Criminalidad, valores y cultura del castigo

Las múltiples denuncias en los medios de comunicación social, de irregularidades a nivel público en la gestión administrativa del gobierno pasado, ha reclamado una responsabilidad penal y se ha dado un clic a la fórmula del castigo severo a nivel legislativo llevando el mensaje al pueblo de seguridad y de tranquilidad, porque los delincuentes estarán encerrados en las cárceles.

Y en efecto, sobresale como siempre “la mano dura contra el delito, postura inquietante que olvida: a) que el castigo severo, no disminuye los delitos; b) que es necesario determinar y atacar las causas estructurales que inciden en la criminalidad desde nuestra perspectiva nacional y no foránea; c) que tales medidas tienen un alto costo económico y social; y d) que los delincuentes cuando cometen delitos nunca están pensando en la dureza del castigo (Aparici Marti).

En realidad, tales soluciones son simbólicas y no son más que un espejismo, porque convivimos con la criminalidad en nuestro país y es un fenómeno social que hay que afrontarlo con políticas públicas con efectos innovadores, como así lo ha señalado por ejemplo, Estrategia nacional de Seguridad ciudadana 2017-2030 (PNUD), cuyo propósito es la de propiciar un panorama más alentador para el desarrollo humano sostenible y la convivencia pacífica (ENSC/PNUD,2017).

Quizás es hora de preguntarnos, ¿si todos actuamos honradamente en todos los ámbitos familiares, sociales, laborales, políticos, o si tenemos una doble moral, y vemos” la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”? ¿Acaso no hemos sido indiferentes a la corrupción, a la violencia y a la criminalidad, cuando por ejemplo, callamos por temor a denunciar estos hechos; o somos cómplices de abusos sexuales en la familia, y vemos como normal, el juega vivo?

La honradez es una virtud que deben tener las personas tanto en el ámbito privado como en el público, de ser sinceras y rectas en sus actuaciones, relacionado con la honestidad, ser decente, íntegro, coherente, aunque en el sector público, los servidores públicos y los políticos no solo deben ser honrados, sino también austeros y transparentes, porque ejercen una función pública y reciben sus ingresos de los impuestos de los contribuyentes (Aguilar, 2018).

No puede aceptarse la doble moral, la doble vida, el engaño o la hipocresía, y no es válido pensar que los ladrones, los corruptos o los delincuentes son gente honrada, y que no siempre son malos, siguiendo las narraciones de Robin Hood, porque en realidad sí lo son; en el caso del corrupto, por ejemplo, son personas normales, no tienen empatía, actúan con desfachatez, son narcisistas, depredadores, y poco a poco atraen amigos, familiares, empleados, para lograr sus ambiciosos objetivos.

Dice el Papa Francisco, que el corrupto tiene ambición por el dinero, “finge ser honrado, pero su corazón está podrido, así mete la mano en el bolsillo y hace ver que ayuda a la iglesia, mientras que con la otra roba al Estado, a los pobres”.

El castigo para quienes cometan delitos contra la administración pública siempre será insuficiente así sean penas hasta de mil años; porque estamos ante sujetos que no les intimida la pena; por lo que tenemos que asegurarnos de enjuiciar a todos los que directa o indirectamente intervienen en estos hechos, incluyendo familiares, allegados, amigos y demás involucrados, y que a la vez se exija y cumpla con la reparación del daño social causado, con efectivos controles anticorrupción que puedan detectar los fondos desviados, sin dejar de mencionar, que respecto a la inhabilitación de funciones públicas, tomando en cuenta la gravedad de los hechos, debe ser perpetua. Afirmaba Lee Kuan Yew (q.e.p.d), quien fuera exprimer ministro durante más de 30 años en Singapur, que “si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”.

El crimen hay que atacarlo desde múltiples ámbitos, la ley es insuficiente: vía políticas públicas, educación y educación ciudadana y en derechos humanos, a nivel familiar, con transparencia y rendición de cuentas. Y en cuanto a la corrupción “solo es posible detenerla, por la vía moral, y esto implica que los gobiernos, si quieren tener una gestión óptima, deben educar en honradez a sus miembros, perfeccionando en valores políticos tanto a los funcionarios de alto nivel en los ámbitos ejecutivo, legislativo, judicial, a nivel nacional, estatal o local, sino también a las jerarquías medias y bajas para actuar como dique frente a las posibles pretensiones deshonestas de sus superiores” (Bautista, 2009).

Tenemos que encaminarnos hacia la construcción de una cultura ética en la administración pública y de una formación en valores en todos los niveles de la sociedad, y no con palabras, sino dando ejemplo con nuestro comportamiento, si queremos combatir la criminalidad.