Cofradía abogadil en contubernios políticos y ceguera judicial

Cuando vemos que la impunidad se sobrepone, mancillando la dignidad de un pueblo a merced de artífices políticos y abogados inescrupulosos, nos queda aprestamos a revisar y recopilar datos de los casos y eventos de orden investigativo y judicial a partir del inicio a dos décadas del siglo XXI y solo llegamos a la conclusión de que ya parece que no damos para más; hacia donde nos conducirá el rumbo de la nave del Estado, percibimos una ruta sin retorno aparente y hacia un encalle final.

Cuando un pueblo se colma a razón de, ¿en manos de quién estamos?, después de tantos actos de irreverencia patriótica, cuantas argucias solapadas en comparsas de promotores de corrupción, entramados financieros, “mamotretos” jurídicos, banqueros sentados detrás de la cortina de dólares mal habidos, gestores, inductores, armadores de viles atracos a la cosa pública a partir de estratagemas con pancartas de proyectos sobrevalorados con estructuras de juez y parte, con garantías y fianzas que hacen expedito el desbanque al tesoro nacional; entre los peores latrocinios tenemos Odebrecht, “New Business” o “Blue Apple”.

Ahora, nos preguntamos ¿quiénes son los investigadores públicos, fiscales, jueces, magistrados, defensores de oficio y litigantes?, ninguno es médico, obrero, contador, ingeniero, maestro, enfermera, no señores, todos son abogados de profesión. ¿Cuántos de la enorme población de estos profesionales, licenciados, doctores, “magisters” son parte de la responsabilidad de nuestro destino maltrecho por la relajada e impropia aplicación de la justicia en Panamá?

No somos simplemente un país con visos de Estado fallido, somos un país con la oportunidad aún y la única esperanza de que los buenos y honorables juristas nos saquen de las garras de los malos e impunes colegas abogados.

Le hemos propuesto, sin intereses creados, al señor presidente de la República que dentro de sus facultades, además de depositario de nuestra confianza, tiene la oportunidad de promover dos detalles sumamente necesarios e importantes, solicitar el apoyo de dos connotados colegiados, el primero conformado por invitados notables juristas panameños con impecable trayectoria profesional y calidad humana; en segundo lugar la invitación a una Comisión Jurídica de las Naciones Unidas e instruirles una auditoría forense al más alto nivel de lo actuado o no por nuestra Corte Suprema de Justicia, dentro de la ética, la moral, las leyes y sobre todo en apego a la Constitución de la República y que surjan las recomendaciones y soluciones que enmienden de una vez y por todas las transgresiones a la conducta incólume que debe prevalecer con institucionalidad y prestigio requerido por este órgano del Estado.

Reiteramos también la solicitud de auspiciar la creación de una academia de nivel universitario que forme, después de titularse como abogados, a futuros jueces y fiscales para que puedan optar a las posiciones dentro del Ministerio Público y el Órgano judicial y realizar la consiguiente carrera judicial y administrativa. Ya basta de un sistema judicial improvisado y recomendados desde una perspectiva política y de intereses creados.

La esperanza inútil en los políticos enquistados en el engranaje gubernamental, haciendo uso del poder aldeano de engaño y atropello a las mayorías que cada día es tendiente a crecer y sumar más vulnerabilidad y desasosiego; los nuevos aspirantes a ocupar sitial desde el más encumbrado solio presidencial hasta honorables representantes de corregimiento, como pregona un amigo de fibra nacionalista y derecho en su proceder, estarán dispuestos a firmar un documento público y notariado de compromiso de sus propias promesas de campaña sin temor a sucumbir ante acuerdos de recámara que la obtención de poder les llevaría.