Ante todo transparencia y entendimientos

El discurso colmó las expectativas. En su mensaje que, para bien, dejó a un lado las frases y poses oratorias de las que con frecuencia se usa y abusa, el presidente Mulino optó, con términos sencillos y directos, por “comunicarse con el pueblo”. Sonó sincero en su compromiso de gobernar con la verdad por delante.

Su repaso de todos los problemas que enfrentará el gobierno que le toca presidir fue completo. No en todos los casos ofreció detalles específicos de las medidas con las que piensa enfrentarlos. Ejemplos fueron la crisis de la Caja de Seguro Social que, como paso previo necesita de acopiar “información actualizada y verificada”, de la que no se dispone o el “problema de la mina”, que condicionó a los resultados de la “auditoría internacional” que se contratará, pero que enfatizó que no pagará Panamá.

En varios de los temas fue muy específico y anunció medidas que fueron recibidas con sonoras expresiones de aprobación. Ejemplos: su promesa de devolver el Ifarhu a la senda de la transparencia, para que cumpla, con probidad y eficiencia su función en beneficio de quienes por méritos académicos, pero que, por su condición económica, deben ser asistidos para estudiar con recursos públicos; y, también, su promesa de austeridad y eficacia en el gasto público que, deberá comenzar a reflejarse en la ejecución del segundo semestre del Presupuesto 2024 y en el proyecto del 2025, por lo menos en dos áreas específicas: la disminución del costo de la Asamblea Nacional y la sustitución del gasto político por el gasto social, que debiera materializarse en la drástica reducción de los desorbitados subsidios electorales.

La situación financiera que hereda la nueva administración, tal y como la describió el presidente Mulino, es crítica en grado extremo. En tales circunstancias, la reducción de los gastos es un imperativo, pero quienes menos deben sufrir las consecuencias son los sectores marginados que, precisamente por su marginalidad, no pueden ser los sacrificados. Eso lo dejó en claro y a eso se comprometió. Y en ese empeño debe ser apoyado, sin reticencias egoístas por quienes pueden y deben hacerlo. Pero vencer su resistencia no será fácil.

Los poderes públicos, básicamente, son tres y, debieran actuar separadamente, pero en “armónica colaboración”, según el mandato constitucional. Pero en la práctica política que hemos vivido, con marcada frecuencia, antes que la separación ha primado la subordinación del Órgano Legislativo al Ejecutivo y, también, la de este a aquel, con resultados desastrosos.

El nuevo curso político que apenas se inicia apunta diferente al que acaba de concluir. La heterogénea composición del Órgano Legislativo debiera servir para institucionalizar los consensos constructivos; sin embargo, las primeras muestras, medidas por “los arreglos” que culminaron con la elección de las nuevas autorizades legislativas no trasmiten ni alientan optimismo de que puedan corregirse los usuales patrones que repudió el electorado, cuando votó en contra de los intentos reeleccionistas de la mayoría de sus miembros.

Hasta qué punto podrán llegar a concretarse las promesas presidenciales de, por ejemplo, racionalizar el gasto público para priorizar el gasto social y disminuir el gasto político, enraizado en el pernicioso clientelismo, la primera prueba, con seguridad, la tendremos cuando se elabore el proyecto del Presupuesto para el año 2025. Si este, como imponen las precarias condiciones de las finanzas públicas, se confecciona bajo estrictos criterios de austeridad, ¿lo aceptará la Asamblea o, como ha venido ocurriendo, en los años recientes, esta tratará de seguir imponiendo sus apetencias clientelistas, obligando al Ejecutivo a reformularlo o a someterse a la dictadura entronizada en la todopoderosa Comisión de Presupuesto?

Para evitar que se repita ese contradictorio, recomendable sería que se rescatara el sentido y alcance de la norma constitucional y que para el próximo presupuesto se cumpla estrictamente con su artículo 269, creado específicamente para evitar la duplicación de las “vistas presupuestarias”. Estas solo deben tener lugar en el ministerio de Economía y si en ellas participa, como está estipulado y como es su deber, la Comisión de Presupuesto, se evitaría el circo institucionalizado desde hace varios años, en el que hasta los propios ministros y directores de las entidades descentralizadas “apelan” a la susodicha comisión para que les restituyan las aspiraciones que no se les incluyeron en el proyecto enviado por al Órgano Ejecutivo a la Asamblea.

El rescate de la economía, prometido por el nuevo presidente, debe comenzar por el ordenamiento de las finanzas públicas, reflejado en un presupuesto general de rentas y gastos, realista y coherente, producto del acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Retrasarlo o entorpecerlo sería presagio de inestabilidad social con consecuencias irreparables. Mulino ha prometido transparencia y entendimientos; la Asamblea debe hacer lo mismo.