¿Abuso o seguridad?

Desde hace algún tiempo proliferan una serie de prácticas que no tienen ningún sustento constitucional ni legal. Me refiero a las prohibiciones que limitan la entrada de ciudadanos a oficinas públicas sin que nadie pueda explicar cuál es el origen de estas, muchas veces discriminatorias y abusivas.

No es nada raro encontrar letreros que impiden el acceso por razones del atuendo de aquellos que necesitan hacer un trámite o solicitar un servicio público. Entre las prohibiciones está la entrada a mujeres vistiendo pantalones de licras o prendas de vestir con tiritas. También quedan excluidos, para hombres y mujeres, los pantalones cortos y bermudas, chancletas, lentes oscuros y gorras.

Entre una de las más absurdas que he encontrado, en una corregiduría de San Miguelito, se prohibía la entrada de mujeres con niños y ante semejante absurdo pregunté, ante la cara asombrada del miembro de seguridad, si esperaba que la señora dejara a los niños amarrados a la cama o dentro de una refrigeradora hasta terminar un trámite, que probablemente llevaría un buen rato. Y como no entendió el sarcasmo en mi comentario, me miró con una cara entre la indignación y la sorpresa, como si la señora y yo fuéramos dos dementes.

No hace mucho la prohibición del uso de trenzas en las escuelas oficiales se convirtió en una polémica de dimensiones inesperadas porque llamó la atención sobre prácticas discriminatorias y racistas, que pudo resolverse por la presión de padres de familia y de la opinión pública.

Estos anuncios se ubican en las oficinas de la Caja de Seguro Social, a la entrada de los ministerios, corregidurías y otras instalaciones sin que hasta el día de hoy nadie me haya podido explicar qué ley o decreto las establece; y afectan especialmente a personas de escasos recursos.

Cuando he preguntado de dónde proceden estas normas que coartan la libertad de muchos, la respuesta siempre es la misma: “me ordenaron”, “me dijeron” o “siempre ha sido así”. Basta decirle a quien me da este argumento que llamaré al Defensor del Pueblo para que se haga presente y todo el escenario cambia.

Peor aún es la exigencia de cualquiera que vista un uniforme de una agencia de seguridad privada, lleve un revólver al cinto y se siente empoderado, para asumir responsabilidades que son privativas de una autoridad competente, es decir, la Policía Nacional, la DIJ u otra agencia policial. Como la exigencia de entregar la cédula de identidad personal por parte de guardias de seguridad privada o a conserjes en los edificios argumentando que alguien les ha ordenado esta práctica para seguridad de los residentes, lo que no solo es ilegal sino, además, poco efectiva, si se tiene en cuenta la cantidad de personas que viven o prestan servicios en estos edificios y barriadas.

El argumento de que se está garantizando la seguridad de quienes residen en estos sitios no es una excusa válida para esta práctica, pues existen las cámaras de seguridad y lo más fácil, es solicitar a la persona que llega su nombre y adónde se dirige, bien a qué piso o casa y se puede llamar para preguntar si esa persona tiene permiso para entrar.

La cédula es el documento de identidad personal, que sirve para propósitos muy concretos como realizar transacciones bancarias, documentos notariados, dar fe de vida, ejercicio del voto, validar la identidad de una persona... y no puede ser exigida alegando pretensiones y facultades de quien no las tiene.

De ahora en adelante, como ciudadano ejerza el derecho y el deber de hacer que se respete la Constitución y las leyes y de exigir el reconocimiento de sus derechos y de su privacidad con cortesía y respeto.

Por ello, la próxima vez que le pidan la cédula, solo debe mostrarla. No permita que su cédula sea fotografiada o escaneada y si le piden entregar la cédula para verificar su identidad, hágalo solo ante una autoridad competente.