La seguridad ciudadana como derecho

Algunas premisas básicas cuando hablamos sobre seguridad ciudadana: ‘No hay una fórmula mágica y única para resolver el problema, pero la inseguridad sí tiene remedio'. Además, ‘No hay sociedad sin crimen o policías'.

Ante este contexto, la seguridad ciudadana está centrada en las personas; representa un derecho. Según, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores, entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los Gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional.

Otros instrumentos internacionales señalan por ejemplo: ‘el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona'; del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: ‘Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona'; del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: ‘Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales'; y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales'.

La emergencia de expresiones criminales, homicidios, robos, hurtos, violencia doméstica, lesionados, entre otras, por mencionar algunas, pone en crisis el cumplimiento de este derecho y la efectividad de las intervenciones unidimensional y centralizada desde la institucionalidad. Es así que encara a través de una ruta crítica conocida y experimentada: los hechos pasamos al músculo institucional, expresiones de dureza e intervenciones puntuales, opinión pública demandando certeza del castigo, encaminando todo el abordaje institucional hacia medidas fundamentalmente de corte ‘populismo penal'; expresadas en el aumento de penas privativas de libertad y enfocadas a determinado grupo poblacional. Cuando los modelos de prevención en campo entran en crisis, deben evaluarse, corregir el componente de escasa efectividad o con deficiencias y nuevamente implementar.

¿Qué situaciones atentan contra el derecho a vivir seguros de los panameños/as? En el contexto nacional, como delito se denunciaron 61 681 hechos en el 2016, una reducción del 8 % con respecto al año anterior. Con respecto a delitos específicos más denunciado y sus respectivas características: la violencia doméstica, de la totalidad de delitos denunciados en el 2016, representó el 32 %; hurto 26 %; robo 12 %; lesionados y maltrato infantil/adolescentes con 4 %. Este conglomerado de delitos representó el 74 % de todos los hechos denunciados. Resultados de la IV Encuesta de Victimización y Percepción Social de la Seguridad Ciudadana, realizada por el Observatorio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, señala que 47 % de los robos ocurre dentro de la vivienda o cerca de esta y 62% se realiza con arma de fuego (revolver o pistola); mientras 34 % de hurtos ocurren dentro de la vivienda.

En Panamá, se registran en promedio 2 homicidios diarios, 78 % de estos se dan con arma de fuego; ello representa no más del 1 % de todos los delitos reportados en el país. Las características, condicionantes y/o factores, sin duda deben ser objeto de estudios y aquellos elementos que levantan la alarma social. Otro aspecto apunta al objeto o bien hurtado o robado, 46 % corresponden a teléfono celular y 30 % dinero, tarjetas y cheques. El principal daño o impacto por el delito apunta a lo económico, con 71 % y emocional o psicológico con 19 %.

Encaminar los esfuerzos hacia mejorar las condiciones de seguridad ciudadana implica un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana, como el objetivo central de la Política Educativa, de Salud, Social. El derecho a vivir seguros pasa por encarar como Estado aquellas condiciones sociales que afectan a los ciudadanos.

Por el momento, Panamá es un país de violencia doméstica, hurto, robo, lesionados y maltrato infantil y adolescente. Los delitos antes mencionados tienen claros condicionantes sociales; es allí que la integralidad como enfoque debería hacerse operativa. La centralidad policial en el abordaje del hecho, el delito, únicamente encara los resultados; dejando de lado los factores que generan este comportamiento. Garantizar el derecho a vivir seguros, implica apegarnos a la realidad y abordarla con sustento en evidencias. Es allí donde inicia el andar hacia una sociedad segura donde ganemos todos.

SOCIÓLOGO