Contrato social

Con la caída de Constantinopla, la historia nos señala que se pone fin a la Edad Media y se da un paso significativo en el desarrollo de la humanidad, impulsado por un movimiento artístico y cultural que coincide con una mayor libertad en el pensamiento del ser humano y se abre el camino hacia la modernidad. El tronco de sustento de este movimiento lo fue el “humanismo”, marcado por una concepción filosófica de esa época, dominada por el individualismo, el interés por la naturaleza, la ciencia y el método científico basado en la observación. El momento estelar de este movimiento reformista se logra con el advenimiento de la ilustración, cuya característica principal fue colocar a la “razón” y el conocimiento como ejes del pensamiento humano.

Varios pensadores de la época, inspirados por John Locke, a quien muchos llaman el padre del liberalismo clásico, como lo fueron Rousseau, Voltaire, Hume, Kant y más recientemente, Heilbroner, dedicaron sus estudios al tema de la relación entre derechos y deberes que hoy se consideran como la base fundamental de los principios sobre el derecho político. Esta filosofía del pensamiento supone que los ciudadanos se ponen de acuerdo en una suerte de contrato social, mediante el cual aceptan la existencia de una autoridad que supervise la conformación de normas, leyes y principios morales que regulen el comportamiento de los ciudadanos en un Estado o sociedad.

En el Panamá de hoy, nuestra sociedad se debate sobre cuál debería ser el mejor camino para encontrar un amplio consenso, redefinir las reglas del juego, diseñar un nuevo contrato social y posteriormente, reformar nuestra Constitución. En ese orden de ideas, hay quienes se decantan por un proceso de constituyente paralela; otros, por uno originario y algunos grupos indican que lo que se requiere son reformas a la actual, cumpliendo eso sí, con lo que establece nuestra Carta Magna para reformarla.

Por otro lado, hay que destacar el esfuerzo del presidente Cortizo, quien ha impulsado un diálogo nacional denominado “Pacto del Bicentenario”, con una amplia participación de los diferentes sectores del acontecer nacional y donde se ha planteado la gran mayoría de los temas que son de interés y que le preocupan a nuestra ciudadanía.

Sin embargo, hay otro grupo de pensadores que nos advierte que reformar la Constitución actual, por cualquiera de los métodos que se elija, no necesariamente sería la panacea para resolver los grandes problemas que enfrenta la nación. La tesis es que los panameños podríamos diseñar la “mejor” constitución para gobernar el futuro del país, pero esta no, necesariamente, nos va a garantizar un porvenir maravilloso y un futuro resplandeciente de beneficios para todos los sectores que componen nuestra sociedad. Y eso es así, porque, como bien nos señaló alguien en alguna ocasión, “los panameños no somos suizos”. En pocas palabras, hay un tema cultural cuya raíz está en el ADN de nuestro ser nacional, que requiere una transformación profunda para garantizar el éxito de un proceso de esta magnitud.

Estamos claros en que hay temas fundamentales que revisar y que urge atender, con el objetivo de diseñar las políticas públicas correspondientes para tratar de enmendar o resolver la situación por la cual atraviesa el país. A manera de inventario, podemos señalar algunos a riesgo de quedarnos cortos. Hay ciertos temas que ya se encuentran en cuidados intensivos: la administración de justicia, la escogencia de los magistrados, cómo juzgarlos, cómo garantizar su independencia, cómo mejorar el desempeño y eficacia del Ministerio Público; el grave problema de la CSS, con más empleados administrativos de los que necesita, poco personal médico, pésima administración, sin medicamentos para atender a la población y a punto de quedarse sin los recursos necesarios para hacerle frente a las jubilaciones de los pensionados. La representatividad de la Asamblea Nacional, cómo escogemos a nuestros diputados, quién los debe juzgar. La Policía Nacional, con una oficialidad excesiva y tan grande como para comandar un ejército del tamaño del Brasil, con salarios exorbitantes y que muchos sentimos que no cumplen a cabalidad con sus funciones de “proteger y servir”.

Finalmente, qué tenemos que hacer para ponerle coto al tema de la corrupción rampante que nos carcome y que ya toca a todos los sectores de nuestra sociedad; la situación desesperante de muchos panameños que no tienen acceso a los servicios básicos de salud, educación, agua, transporte público y seguridad. La desigualdad que prevalece en nuestro país es vergonzosa. Un número escaso de ciudadanos maneja todos los hilos del poder político y económico con todos los beneficios que eso supone, en detrimento de las grandes mayorías. Y, a pesar de que es un tema harto conocido, no hacemos nada por resolverlo o lo que es peor, miramos hacia el otro lado, a sabiendas de que la mala distribución del ingreso nacional y la desigualdad resultante, constituyen la principal amenaza para nuestra forma de convivencia como la conocemos y agregaría yo, como la queremos.

En una sociedad compleja como la nuestra, donde cada sector vela por sus propios intereses, la tarea de encontrar el camino para la formulación de un nuevo contrato social no será fácil. Tenemos que aceptar que los únicos beneficiarios de un gran acuerdo nacional para plantear las reglas del juego hacia el 2050 somos todos los panameños. Hay que deponer intereses personales y colectivos para encontrar el mecanismo de inclusión que nos permita atender el clamor de las grandes mayorías. Ante el panorama actual y frente al deterioro de nuestras principales instituciones, debemos entender y aceptar que los retos serán inmensos y los sacrificios no menos grandes. Y, como bien dijo John Stuart Mill, “el hombre, debe actuar siempre, con el fin de producir el mayor grado de felicidad para el mayor número de personas, dentro del marco de lo razonable”. Y este debería ser el modelo filosófico y conceptual del camino a seguir en nuestra querida Panamá. No hay tiempo que perder, “al trabajo sin más dilación”.