Derechos humanos y vulnerabilidad social

“Buscaremos la cooperación y participación de todas las Naciones, grandes y pequeñas, cuyos pueblos, estén dedicados por completo a la eliminación de la tiranía y la esclavitud, la opresión y la intolerancia” en una “familia mundial de las Naciones Democráticas”, 1943: Las Declaraciones de Moscú y Teherán.

Resumen: El presente escrito busca desde tres líneas estratégicas, exponer el escenario que se vive en esta tercera década del siglo XXI sobre la importancia que representan los derechos humanos en el contexto global y hasta dónde hemos avanzado como sociedad en la protección de nuestra seguridad y respeto a la integridad del ser humano, así mismo analizar el contexto latinoamericano sobre los esfuerzos por integrar una agenda institucional y llevar a cabo la construcción de políticas públicas para la atención adecuada de los derechos humanos, sobre todo en países donde las violaciones son recurrentes producto de la vulnerabilidad social, generada por los altos niveles de pobreza y desigualdad. Y finalmente abordaré como ejemplo el tema de la migración en América Latina como fenómeno social y político, donde se hace necesario sumar todos los esfuerzos de manera conjunta para llegar a acuerdos regionales que nos permitan generar acciones entre los distintos países en la construcción de una agenda regional e interinstitucional que permita alcanzar los mínimos niveles de protección para todos aquellos connacionales, que por diferentes circunstancias emigran fuera de sus países en la búsqueda de mejores niveles de calidad de vida, que muchas veces le son negados en el lugar donde nacieron.

Presentación: Los esfuerzos en el contexto internacional para proteger la seguridad e integridad de los seres humanos han marcado un hito en nuestra historia, basta recordar que en esta ruta de lucha social han transcurrido ya 75 años desde que en 1948 fue adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) en París el 10 de diciembre en la sesión plenaria número 83 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontrando su origen en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emanada durante la Revolución Francesa en 1789.

Haciendo énfasis que, en 1947, Eleanor Roosevelt, Pen-un Chang y Charles Malik entre un grupo de 18 miembros de destaca trayectoria se dieron a la tarea de redactar la Carta Internacional de Derechos Humanos, al término de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Adoptando la DDHH inicialmente 26 países, donde se encuentran EE. UU., el Reino Unido de Gran Bretaña, la Unión de Repúblicas Soviéticas, China, Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, El Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Luxemburgo, Nicaragua, entre los principales.

Bajo esta línea, podemos afirmar que desde la segunda mitad del siglo XX se ha fortalecido el consenso en torno a la particular importancia del reconocimiento de los derechos humanos. Su significado viene siendo expresada desde diversos ámbitos, tanto del activismo social y político como del mundo académico. Su formulación, reconocimiento y protección constituyen hoy en día un elemento fundamental de legitimación para los sistemas políticos democráticos, tanto en el ámbito interno de cada país, como ante la comunidad internacional.

