¿Reabrir la mina? seis condiciones para su reactivación

Con una de las reservas de cobre más grandes del mundo y la mina de Donoso, cerrada, pero habilitada para una operación regular, Panamá se encuentra frente a una encrucijada histórica: Rentabilizar el mineral de cobre y otros minerales en su subsuelo, o suspender permanentemente las operaciones de extracción, desestimando su potencial de desarrollo socioeconómico para la región de la mina y el país.

El potencial de negocios de la mina es considerable y está sustentado en el crecimiento sostenido de la demanda y precios del cobre, un mineral esencial en la transición energética hacia fuentes limpias. El tamaño de la mina es enorme y tiene la capacidad para abastecer el 1% de la demanda mundial de cobre. Con un aporte estimado por Indesa del 4,8 % al PIB nacional, la mina se ubicaría como el segundo negocio más importante de Panamá después del Canal (7,7 % del PIB, BID Invest). Además, su operación permitiría formar un conglomerado de actividades complementarias, impulsando el desarrollo integral de la región.

Sin embargo, la minería también conlleva ingentes desafíos. Los costos ambientales incluyen la contaminación del agua, el aire y la tierra, afectando la biodiversidad y la salud de las comunidades cercanas. Además, la operación genera costos sociales, ya que estas comunidades enfrentan desplazamientos, disminución de calidad de vida, aumento de enfermedades y pérdida de acceso al agua para el consumo humano, animal y cultivos. Aunque los beneficios económicos de la explotación trascienden la región, los costos de la contaminación y los costos sociales recaen directamente sobre las poblaciones locales, extendiéndose eventualmente a otras áreas a través de ríos, aguas subterráneas, aire y mar.

Dada esta compleja situación, se proponen seis condiciones indispensables para la reactivación de la mina en Donoso:

1. Reducir el tamaño de la mina a la mitad: Disminuir el alcance de la operación mitigaría considerablemente los daños ambientales y garantizaría la preservación del agua en la cuenca de Coclé del Norte, una posible fuente futura para el Canal y el consumo de agua potable de las comunidades servidas hasta finales del siglo. Esta medida permite aprovechar los innegables beneficios económicos de la mina, pero de manera limitada y prudente.

2. Garantizar una minería “verde”: Se propone exigir que la explotación sea un referente internacional de la minería verde. Para ello, es crucial aplicar tecnologías avanzadas, energía limpia y normas internacionales, como las normas ambientales, sociales y de gobernanza (normas ESG), para minimizar los impactos ambientales y sociales. Esto incluye los procesos de restauración de áreas explotadas (saneamiento, reforestación, etc.) y mejores prácticas que aseguren la sostenibilidad a largo plazo. Estas medidas no pueden dejarse al criterio de la empresa, requiriendo auditorías nacionales e internacionales y supervisión gubernamental. Para esto, es indispensable un gobierno fuerte, comprometido con los intereses de Panamá.

3. Propiciar la inclusión y el desarrollo integral de la región: Es fundamental mejorar las condiciones de vida de las comunidades aledañas, a menudo afectadas por la pobreza y las enfermedades en explotaciones mineras alrededor del mundo. Se requiere una estrategia diseñada e implementada juntamente con el gobierno, autoridades locales y las comunidades para establecer mecanismos de relacionamiento con las comunidades vecinas y autoridades del área y favorecer la contratación de personal de comunidades en las actividades mineras, así como implementar programas de salud, seguridad, capacitación e innovación, y apoyar la conformación de conglomerados. Estas iniciativas estratégicas deben ser auditadas según los protocolos ESG para garantizar resultados tangibles.

4. Realizar una licitación internacional con empresas de clase mundial: La concesión debe abrirse a empresas reconocidas en minería verde que cumplan con estándares ESG. Esto aumentará las probabilidades de éxito y alineará la operación con los intereses de Panamá. No se debe asumir automáticamente que First Quantum Minerals es la mejor opción, dado su mal manejo de las negociaciones y la presentación de un contrato con 25 cláusulas inconstitucionales.

5. Garantizar una distribución equitativa de beneficios: Para asegurar justicia económica, se propone una estructura accionaria en la que el Estado y la empresa tengan un 49 % cada uno, y un 2 % sea destinado a los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera. Los dividendos asignados a estos distritos serían gestionados para financiar proyectos de desarrollo regional, pero con mejoras en la gobernanza municipal para evitar irregularidades.

6. Cumplir con la Constitución: Cualquier nuevo contrato debe eliminar las cláusulas inconstitucionales identificadas por la Corte Suprema. Esto garantizará un marco legal sólido y evitará repetir errores del pasado.

En conclusión, la reapertura de la mina de Donoso debe basarse en un equilibrio entre los beneficios económicos, la sostenibilidad ambiental y social. Las seis condiciones propuestas buscan maximizar los beneficios, minimizar los impactos negativos y promover el bienestar en las comunidades afectadas. Panamá debe tomar una decisión basada en un análisis objetivo y una negociación transparente para garantizar que los beneficios de la minería sean sostenibles y equitativos. En esta decisión, las comunidades en la región deben tener un mayor peso por ser los directamente afectados por las operaciones de mina.