Bienestar animal, hospital de mascotas y política criminal

En las pasadas elecciones, dentro de las promesas electorales, el presidente electo, José Raúl Mulino, propuso la construcción de un hospital veterinario, propuesta de naturaleza social, a fin de afrontar requerimientos para el adecuado tratamiento de las mascotas de los panameños.

En la actualidad existe una preocupación por la atención adecuada a animales domésticos cosa que se hace eco las redes sociales por la extraña monos o leones pequeños como mascota o de números casos de mala praxis, sea por veterinarios o personas carentes de requerimiento de idoneidad del ministerio de Salud atendiendo a estos, también por las dificultades de asumir los gastos veterinarios por rescatistas, a lo que se suma, desde otra perspectiva, el número de animales abandonados en las calles.

Gran ayuda es el Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal de la Universidad de Panamá, referencia de atención en materia de bienestar animal, pues cuenta con secciones de diagnóstico por imágenes, servicio clínico, quirófanos, laboratorio clínico y de personal veterinario eficiente y responsable dispuesto a cumplir con las exigencias profesionales que nacen de una adecuada atención al bienestar general de las mascotas, y que además que en ella se forman en sus prácticas alumnos de veterinaria, hospital que con mejor presupuesto pudiera extender su atención comunitaria a muchos más animales.

Por tanto, la creación de un hospital de mascotas se convierte en una esperanza para una sociedad que requiere un centro médico para animales domésticos que brinde los cuidados de salud especializada, no solo para lesiones leves, sino también para los cuidados necesarios cuando estos requieren hospitalización ya sea por intervenciones quirúrgicas, u otros tratamientos que requieran. El hospital debe aliarse con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a fin tener espacio para establecer el requerido personal criminalístico con perfil veterinario a fin de servir de auxiliar a investigaciones relativas a la persecución de delitos y maltrato a animales domésticos que, según estadísticas del ministerio Público ocupan el 40% de las denuncias de delitos ambientales en el país.

Pero este tema no solo se resuelve con la creación del hospital, sino que hay que considerar una reforma efectiva e integral a la Ley 70 de protección de animales domésticos de 2012, su posible reglamentación en la esfera administrativa o sino su derogatoria en favor de una nueva ley siguiendo el modelo implementado en España con la Ley de “Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales”, cosa que implicaría también crear albergues para animales abandonados.

Desde la perspectiva de la criminología verde, se debe valorar que la protección de los animales domésticos no es solo tema de crear delitos o de aumentar la pena a delitos existentes, sino más bien crear condiciones en la sociedad para que todos pongamos de nuestra parte en la protección de estos, aunque en algunos países ante el desmedido abandono de animales la respuesta penal ha sido la inclusión del delito de abandono de animales como un delito leve con penas hasta de un año, situación a la cual nuestro país en este último caso tampoco es ajena.

Dentro de esa reforma legislativa que proponemos, algunos temas a considerar por ejemplo, la prohibición de mutilaciones o modificaciones cosméticas a mascotas, limitar la cría comercial y la comercialización de especies sin los controles médicos, la implementación de seguros de responsabilidad civil y la implementación municipal de planes de captura, esterilización y retorno; limitar con mayor claridad que animales cuentan como mascota, vgr, limitar hasta un peso específico la tenencia de mamíferos y reptiles o la prohibición de la tenencia de animales venenosos o de vida silvestre.

En definitiva, las autoridades locales deben incidir de manera efectiva en la protección de los animales en Panamá. La supervisión efectiva, sea de la policía ambiental o de la justicia comunitaria de paz pueden ser ese primer freno a maltratos que requieran de albergues o una denuncia por maltrato en el ministerio Público, nunca olvidando la necesidad de educar en materia de derechos y obligaciones con respecto a nuestras mascotas.