Crecimiento irracional del Gobierno

¿Cuál es la escala correcta del Estado? ¿De qué tamaño deben ser sus instituciones? ¿Qué variables se toman en cuenta para crearlas o asignar recursos para su expansión? ¿No sería acaso razonable que se empleen como criterios determinantes básicos los mismos que aplicaría cualquier persona en relación con el emprendimiento y continuidad de una actividad productiva que crece, decrece o desaparece en la medida que el producto o servicio que ofrece satisface o no la demanda de los consumidores o destinatarios potenciales?

La respuesta, como es fácil anticipar, es no. El político no efectúa, como lo haría con su propia empresa, el necesario cálculo económico para determinar si resulta oportuno y eventualmente eficaz destinar millones de dólares del erario para la creación o expansión de la estructura burocrática del Gobierno. No tiene, en rigor a la verdad, incentivos para una conducta de racionalización en el gasto, pues tanto si reporta como si no reporta beneficio de cara a unos objetivos concretos o francamente abstractos ni pierde su salario ni pierde su empleo ni pierde nada. Lo que es de todos, no es de nadie y así quedan definidos en su conciencia los fondos públicos.

Y el Ministerio de la Mujer es el ejemplo más reciente de esto. La exposición de motivos de la ley que lo crea tiene un claro parangón con la promesa de un padre que, consiente de su estado de precariedad, honra la promesa que le hizo a su hija de pagarle la universidad privada en el extranjero, aunque los ingresos apenas le permitan enviarle a la pública.

Así, la síntesis de la justificación para un nuevo ministerio se ancla en que “la actual administración asumió el compromiso de crear el Ministerio de la Mujer, como meta prioritaria del Plan de Gobierno” y “… por las exigencias evidentes, tanto a nivel nacional como internacional, se hace necesario que el Instituto Nacional de la Mujer trascienda y sea elevado a ministerio”.

Recuérdese aquí que la Ley del Inamu le reconoció como “entidad autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria, financiera y técnica”, lo que, naturalmente, lleva a preguntarse por qué, distinguida con tales atributos, resultó “necesario” que se convirtiera en ministerio, con todo lo que ello implica, que no es solo que quien la dirija pase de ser directora a ministra, con el consecuente aumento de salario y privilegios, sino que ahora existan un viceministerio, direcciones nacionales (15) y provinciales, subdirecciones, jefaturas y oficinas operativas, técnicas y administrativas en cada nivel político-directivo, coordinador, asesor, fiscalizador, de apoyo y ejecutor con salarios al nivel de ministerio y no de entidad descentralizada.

Respetando la ideología feminista, cabe preguntarse si esas “exigencias evidentes” sobre las que guarda silencio la exposición de motivos de la Ley N.° 375 de 2023, estarían relacionadas con la ineficiencia estructural del Instituto Nacional de la Mujer, con todo lo contrario, o con la necesidad de más espacios para el libre nombramiento de funcionarios excesivamente remunerados.