Debemos entender que, los recientes procesos globales han tenido fuertes impactos en la discusión sobre los derechos humanos. Para algunos analistas, el fin de la Guerra Fría y la caída de los regímenes del socialismo real, constituyen un nuevo avance sustantivo en los procesos globales. En varios países se profundizó la apertura al ‘libre mercado’; se plantea el triunfo del capitalismo occidental, abriendo paso a la globalización, entendida también como la occidentalización del mundo. Si bien se reconoce el valor que tienen los Derechos Humanos en los procesos de liberación que se vienen desarrollando en distintas partes del mundo, junto a ello se denuncia que los mismos han servido también a los intereses del capitalismo globalizado. Desde esta perspectiva, los derechos humanos han servido como discurso ideológico para intervenir en la realidad a partir de los intereses de las clases sociales que detentan el poder y de la ideología y la cultura dominantes. En el contexto global de hecho, buena parte de las prácticas y lógicas claramente violatorias de la dignidad de las personas no son identificadas en los discursos oficiales como una violación de los derechos. Todo ello obliga a no pocos actores sociales bien a tomar distancia de los derechos humanos como referente para sus luchas, o bien intentar una reformulación de su concepto de manera que pueda ser reapropiado por los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Es importante destacar que, ante este panorama, cuando menos complejo, resulta necesario superar el error de creer que toda referencia a los derechos humanos está animada por una intencionalidad crítica; los derechos humanos no son críticos per se. Los derechos humanos pueden servir a una praxis de liberación, o bien para legitimar y reforzar procesos de opresión. Sin embargo, el discurso de los derechos es un ámbito de disputa, de lucha de poder, y podrá resultar funcional o no a los procesos de lucha que llevan adelante los distintos sujetos sociales. La referencia a derechos humanos ha servido como factor de legitimación del capitalismo y de prácticas neocoloniales tanto en el ámbito nacional como internacional, pero también como factor de animación de luchas orientadas a transformar el actual sistema de relaciones socioeconómicas, así como instrumento de protección de los grupos sociales críticos que protagonizan dichas luchas frente a quienes detentan el poder. Con base en lo anterior, resultaría irresponsable plantearse sin más el abandono de la narrativa de los derechos humanos; por eso, se hace necesario pensar las condiciones para su reconstrucción desde una perspectiva emancipadora. Por ello es necesario identificar y confrontar las teorías que subyacen a un uso de los derechos como factor de perpetuación de las actuales relaciones de dominación que atraviesan nuestras sociedades, a la vez requerimos articular una reflexión que permita estimular las potencialidades que la referencia a los derechos humanos tiene para las prácticas liberadoras. De esta manera podemos observar que, en el contexto latinoamericano, marcado por sus diversos procesos de lucha por lograr reconfigurar, entre otros elementos, el Estado y la misma ciudadanía, para así lograr saldar deudas históricas que han configurado nuestras sociedades, el concepto de globalización, el concepto de los derechos humanos abre camino a diferentes connotaciones lo que deriva en un múltiple espectro de posibilidades y miradas de análisis de la relación entre ellos y sus implicaciones. Entendiendo que la base del concepto de derechos humanos es el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Esos derechos son “producto asimilado en la conciencia colectiva de la lucha histórica de los grupos sociales por imponerlos y defenderlos”. Es importante reconocer que detrás de estos conceptos de Derechos Humanos se encuentran dos elementos que son esenciales: a) Dimensión Histórica: Al ser producto del comportamiento y actividad humana, poseen una dimensión histórica. b) Sistema de Valores: Subyace la idea de un sistema de valores que podría constituirse en un ideal común para todos los pueblos y naciones.

Existiendo así varios criterios de clasificación de los derechos humanos, la siguiente es la más integral y corresponde al orden de aparición, configurando tres generaciones, en términos históricos, de Derechos Humanos, donde encontramos los siguientes: A. Los de primera generación: derechos fundamentales, civiles y políticos. B. Los de segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales. C. Los de tercera generación: derechos de los Pueblos.

Adentrándonos en la ruta de nuestro análisis, podemos observar que América Latina siendo una de las regiones del mundo donde la promoción y la protección de los derechos humanos son asuntos de continua demanda y álgida discusión en las agendas nacionales de los Estados latinoamericanos, por los preocupantes incumplimientos de las obligaciones de respeto y garantía de los DDHH de sus poblaciones, pero también por los cambios que vienen experimentando las políticas internas, donde se privilegian intereses económicos que lejos se encuentran de poner a la dignidad humana como faro de las actuaciones del Estado.

Y dentro de las múltiples las problemáticas que aquejan a los países latinoamericanos que precisan de las acciones individuales y colectivas: de los Estados, de la cooperación internacional, de la sociedad civil. Es inevitable resaltar las que tienen que ver con fenómenos de orden estructural, social, económico, político, ambiental, que afectan a numerosas poblaciones, grupos sociales y las condiciones de desarrollo y de supervivencia humana.

Donde vemos que los indicadores empleados para medir la desigualdad muestran niveles indecorosos que no se compadecen con el crecimiento económico y la riqueza creada, ni con el peso y el costo de la intervención del Estado en la economía. De allí que sitúen a América Latina y el Caribe como la región más desigual del mundo.

