Actas de la prórroga del contrato a PPC

Fue por lana y salió trasquilado. Esa fue la experiencia de Ricardo Lombana, quien trató de montar un “show mediático y politiquero” con su reclamo de las actas de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que recogen las reuniones mediante las cuales se aprobó la prórroga automática del contrato de concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC).

Lombana quedó al descubierto como “instrumento de otros grupos económicos con intereses en la actividad portuaria”, según un documento de Frenadeso que circuló en las redes sociales, titulado: “Sobre los puertos, lo que no dirán en la TV”.

“Los medios de comunicación se alinean en función de los poderosos intereses de grupos económicos, los cuales están representados en las cúpulas de los partidos tradicionales y de proyectos seudoindependientes (como el de Lombana), cuyas caras visibles son sus asiduos invitados. Esto se llama mafia”, opinó Frenadeso.

Las referidas actas demostraron la forma transparente como se gestionó la prórroga automática del contrato de PPC, de acuerdo con lo que establece la Ley. También evidenciaron que, en la primera fase del contrato por 50 años, suscrito entre el Estado y PPC, gracias a las inversiones realizadas por la concesionaria, Panamá adquirió un mayor valor.

La prórroga del contrato “es ganancia para Panamá”, porque se ha “incrementado el valor del 10 % de Panamá”, afirmó el contralor Gerardo Solís, según lo recogido en el acta del 23 de junio de la Junta Directiva de la AMP. En la sesión anterior, del 31 de mayo, el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, reconoció que PPC “ha contribuido a potenciar la industria logística en Panamá, con un impacto económico para el país más allá de los ingresos recibidos por el Estado”.

Resaltó, de acuerdo con esa acta, que la posición del Estado como accionista participativo del 10 % de la concesionaria PPC no ha desmejorado, por el contrario, “ha incrementado su valor en el tiempo, producto del valor en libros y el patrimonio que tiene la empresa en este momento”.

En virtud del acuerdo, PPC entregó al Estado $165 millones, correspondientes a: $83 millones por el 10 % de las utilidades retenidas; $27 millones adicionales, que la concesionaria pagó “como socio” al Estado; $35 millones como dividendos adelantados durante el actual quinquenio gubernamental; y, $20 millones en apoyo a la campaña educativa oficial “Internet para Todos”.

Según la Junta Directiva de la AMP, el acuerdo alcanzado con PPC genera una mayor rentabilidad del contrato y establece una revisión periódica de las tarifas de carga. El Estado recibirá un mínimo de $7 millones anuales en dividendos, más $24 millones anuales por movimiento de contenedores y muellaje. La proyección es $32 millones anuales, unos $816 millones en 25 años, lo que prácticamente duplicará los $445 millones recibidos en el primer periodo de concesión.

En total, hubo tres reuniones para llegar al acuerdo mediante el cual la Junta Directiva de la AMP aprobó la prórroga automática de la concesión para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Las actas, del 21 y 31 de mayo y las del 23 de junio, reflejan una abierta discusión entre los directivos de la AMP, quienes centraron su decisión en el cumplimiento por parte de PPC de los términos del contrato y en la reputación del país por la seguridad jurídica para la inversión privada positiva que contribuye a la reactivación económica.

“La Contraloría ha hecho un audito extenso de este contrato y es un ente auditor y certificador”, dijo el directivo Juan Diego Reyna, para quien el resultado de esa auditoría fue “exacto y bueno”. “La renovación nunca estuvo condicionada a una negociación, porque el contrato simplemente así lo exige”, añadió Reyna.

“El tema de la seguridad jurídica preocupa enormemente, porque si nosotros estamos interesados en promover o atraer o mantener la inversión extranjera directa, demostrando seguridad jurídica precisamente es una de las vías”, dijo Julio De La Lastra, directivo de la AMP y actual presidente del Conep.

Almengor, de acuerdo con las actas, insistió en que, como Estado, Panamá “tiene que mostrar que hay una seguridad jurídica en el país”.

El presidente de la Junta Directiva de la AMP, Carlos García Molino, viceministro de la Presidencia, indicó que “nos corresponde aquí dar la autorización al señor administrador para que certifique mediante un memorial a la compañía PPC que ella ha cumplido con la cláusula del referido Contrato Ley, y que se mantiene vigente el Contrato”. La prórroga automática fue aprobada en forma unánime.