Control de la epidemia, vida sana y bienestar

Desde hace varias semanas, la presencia dominante de la variante ómicron del virus que causa la COVID-19 ha causado que se nos salga de las manos el control de la epidemia, lo cual nos coloca en una situación peligrosa, pues, junto con el aumento exponencial de los casos reportados diariamente, también están aumentando las hospitalizaciones y, lo que es peor, las defunciones.

Esta realidad nos deja claro que ómicron no es una variante benigna, si bien parece ser menos grave que la delta, sobre todo entre las personas vacunadas, es altamente transmisible y es sabido que se encamina a contagiar a la mitad de los habitantes del planeta en los próximos meses. Es claro entonces que, de ninguna manera podemos pensar que es un simple resfriado, confiarnos y bajar la guardia, pues, al igual que las variantes anteriores, ómicron está hospitalizando gente en todo el planeta, lo que resulta, como señaló recientemente la OMS, en muertes evitables no solo por COVID-19, sino también por otras enfermedades y lesiones en las que los pacientes no pueden recibir atención oportuna.

En este contexto, no es descabellado considerar la posibilidad de que podamos llegar a tener dos millones de casos activos y miles de hospitalizaciones para finales de febrero. Y no es una aseveración hecha a la ligera. Recordemos que, la variante ómicron ya es responsable de más del 90 % de los casos que reportamos diariamente; que presentamos un aumento exponencial de casos diarios y, lo peor, que cerca del 1 % de los casos activos terminan hospitalizados y ese porcentaje está aumentando.

Pero no es la hora de ponernos a llorar sobre la leche derramada. Todo lo contrario. Para enfrentar la amenaza que plantea la nueva variante, estamos obligados a desarrollar nuevas estrategias entre el sector público, los empresarios y la sociedad en general, para aumentar la cobertura de vacunación, incluyendo la aplicación de dosis de refuerzo y ahora las pediátricas; mantener el cumplimiento con los cuidados personales, en especial el uso de mascarilla en espacios cerrados, evitar aglomeraciones, el lavado frecuente de manos, y ahora, no menos importante; fortalecer la capacidad de resolución del sistema sanitario, desde el primer nivel de atención hasta atención hospitalaria y de cuidados intensivos, pues debemos estar preparados para la atención hospitalaria de quienes así lo requieran.

Pero también es la hora de proteger nuestros logros en salud, redoblando la energía, para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestándole especial atención a las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria que persisten, a pesar de los avances, en nuestro territorio. No será fácil, pues la emergencia derivada de la epidemia de COVID-19, nos obligará a destinar buena parte de nuestro quehacer en su control, pero es tarea obligatoria.

En ese contexto, deberemos asignar los recursos humanos y financieros suficientes para avanzar hacia una cobertura universal de salud para que todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a servicios de salud integrales y garantizados, a lo largo de toda su vida, con calidad y sin dificultades financieras. Y esta cobertura universal debe apoyarse en la estrategia de Atención Primaria de Salud, pasando de un modelo centrado en la curación de enfermos, a uno que proponga intervenciones de educación, promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades, con enfoque en todos los determinantes de la salud.

No menos importante será robustecer nuestra red de establecimientos y servicios de salud, interconectada y con la suficiente capacidad de resolución para responder con éxito a las necesidades de atención de las personas, desde el nivel local hasta el nacional. Para ello, deberemos formular y ejecutar un plan maestro de inversión conjunto Minsa y CSS, que permita avanzar hacia el fortalecimiento de las infraestructuras de salud y; la construcción, mantenimiento de diversos tipos de instalaciones, desde puestos de salud hasta hospitales, así como de ampliar (para incorporar nuevos servicios), mejorar, reparar y habilitar instalaciones ya existentes; con miras a mejorar el acceso a servicios de salud.

Tampoco podemos olvidarnos de la garantía de acceso equitativo a los medicamentos de calidad y a precios justos que necesita la población. Es un asunto pendiente y requerirá, por lo menos, de: mejorar el marco legal regulatorio; suplir aquellos renglones permanentemente desabastecidos; superar los problemas en la cadena logística de abastecimiento, definiendo claramente los procesos, sistemas de información y plataformas tecnológicas requeridas y; vencer los problemas con las farmacias estatales, especialmente lo relacionado con las restricciones en los horarios en la entrega de medicamentos.

Por fortuna, lo señalado arriba es precisamente lo demandado por la población y expresado como Acuerdo del Pacto Bicentenario. Le toca ahora al Ejecutivo darle el más elevado respaldo político, que permita el liderazgo solvente y fortalecido de nuestro sector salud, y favorezca el abordaje multisectorial, inclusivo, altamente participativo, para la producción social de salud a nivel de Gobierno y sociedad. Por nuestra parte, el gran reto que tenemos es participar y ejercer el control social de la gestión pública, para que se conviertan en las políticas y programas que necesitamos.