Con paso firme

Es el lema del presidente Mulino, y con ese paso ha culminado, no libre de tropiezos ni con la mejor ley, el debate sobre la Caja de Seguro Social, un hito impostergable del Estado, que dará paz y seguridad por mucho tiempo a los pensionados, asegurará mejor servicio y fortalecerá las financias públicas.

Pasada esa página, el tema que viene es la mina. Desde mi perspectiva general, lo correcto es que la mina se reactive y con los mejores estándares de legalidad y seguridad ambiental, sirva para apoyar las finanzas del Estado, el comercio y la empleomanía del país.

Ese objetivo se enfrenta primero a la sentencia de inconstitucionalidad del contrato de concesión y segundo a la ley de moratoria. Con esos límites surge la interrogante de cómo activar el proyecto sin que se constituya una ilegalidad.

Varias personas han sugerido que sea el Estado que por sí explote la mina, sin embargo, eso choca con varias realidades, la primera: si no resolvemos el conflicto con FQM, quedamos expuestos a varias demandas, que, aunque lleguemos a ganarlas (lo que es debatible e inseguro) nos costará muchos millones de dólares. Segunda, que los cientos de millones de dólares en equipo y maquinaria que hay en el proyecto le pertenece a FQM y cualquier nuevo operador, sea el Estado o un socio administrador, tendría que adquirir. Y la tercera, que el país no tiene ni la experiencia en la operación del negocio, ni los vínculos comerciales necesarios para la producción del producto final y su comercialización, que sí tiene FQM.

Una salida, creo que la más accesible y rápida podría ser reactivar la inoperante, pero jurídicamente vigente Corporación de Desarrollo Minero de Cerro Colorado, institución en cuyo estatuto está la capacidad de desarrollar proyectos mineros en el país. Evidentemente, esa restructuración de Codemin debe incluir darle una dirección seria y confiable, que permita la participación de los sectores ambiental, empresarial y popular, y que garantice los más altos estándares de protección ambiental y rendimiento económico para el Estado.

Este modelo de negocio debe incluir a FQM, que puede entrar como administrador del proyecto, poniendo su equipo, su experticia y sus contactos comerciales, obviamente por una utilidad justa. Y hay justificación para obviar la contratación pública

Con esta fórmula no se viola en texto ni el espíritu de la sentencia, ni la ley de moratoria ni la ley de contrataciones públicas, tres elementos fundamentales del fallo de inconstitucionalidad.

Regresando a la agenda de gobierno, el otro tema fundamental que exige paso firme y pronto (poniendo aparte la relación con el gobierno del presidente Trump) es la modernización del Estado. En varias ocasiones, el presidente ha hablado de la pesada carga de la burocracia estatal que alimenta la corrupción.

Nunca habrá el incremento en la inversión privada que asegure los puestos de trabajo que la población necesita, ni las recaudaciones tributarias que el gobierno requiere, ni el flujo de dinero que reactive la economía, mientras la inversión privada tenga que seguir atravesando el pantano de una burocracia incompetente, ineficiente, abusiva y corrupta.

El presidente informó sobre la creación de una secretaría de desburocratización, y puso al frente al doctor Miguel Antonio Bernal; sin embargo, este funcionario ha enfocado todo su esfuerzo en el proceso constituyente que, si bien es necesario, es distinto al objetivo de hacer más eficiente, transparente y honesta la administración pública.

Sin demeritar el esfuerzo del doctor Bernal, creo que está repitiendo los ejercicios hechos en la administración Martinelli con la comisión de notables y la concertación, lo hecho por Varela en su momento y la famosa consulta del bicentenario de Cortizo, todos ejercicios fútiles por dos razones fundamentales. Uno, la ausencia de compromiso real de esos gobiernos con el proyecto, y dos, la dinámica de la consulta ciudadana de una dinámica populista y no política, como debe ser el acuerdo para un nuevo pacto social.

Siempre he dicho que es distinto lo que el pueblo quiere de lo que el pueblo necesita, y son los líderes, los que el doctor Quintero llamaba “los factores reales de poder” y no un cabildo, quienes están llamados a definir lo que el pueblo necesita, y como el gobierno, haciendo los sacrificios políticos que la trascendencia del tema amerita, debe desarrollar, con ese marco jurídico, las políticas económicas y sociales que aseguren el progreso y el bienestar colectivo, entendiendo que no es posible acceder a las aspiraciones o pretensiones personales de todos.

Pronto se cumplirá el primer año de mandato, desde ese momento quedarán dos años más para ejecutar los cambios estructurales que la nación necesita, después vendrá la política y con ella llegará todo lo malo del actual sistema corrompido o todo lo bueno de un nuevo acuerdo nacional, y llegar a ese punto depende exclusivamente del liderazgo del presidente Mulino.