El derecho legítimo a manifestarse en Panamá

El derecho a manifestarse es una piedra angular de cualquier sociedad democrática. Está protegido por la Constitución y es fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y participación ciudadana. A través de las manifestaciones los ciudadanos pueden expresar su descontento, demandar cambios y defender sus derechos de manera pública y colectiva, sin temor a represalias o persecución.

El derecho a manifestarse está garantizado por el artículo 38 de la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente y sin armas”.

Las manifestaciones han desempeñado un papel clave en la historia del país, han sido una herramienta para llamar la atención sobre temas de interés público, exigir cambios y reformas. Desde las luchas sociales y políticas en la década de 1960, hasta las protestas más recientes por la corrupción y la desigualdad, las manifestaciones han sido una forma de expresar la voz del pueblo.

Uno de los aspectos más destacados de las manifestaciones es la diversidad de temas que abordan. Desde cuestiones políticas y sociales, hasta derechos laborales, medio ambiente, igualdad de género ... Además, las manifestaciones son una forma de control social, ya que permiten a la ciudadanía vigilar y hacer responsable a los líderes políticos y a las instituciones públicas.

Sin embargo, el ejercicio de este derecho conlleva responsabilidades. Aunque las manifestaciones deben ser pacíficas, en ocasiones se realizan actos de violencia y vandalismo que han empañado la legitimidad de la protesta. La violencia y la destrucción no solo socavan la credibilidad de la manifestación, sino que también ponen en peligro la seguridad de la sociedad en general. En este sentido, en el 2022, pasadas las manifestaciones de julio, una encuesta realizada por Gallup Panamá, el 56% de los encuestados consideró que con protestas y manifestaciones sociales se logran acuerdos que benefician al país, el 40% consideró que afectan los derechos de los más vulnerables y 4% NS/NR.

Para garantizar que las manifestaciones sean pacíficas y seguras, es fundamental que los manifestantes coordinen sus acciones con las autoridades locales y respeten las normas de seguridad. También es importante que los manifestantes respeten los derechos de los demás, incluyendo el derecho a la libre circulación, el derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo, situación que es preocupante, si vemos los estudios realizados por el INEC. En agosto de 2023, la Encuesta de Mercado Laboral, arrojó que el 47.4% de la población está en el sector informal laboral. Por otro lado, Apede manifiesta que los cierres generan pérdidas por más de 30 millones de dólares diarios.

Es necesario que las autoridades reconozcan y respeten el derecho legítimo a manifestarse, garantizando que los manifestantes puedan ejercer su derecho de manera pacífica y sin temor a represalias. Las autoridades también deben escuchar las demandas de los manifestantes y tomar medidas concretas para abordar los problemas planteados.

Los medios de comunicación y la sociedad en general deben reconocer y valorar el derecho a manifestarse como una expresión legítima de la voz del pueblo. Es importante que se dé cobertura imparcial a las manifestaciones y se promueva un diálogo constructivo entre los diferentes actores involucrados. El derecho a manifestarse fortalece la democracia y promueve una sociedad más justa.