Desarrollo urbano y minería

El tema de la minería en Panamá y el contrato Ley 406 con Minera Panamá ha avispado una convulsa situación de oposición al mismo, algo que al parecer no era tan esperado, pero que al final de cuentas el gobierno nacional pretendía pasar sin mayor oposición. En fin, esta situación ha puesto en evidencia el poco interés de los gobiernos por establecer prioridades y políticas de estado que sigan directrices y que busquen verdaderos beneficios para el país en cuanto al uso y manejo del territorio se refiere en términos generales.

En otras palabras, nunca se ha establecido, con contundencia, mediante consulta ciudadana, cuál es el rumbo a tomar, si realmente debemos permitir el desarrollo de minería a cielo abierto con todas sus consecuencias ambientales o si simplemente se debe rechazar esta opción para mantenernos en lo que tenemos y hay que reforzar o sea la condición de ser un país verde con consecuencias ambientales de muy bajo perfil. Condición que hasta la fecha nos ha permitido disfrutar aceptablemente, pese al evidente desarrollo urbano descontrolado que existe en todo el territorio. Este último inicia, muy específicamente, en las cabeceras de provincias con desarrollos comerciales y de allí, el salto a los desarrollos residenciales descontrolados en la periferia, por un lado, y, por otro lado, la aparición de asentamientos informales.

En la actualidad, la población ha sido abrumada con un mapa del país que señala las solicitudes de exploración de minas a cielo abierto en Panamá del ministerio de Comercio e Industria, 2019, cuyas manchas en colores, según caso, ocupan de un 35% a un 40% del territorio nacional. Tanto el desarrollo urbano como la minería a cielo abierto, rechazada multitudinariamente por la ciudadanía, tienen lugar en territorios rurales no normados, lo que impide primeramente contar con una jerarquía vial bien planificada, mejorada, ampliada y jerarquizada y en segundo lograr establecer códigos urbanos y esquemas de ordenamiento territorial, ya sea en el espacio urbano como rural, entendiéndose este último como el espacio de producción agraria que debe quedar libre de ser desplazado por otros usos de suelo que les sean incompatibles. Esto último no es precisamente lo que tiene lugar a nivel nacional.

El desarrollo urbano actual responde aceptablemente a las condiciones básicas que deben distinguir al sector comercial como al de la vivienda, tales como: servicio de agua potable, energía eléctrica, transporte público, salud y educación, entre otros, tanto en los desarrollos formales como informales; que han invadido el espacio rural. No obstante, pese a la precariedad de servicios básicos existente en los asentamientos informales, en ellos es fácil observar que hay más áreas verdes en los predios familiares que en las exiguas parcelaciones formales de los desarrollos urbanos que el mercado inmobiliario ofrece.

A todo esto, resulta que en el mapa del MICI, las solicitudes de exploración minera tienen asignados con rectángulos, los territorios que ocupan en el país las mismas. Aquí se establece un uso sobrepuesto indeseable al Corredor Biológico Mesoamericano, el cual conecta territorios naturales pensados a ser preservados para mejorar el medio ambiente y su desarrollo sustentable.

Esta expresión gráfica de uso del territorio no se conoce en las solicitudes para fijar el desarrollo urbano o rural y su normativa que acompañe a ambos casos y reconozca, definitivamente, que lo rural, es el territorio que generar la producción agroalimentaria del país; apto para mejorar la calidad de vida de sus pobladores y del resto del país. Sin lugar a duda, hace falta un ordenamiento territorial integral más responsable.

El autor es académico.