La auditoría a Manzanillo

La decisión del contralor general, Gerardo Solís, de realizar una “auditoría de cumplimiento a las obligaciones contraídas” por la empresa que administra el puerto Manzanillo, en Coco Solo, demuestra que la principal institución fiscalizadora del Estado está empeñada en revisar todas las concesiones portuarias y garantizar, así, los mejores beneficios económicos para el Estado.

La Contraloría General de la República (CGR) ha auditado desde febrero a las empresas concesionarias Panama Ports Company (PPC), administradora de los puertos de Balboa y Cristóbal, y Panama Canal Colon Ports (PCCP), operadora de un puerto en Colón. “La primera cumplió y la segunda incumplió con sus obligaciones”, dijo la CGR, por lo que inició un proceso para cancelar el contrato a PCCP por incumplimiento.

El contralor Solís anunció que notificó al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y a la gerencia general de Manzanillo sobre los pormenores de la auditoría sobre las cuentas, contratos y adendas de la empresa, a fin de que brinden toda la colaboración que sus funcionarios requieran. El contrato entre la sociedad Motores Internacionales, S. A., que administra Manzanillo, fue suscrito en 1993 con el Estado.

Recientemente el exfiscal, Neftalí Jaén, había demandado a la CGR realizar un audito a los contratos de Manzanillo y PSA Rodman, y certificar si esas concesionarias han cumplido en forma sustancial los términos acordados con el Estado.

La solicitud de auditoría se sustentó en los numerales 4 y 5 del Artículo 280 de la Constitución Política y en la Ley Orgánica de la CGR de 1984. Ese articulado faculta plenamente al contralor Solís para proceder con lo solicitado y hacer de conocimiento público los resultados para saber si las empresas cumplen, o no, con lo pactado en las concesiones.

Jaén, un abogado experto en temas constitucionales, dijo que los noticieros y los periódicos deberían investigar cuántas hectáreas de terrenos se le han concedido a Manzanillo y si le pagan algo al Estado. Hay puertos a los que se les renovó el contrato y se desconocen los beneficios para el Estado. “Pero de eso no se habla”, añadió el exfiscal.

Paralelo con la auditoría a Manzanillo, Jaén demandó a la AMP dejar sin efecto el contrato suscrito con PSA Rodman, porque no ha cumplido con la Cláusula Decimotercera del Contrato Ley No. 2 de febrero del 2015. En medio de esa solicitud, Noriel Arauz, ministro en Asuntos Marítimos y administrador de la AMP, reveló que, según la citada cláusula, PSA Rodman debía invertir a partir del 2018, en un plazo de tres años, $1.5 millones en proyectos de desarrollo social y comunitario en Arraiján y Veracruz.

De acuerdo con el informe de la AMP, ninguna de esas inversiones se ha realizado. Solo ese incumplimiento de una de las cláusulas del contrato con el Estado es suficiente razón para que la CGR realice un audito pormenorizado de lo actuado por PSA Rodman, a fin de comprobar donde está incumpliendo con los términos del contrato. Según la Cláusula Séptima del contrato, la empresa y el Estado convinieron en que su vigencia depende de que PSA Rodman “haya dado cumplimiento a todas sus obligaciones conforme al mismo”.

Durante el desarrollo, el pasado 23 de junio, de la reunión de la Junta Directiva de la AMP, en la que se aprobó en forma unánime la prórroga automática de la concesión a la empresa PPC, el contralor Solís advirtió sobre “poderes económicos” que buscan sacar del medio al operador de los puertos de Balboa y Cristóbal. La trama es tratar de impedir que PPC opere sus puertos, que se detenga su actividad comercial y se convoque a una nueva licitación. “Un proceso en donde supuestamente el Estado ganaría más”, dijo el contralor Solís, pero reconoció que “son los competidores los que sacarían mayor beneficio, no el Estado panameño”.

Curiosamente, en ese análisis, coincidió recientemente Frenadeso. “Existen otros puertos a los que se les ha extendido el contrato y ni siquiera el pueblo conoce los supuestos beneficios para la nación ni las condiciones. De ellos los medios no hablan. ¿Por qué? Por los intereses detrás de esos puertos”, dijo el documento de esa organización.

Ahora es el turno de la CGR de establecer el grado de cumplimiento de los términos del contrato suscrito entre Manzanillo y el Estado y, sus inversiones reales, los verdaderos aportes y beneficios que obtiene Panamá con esa concesión. Ya vendrá el turno de PSA Rodman.