El contrato minero, la AN y el futuro de la inversión extranjera

Luego de ser aprobado por el Consejo de Gabinete de la República de Panamá, el nuevo contrato firmado entre la empresa Minera Panamá y el Estado, ahora deberá ser llevado a la Asamblea Nacional. La primera pregunta que debemos hacernos sería, ¿qué está en juego para Panamá al momento de darse la discusión?

Nuestro país ha sido objeto de grandes inversiones en materia de electrificación, telecomunicaciones, ampliación de nuestro canal, tres de las cuatro más importantes, después de la mina Cobre Panamá, todo esto después de la invasión y en pleno nuevo período democrático del país.

Cuando se privatizaron las empresas eléctricas y de telecomunicaciones, ya Panamá tenía sus propias empresas, en el proceso se inyectaron cientos y miles de millones de dólares para que el país se modernizara y pudiese ser competitivo, dados los adelantos en las materias mencionadas y ante la incapacidad financiera de afrontar estos retos por parte de los Gobiernos panameños, pero repito, ya Panamá tenía al IRHE y al Intel, no partimos de cero en estos procesos.

Con el Canal de Panamá al emprender la ampliación, el propio nombre lo define, “ampliación” y es que el canal ya existía, ya era una realidad y tampoco se inició de cero. Una inversión de 10 mil millones de dólares no es algo que podamos subestimar ni despreciar, dadas las implicaciones y efectos que ha producido en la economía nacional con los impactos positivos que todos conocemos, principalmente en el producto interno bruto y la rueda de la economía, tanto del país como de las provincias y comunidades antaño olvidadas y omitidas de toda inversión y, en consecuencia, de progreso y desarrollo.

La única de estas magnas inversiones que comenzó de cero ha sido la mina de Cobre Panamá, en la cual se da una simbiosis entre los panameños y la empresa con hechos notables da impactos positivos en lo social, ambiental y, como ye hemos mencionado, en lo económico.

Los honorables diputados tienen una oportunidad histórica para demostrar que nuestros órganos del Estado funcionan y que lo hacen en virtud del bienestar de la mayoría de los panameños. Esta discusión no debe tomarse cual enfrentamiento entre tunas de carnaval, con gastados clichés ni agendas electorales mezquinas, se trata de una discusión seria y de análisis profundo, la cual inicia esencialmente y como requisito “sine qua non” con la lectura completa de todo el documento en discusión por parte de los diputados, es decir, el contrato.

Más de 40 mil trabajadores, dos mil empresas panameñas, cooperativas, transportistas y todo un país estarán pendientes de la seriedad que emane del comportamiento de cada diputado y Panamá entera estará esperando que ese comportamiento sea de altura, de análisis científico, en el cual los asesores en materia legal, técnica social y económica jugarán un papel fundamental al explicarle a sus asesorados las ventajas reales que encierra el aprobar este histórico contrato.

Sé que no faltarán los discursos de enclaves coloniales y otras fantasías que ya hemos desmentido claramente en otros artículos; aquí no hay gobernador ni policía ni correos ni bomberos ni escuelas ni universidades ni ejércitos ni bases de esos ejércitos foráneos, como sí los hubo en la antigua zona del canal y hemos dejado claro que solo Aeronáutica Civil tiene la potestad de controlar espacios aéreos y nunca la empresa.

Las instituciones panameñas como MiAmbiente, Mitradel y el MICI tendrán sus oficinas dentro del área del proyecto, cabe resaltar que ya aduanas, AMP y otras entidades tienen presencia dentro del proyecto para inspeccionar y garantizar que se cumpla con la gestión de la prevención, los procesos y las leyes al amparo de la Constitución Nacional, en un solo territorio y una sola bandera, la de Panamá.

Además, el mundo nos mira y futuras inversiones importantes y vitales para el futuro de todos se garantizarán con la aprobación del contrato.

“ACTA NON VERBA”.