El Código Agrario

A la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, en enero del 2011, le corresponderá la discusión del proyecto de ley que crea un nuevo Código Agrario en Panamá. Tal gestión se adelanta interesante y es que el objeto del derecho agrario principalmente es la actividad agraria de producción, sin ella no existiría industria ni mercados de productos agrarios, olvidarse de ello y orientarse exclusivamente hacia el mercado sería un error.

Debemos incluir en el debate la cuestión de la propiedad, la creación y fortalecimiento de empresas agrarias, mecanismos de contratación agraria, disposiciones especiales para las actividades de crías de animales y cultivo de vegetales, sin olvidar los adelantos biotecnológicos que deben crear normas jurídicas para regular el uso de organismos genéticamente modificados.

El crédito agrario no debe pasar desapercibido, al igual que lo referente a las cooperativas agrarias y la función social y ambiental de la propiedad agraria.

Tampoco debemos obviar la existencia de grandes empresas multinacionales que imponen sus reglas mercantilistas, sin respetar normas sociales y laborales agrarias, como efecto directo de la globalización; y que causa la desaparición de pequeños y medianos productores tradicionales, como consecuencia de la ausencia de una política estructural y de mercados para hacerlos competitivos en el mercado global.

Y es que la globalización, como expresión inglesa de la mundialización, representa una segunda etapa, más avanzada de ésta: la entrada en escena de todos los recursos mundiales de producción y de información, que inundan el espacio terrestre donde el mercado se impone como referencia universal. Basado en la libre competencia disminuyendo el papel del Estado y por ende de sus instituciones jurídicas.

Por lo tanto, consideramos oportuno y atinente recomendar que la discusión del nuevo Código Agrario debe tratar los mercados, el ambiente, el desarrollo sostenible y desde luego la justicia.

El reto es grande y es que el Derecho Agrario mantiene conexión con la equidad, la paz y la justicia social, pues, es uno de los instrumentos más importantes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

Por lo que la labor de los diputados debe buscar que la norma se adapte a los fenómenos del mundo actual, pero a su vez que genere respuestas jurídicas que acompañen las aspiraciones no solo de los que vivimos en el interior, sino también a los capitalinos; tomando en cuenta que el problema de la seguridad alimentaria, explicado por la FAO en recientes informes, reclama una preparación seria, competente y solidaria.

*DOCENTE UNIVERSITARIO.