En América Latina, existen dos realidades sistemáticas de violación a los DDHH que han obligado a sus habitantes a migrar, son las generadas por la crisis estatal por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela y por la llamada “inmigración centroamericana”, proveniente de Guatemala, El Salvador y Honduras, con destino a los Estados Unidos de América a través de sus fronteras con México. Por supuesto que la decisión de abandonar sus hogares no es una circunstancia libre y espontánea, sino que, por el contrario, la mayoría de las personas que inician estas travesías, lo hacen bajo la presión de satisfacer, al menos, las necesidades básicas propias y de sus familias o de conseguir condiciones mínimas de seguridad. Viviendo una serie de circunstancias adversas, que se traducen en una constante en la violación de los DDHH que viven los grupos más vulnerables en América Latina y el Caribe.

Aunado a esto vemos que, en los últimos años, lastimosamente, la defensa de los DDHH en América Latina se ha convertido en una labor de alto riesgo, en cuanto cada vez son más recurrentes los ataques contra defensores de víctimas de despojo o desplazamiento forzado, del medio ambiente, de la fauna y flora, de comunidades étnicas, provenientes de las fuerzas obscuras que ven en dichas labores, no un enemigo a ser vencido en el debate político, sino abatido en el campo.

No se puede desconocer que sobre el discurso de los derechos humanos se han incumplido muchas promesas y que las instituciones que asumieron desterrar de América Latina sus continuas violaciones no lo han logrado. Varios aspectos impiden la materialización de este propósito, pero tal vez los más destacados son el modelo económico y la ineficacia del sistema político vigente en los países de la región.

En este contexto podemos afirmar que no es casual el creciente gasto público como proporción del PIB y el considerable aumento del gasto social después de la pandemia vivida a partir del 2020, que en gran medida es inversión social. Reconociendo que tampoco es la puesta en marcha de políticas activas de transferencias hacia los sectores más vulnerables, los avances en el derecho a la salud y en seguridad social con componentes solidarios y mayor vocación universal, y la mayor presencia de reconocimiento de desigualdades y diferencias en materia de género, etnia, cultura, territorio y edad, para tratar de atenuar las desigualdades, esfuerzos que a la fecha no han logrado disminuir los niveles de desigualdad social y pobreza en sus dos dimensiones (pobreza y pobreza extrema), que se traducen en una constante a la violación de los DDHH en América Latina situación que origina la necesidad de emigrar fuera de los destinos de origen en la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades de vida.

La CEPAL proyecta que a fines de 2022 la pobreza se situó en 32,1% de la población (porcentaje que equivale a 201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 millones), es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales están hoy en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema es de 12 millones una cifra más alta a la registrada en 2019.

De acuerdo con la ONU, “la ‘recuperación’ económica de 2021, que causó cierta euforia en algunos países, no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población”, declaró en su momento Alicia Bárcena, entonces secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis sanitaria estuviese controlada.

Todo lo anterior ha sido el escenario principal para aumentar los flujos migratorios en América Latina en la búsqueda de mejores niveles de calidad de vida. Incrementándose de esta manera el fenómeno de la migración que no sólo es un problema que se vive en Latinoamérica sino en el contexto global.

Especificando que entre las causas principales de la emigración latinoamericana se encuentran la pobreza crónica, la inestabilidad política y social, la precariedad del empleo y la asimetría en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía internacional, esta última agudizada por el proceso de globalización.

Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970.

Reconociendo que hoy en el 2024, ha aumentado la crisis migratoria en América Latina, donde millones de personas buscan refugio en el hemisferio, representando esto un gran reto para los gobiernos en América Latina y el mundo en la búsqueda y construcción de políticas públicas que atenúen este gran flagelo, que está vinculado intrínsicamente a los DDHH y donde el escenario, hoy marca un compromiso de análisis y compromiso real para proteger en la región de Latinoamérica y del planeta a todos aquellos que, en su anhelo de buscar el bienestar para sus seres queridos y sus familias, transitan hacia el sueño de mejorar su calidad de vida y de mejores oportunidades. Enfrentándose a escenarios lamentables con la violación de todos los DDHH.