Control social de la gestión pública

Los panameños necesitamos desarrollar nuestra capacidad para ejercer el efectivo control social de la gestión pública. Y no digo que desconfíe de las actuales autoridades, -aunque todavía no se han ganado mi confianza-, pero el desgobierno y los errores cometidos por varias de nuestras pasadas administraciones nos obliga a estar alertas, dejar de ser los convidados de piedra -marginados y sin voz en el manejo de la cosa pública- de siempre y ser parte activa, acompañante, vigilante y proponente del quehacer público.

En ese contexto, como ciudadanos, estamos obligados a participar en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, con el fin de promover la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. No debe bastarnos con la crónica amarilla o el comentario insolente en cualquiera de las redes sociales. Eso se olvida, y los responsables -como ha sucedido en el pasado- siguen disfrutando de la patente de corso que los ciudadanos les otorgamos con nuestra apatía.

Cobra especial relevancia en el complicadísimocontexto político, social, económico y estratégico que enfrenta nuestro país en la actualidad. Desde el interminable debate por el rescate pendiente del fondo de pensiones de la CSS; hasta la defensa de nuestra soberanía y neutralidad frente a las amenazas del coloso del norte; pasando por la acalorada polémica sobre abrir -en óptimas condiciones de salud pública y ambiental, legales y económicas- la mina de cobre. Y todo eso acompañado a la necesidad de equilibrar un presupuesto, proveniente de un modelo de desarrollo económico sostenible que promueva el crecimiento y garantice la paz social. Se dice fácil todo esto, pero nos toca participar y cerrar filas por Panamá. No podemos evadir la responsabilidad.

Dicho lo anterior, le dedico el resto de esta glosa a reflexionar sobre el significado y la importancia del control social de la gestión pública, y los mecanismos de los cuales disponemos para ejercer este derecho y deber.

Entonces, el Control Social de la Gestión Pública es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil supervisan, evalúan y exigen transparencia en las acciones del gobierno. Su objetivo es garantizar que la administración pública actúe de manera eficiente, ética y en beneficio del interés general. Se ejerce de manera individual o colectiva a través de diversas formas de participación ciudadana.

Por su parte, la gestión pública que debemos controlar es el conjunto de actividades que realizan las instituciones del Estado para cumplir con sus fines y prestar servicios a la sociedad. Involucra la toma de decisiones, la planificación, la ejecución y la evaluación de políticas públicas, programas y proyectos.

El control social es importante -de hecho vital- por lo menos por las siguientes seis razones: garantiza la transparencia, ya que permite a los ciudadanos conocer cómo se están utilizando los recursos públicos y tomar decisiones informadas; fomenta la rendición de cuentas, al exigir a los servidores públicos responder por sus acciones y decisiones, y asumir las consecuencias de sus errores u omisiones; mejora la eficiencia, al exhortar a las instituciones públicas a optimizar sus procesos y a utilizar los recursos de manera responsable; fortalece la participación ciudadana, al permitir a los ciudadanos involucrarse en los asuntos públicos y ejercer su derecho; previene la corrupción, al promover la transparencia y la rendición de cuentas, aumentando el control social y; fortalece la confianza ciudadana, en las instituciones públicas al percibir que existe un sistema de control y rendición de cuentas.

Especial relevancia tiene el ejercicio pleno de la rendición de cuentas. Veamos algunos mecanismos a través de los cuales se puede exigir la rendición de cuentas a los servidores públicos: mecanismos internos, implica que las propias instituciones públicas cuentan con órganos de control interno que supervisan la gestión de los funcionarios y pueden iniciar investigaciones y procesos disciplinarios en caso de irregularidades; mecanismos externos, por medio de los cuales los ciudadanos y otras instituciones pueden ejercer control externo sobre la gestión de los servidores públicos. Esto puede incluir por ejemplo: derecho de petición y acceso a la información, veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos, audiencias públicas, y acciones judiciales para exigir la rendición de cuentas a los servidores públicos y sancionar sus irregularidades.

En este sentido, vale subrayar que los medios de comunicación (prensa escrita y otros medios de comunicación independientes) juegan un papel fundamental en la rendición de cuentas al investigar y denunciar posibles irregularidades o abusos de poder por parte de los servidores públicos.

Es fundamental fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los servidores públicos cumplan con sus responsabilidades y actúen en beneficio de la sociedad. Esto requiere la participación activa de la ciudadanía, la vigilancia constante de los medios de comunicación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.