos en los centros hospitalarios producto del negociado que impera entre Gobiernos-empresarios, pequeños productores literalmente abandonados y amenazados por la nueva reducción arancelaria producto del TLC con Estados Unidos.

Estamos en un país cada vez más endeudado, pero no por la atención de las necesidades insatisfechas de la población; una economía que crece con una alarmante inequidad distributiva (concentración del ingreso y la riqueza, tendencia descendente de la participación de los sueldos y salarios en el PIB alcanzando solo el 25 %). Es decir, hay crecimiento con pobreza, exclusión, discriminación, pauperización de los niveles de vida del pueblo humilde y trabajador.

En medio de las precariedades que se enfrenta todos los días, los escándalos de corrupción no cesan. Gastos de representación y movilización, que no son solo de alcaldes y representantes, se maquillan con otras partidas sutilmente sugeridas por la Contraloría. Gastos de consultorías que son exorbitantes bajo la administración de Cortizo-PRD. En el 2019 fueron 117.9 millones de balboas; en el 2020, 38.1 millones de dólares; y, en el 2021, la suma asciende a los 57.5 millones, totalizando 213.5 millones en consultorías. ¿A quiénes se les otorgaron estos contratos? ¿Para qué? Según el MEF, ha sido el Ministerio de la Presidencia, con Carrizo a la cabeza, el que más gastos ha generado, prevaleciendo los estudios de “marketing” publicitario; en plena pandemia (2020) el Gobierno gastó en consultorías, el doble de lo que recibió el Gorgas, mientras negó al pueblo renta básica de 500 balboas al mes. El monto presupuestario para el 2020 es de 89.5 millones de balboas, en los tres primeros meses del año ya han ejecutado casi 2.9 millones de balboas. Gastos suntuarios que generan corrupción constante y galopante.

Los diputados hacen lo propio, ratificación en primer debate de la Junta Directiva de la ACP, donde prevalece lo que Frenadeso ha denominado el “país de los primos”, ratificando a Dora Pérez Balladares (recomendada por Miguel Heras Castro) y Laury Melo de Alfaro (recomendada por Stanley Motta), donde en la primera pesan grados de consanguineidad con otro directivo nombrado también por Cortizo (favoreciendo a un grupo del poder económico que ya ha alcanzado 4 designaciones en esta instancia), mientras que al pueblo, que ofrendo su vida por recuperar el canal, solo se le reconoce un representante ante la presión ejercida por más de 25 organizaciones sociales. Qué decir del camarón legislativo que cambia la revocatoria de mandato, aprobado incluso por seudoindependientes que apoyaron a diputados corruptos que se venden violando la Constitución, y que ante la crítica popular reculan, pero que no podemos olvidar responden a la lógica del poder económico. ¿Si eso no es corrupción, qué es?

Una partidocracia que está preocupada por las elecciones de 2024, y que sigue siendo cómplice y parte de la corrupción y las vicisitudes que viven los sectores populares que enfrenta una profunda exclusión social.

Esta realidad nos obliga a conocer nuestros derechos y defenderlos. En las calles se encuentran docentes, padres de familia y estudiantes; pobladores de las comunidades; pequeños productores. En huelga trabajadores de la transnacional Bimbo, en estado de alerta trabajadores aglutinados en Suntracs y Sielas (miembros de Conusi), exigiendo respeto a sus reivindicaciones laborales, aumento de salario, estabilidad laboral, una convención colectiva que respete los principios de trabajo digno y salario justo. Bajo la consigna “Salarios dignos o huelga nacional”, “Justicia para los pobres”, “Rebaja y congelamiento de precios”, el 17 de marzo el pueblo unido se moviliza a la Asamblea Nacional. Seguiremos en la lucha, con ejemplos como el de Sixto “Yito” Barrantes, obrero de la construcción, asesinado en el periodo de la dictadura, hace 36 años, en medio de la defensa de los derechos laborales y sociales.