Defensa del Estado panameño: desafíos frente a la COVID-19

El 15 de enero de 2020 salió publicado un artículo de opinión titulado ¿Y la defensa del Estado pa' cuando? Este fue uno de los múltiples llamados (ignorados por las dos últimas administraciones) para que el Gobierno nacional ponga en marcha acciones concretas, para que la economía nacional no sufra más las consecuencias perjudiciales de una falta de política pública en materia de prevención y manejo de disputas inversionista-Estado. Seis meses han pasado desde esta publicación sin que acciones concretas hayan sido adaptadas. Por supuesto, en ese momento nadie tenía vislumbrado que el mundo se iba a ver afectado por la pandemia de la COVID-19. Aun así, el mundo no se detiene, y las demandas internacionales en contra de la República de Panamá siguen multiplicándose.

El 1 de abril de 2020, a dos semanas y media de haber decretado el estado de emergencia, la República de Panamá enfrenta una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), interpuesta por Salini Impreglio S.p.A. (ahora Webuild S.p.A.). El 15 de junio de 2020, una nueva demanda sobre la base del tratado bilateral de inversión suscrito con Italia en el 2009 es interpuesta ante el Ciadi por la empresa Campos de Pesé S.A. Lo que significa que, en medio de la pandemia, en donde el Gobierno ha tenido que adoptar una serie de medidas para hacerle frente al impacto de la COVID-19 en la salud de los panameños y panameñas, la República de Panamá debe ocuparse del nombramiento de árbitros calificados, y la contratación de firmas de abogados para su defensa.

Estas dos últimas demandas se unen a la lista de arbitrajes inversionista-Estado que enfrenta el país. Como para las demandas arbitrales interpuestas durante las tres administraciones anteriores, queda en manifiesto la carencia de una adecuada política de prevención y manejo de disputas internacionales.

Evidentemente, el Gobierno nacional ha tenido que establecer prioridades, tanto para evitar la propagación del coronavirus como para la reactivación progresiva de la economía. Sin embargo, la falta de una estrategia nacional, que implemente una unidad de defensa del Estado para atender las controversias que pudieran surgir en contra del Estado panameño, y un procedimiento de coordinación interinstitucional para la prevención de disputas, podría traducirse en miles de millones de dólares del erario. No podemos dejar que esto suceda, sobre todo cuando los casos en contra del país pudieran multiplicarse a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia.

Aunque las medidas adoptadas por la República de Panamá, como en la gran mayoría de países de la región y del mundo, tienen como principio la protección de la salud y las industrias consideradas particularmente importantes en tiempos de crisis sanitaria (suspensión del régimen de liberalización para ciertas inversiones extranjeras directas en determinados sectores, incentivos para la producción de equipo médico, apoyo financiero o fiscal para proveedores locales e industrias estratégicas y restricciones a la exportación, entre otras), algunas de estas medidas pudieran ser cuestionadas por inversionistas extranjeros, a través de procedimientos arbitrales, sobre la base de tratados de inversión, alegando que las mismas violan sus derechos protegidos por el tratado. A esta problemática se le suman las potenciales disputas que puedan surgir a nivel local sobre la base de supuestos incumplimientos contractuales que tengan como base las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar la crisis.

Una unidad de defensa del Estado, especialista en controversias inversionista-Estado, como existe en otros países de la región, Costa Rica y Colombia, por ejemplo, minimizaría los costos invertidos en la defensa del Estado, al contar con abogados especialistas que puedan atender las consultas y negociaciones presentadas por inversionistas extranjeros sobre posibles controversias, y posteriormente participar en los procedimientos arbitrales, en apoyo a las firmas de abogados que se contraten.

Urge que esta administración, a un año de gobierno, tome las riendas en el asunto e implemente un sistema de prevención y manejo de controversias inversionista-Estado, que pueda hacerle frente a las actuales y futuras demandas arbitrales en contra de la República de Panamá, evitando así que la economía nacional sufra más consecuencias perjudiciales. De igual forma, se hace imperante que el país retome su participación ante grupos de trabajo como el Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), en donde se está discutiendo sobre las posibles reformas al sistema de solución de controversias inversionista-Estado.

A la fecha, el Grupo de Trabajo III de la Cnudmi se ha reunido seis veces, explorando propuestas para atender diversas inquietudes, incluyendo: (i) la falta de consistencia y coherencia de los laudos arbitrales; (ii) la falta de independencia o imparcialidad de los árbitros; y, (iii) la duración y el costo de los procesos arbitrales, que tanto afecta a los países en vías de desarrollo. Si bien las reuniones formales han quedado suspendidas a causa de la pandemia, los países miembros y observadores continúan presentando sus propuestas de reforma, y reuniéndose de forma virtual para discutir informalmente sobre estos importantes temas. Panamá se ha mantenido ausente de todas estas reuniones. Es lamentable que esta administración haya seguido el patrón de su antecesor, y no le haya prestado la debida atención a aspectos tan trascendentales para la economía nacional, como son las posibles reformas al sistema de solución de controversias inversionista-Estado.

Estos son tiempos difíciles y de grandes retos, pero también de valiosas oportunidades para hacer la diferencia. La diferencia empieza con la voluntad política para el inicio de un nuevo futuro para la política comercial del país, y la reactivación de la economía en la era pos-COVID-19. Esperamos que este llamado urgente al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, para ocuparse de la defensa del Estado, sea finalmente escuchado.