Otro atentado al patrimonio y cultura de Colón

En anteriores publicaciones, ya advertíamos que, en Colón, nada ha sido más letal para su patrimonio histórico y cultural que la conciencia voluntariamente ciega de sus autoridades. De hecho, la demencia destructora de los politiqueros del patio asesta una nueva estocada al patrimonio histórico con subsecuentes perjuicios al patrimonio documental de los colonenses.

El custodio, desde casi inicios de la República, del acervo bibliográfico de Colón –Biblioteca Mateo Iturralde– es la nueva víctima en este proyecto de ostracismo que viene caminando en nuestra provincia, con intenciones de desterrar la cultura, el conocimiento y la investigación. De este modo, se ha venido desmovilizando, borrando lo que es parte de la historia, deformando la memoria colectiva e incapacitando la mentalidad del ser colonense.

Frente a estas pretensiones de desmovilización de la única biblioteca pública que tenemos, la preocupación ciudadana y académica conlleva a integrar el Comité Pro Rescate de la Biblioteca Mateo Iturralde. Los historiadores no somos dueños de la verdad absoluta, pero, siendo parte de este comité, buscamos acercarnos a la realidad. A propósito, constatarla nos permite poder explicarla, aun cuando algunas cosas parecen no tener explicación.

Lo más inverosímil es que el edificio que alberga la biblioteca hace parte del patrimonio histórico edificado de la nación. Sin embargo, sus espacios interiores parecen haber sido objeto de una algarabía mercantil, pues fueron acaparados por personas y actividades ajenas a su funcionalidad de custodio del acervo bibliográfico. ¿Quién autorizó tan aberrante acción?

En las entrañas de este bien patrimonial funcionan una escuela de modelaje, un comedor infantil, un negocio de decoración de eventos y hasta una iglesia evangélica. Además, hay un espacio destinado a tutorías escolares, abogados y un fotógrafo también tienen sus espacios individualizados, mientras, la colección bibliohemerográfica ha sido relegada al deterioro en bolsas y cajetas. ¿Será esta la nueva modalidad para evadir impuestos?

La situación se torna más preocupante cuando observamos que el mismo diputado que, hace aproximadamente un año, se propuso a golpe de máquinas demoler edificios emblemáticos que eran parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Colón, también tiene dos espacios reservados, uno para su equipo de trabajo y otro con puerta blindada, cuya utilidad desconocemos.

No sabría decir si estas personas tienen conciencia del crimen o tenor del delito contra el patrimonio histórico en que han incurrido. De hecho, los bienes patrimoniales tienen su legislación y existen parámetros muy rigurosos para intervenirlos. Por tanto, con el simple hecho de cambiar el marco de una puerta o la misma puerta, ya se está frente a una intervención inadecuada del mismo.

El mismo Código Penal, en el Capítulo VII, Delitos contra el Patrimonio Histórico de la Nación, Artículo 232 establece: Quien destruya, posea, dañe o, sin autorización de autoridad competente, explote o remueva sitio u objeto arqueológico, documento, monumento o bienes que formen parte del patrimonio histórico de la Nación será sancionado con prisión de cinco a siete años. Definitivamente, que se está frente a un acto delictivo punible.

La propia ministra de Cultura pudo constatar, en un recorrido por las instalaciones de la Biblioteca Mateo Iturralde, la situación expuesta. Meduca, como administrador del bien, se muestra inmóvil. Para solventar la situación, Mi Cultura ha propuesto acciones y programas de verano que reactiven la funcionalidad de la biblioteca y su posterior traslado al Centro Cultural Abel Bravo, una vez sea finiquitada la obra.

En suma, lo lamentable de todo esto, es que estas autoridades han esquivado la postura de desalojo del bien patrimonial, con gran tacto se mueven en un juego y rejuego político, para no afectarse entre copartidario.