99 años de la huelga inquilinaria en Panamá

La huelga inquilinaria se inició el 30 de septiembre de 1925 a las doce de la noche y se extendió a lo largo del mes de octubre en la ciudad de Panamá, con incidencias en la provincia de Colón.

Las razones de la huelga se sostenían en que los casatenientes, dueños de las casas de inquilinato, habitadas por panameños y extranjeros pobres, que en su mayoría habían servido en la obra de construcción del Canal, culminada en 1914, y que se habían quedado sin trabajo, se les sumaba ahora el alza de los alquileres como resultado de la Ley 29 del 11 de febrero de 1925, que subía el impuesto de inmueble a los propietarios, pero estos, como siempre suele suceder, se lo trasladaron a los inquilinos.

La huelga fue organizada por la Liga de Inquilinos y Subsistencias, que era parte del Sindicato General de Trabajadores fundado en 1924, como consecuencia de la pobreza y explotación obrera que se experimentaba en Panamá por parte de empresarios.

La respuesta del gobierno a las protestas de los inquilinos fue la persecución y los arrestos en días subsiguientes. El país era gobernado por Rodolfo Chiari, liberal acaudalado, dueño de ingenios en el interior del país y de grandes propiedades en la urbe.

En uno de los pronunciamientos de los inquilinos expresaban que: “La República de Panamá es respecto de su extensión uno de los países menos poblados de la tierra. Sin embargo, al ver lo reducido de muchas habitaciones de una sola pieza, por las cuales se atreverán a cobrar siete, ocho y diez dólares, cualquiera pensaría que este país es el más poblado del universo, puesto que tanto y tanto, se escatima en las casas el espacio, que por todas partes y en todos sentidos está de sobra”.

Ante la negativa del alcalde Mario Galindo, se llevó a cabo el 10 de octubre, bien avanzada la tarde, un mitin en el histórico parque de Santa Ana. Esta concentración terminó en una violenta represión, donde cayeron muertos Ferdín Jaén y Marciano Mirones. Días después, producto de las heridas, fallecieron Lorenzo Brown y Emilio Olivardía. El cuerpo de policía era comandado por Ricardo Arango Jr.

La lista de heridos y muertos fue publicada el 11 de octubre por La Estrella de Panamá. En el Hospital Panamá estaban: Carlos de Diego, capitán del puerto, herida en el pulmón derecho; Félix Tejada, herida muscular del brazo derecho. Hospital Santo Tomás: Miguel Ávila, panameño, de veinte años, herida en el cuello (parte anterior); Emilio Olivardía, panameño, de 21 años, herida en el brazo y pulmón derecho; Felipe López, panameño, de 21 años, herida en la pierna izquierda; Antonio Landazo, colombiano, de 42 años, herida en el hombro izquierdo; Alejandro Grau, panameño, 39 años, herida en el brazo izquierdo; Ferdín Jaén, panameño, 28 años, herida en ambas piernas (falleció); Florencio Iturriaga, panameño, 23 años, herida de la pierna derecha; Daniel Santana, panameño, 32 años, herida de la pierna derecha; Toribio Meléndez, herida superficial de la frente; Marciano Mirones, panameño, 38 años, falleció (datos tomados de la Revista Lotería 231 de octubre y noviembre de 1973).

Alexander Cuevas, en su ensayo El Movimiento Inquilinario de 1925, resume estos hechos así: Este fue, pues, en síntesis, el saldo trágico del 10 de octubre. Saldo que se erigió en delito y que levanta su índice acusador contra aquellos que los cometieron. Saldo también que fue un crimen, el cual se materializó —según palabras de un abogado de los detenidos inquilinarios— “en las manchas de sangre que el 10 de octubre dejó en Santa Ana y en algunas conciencias en las copas que bocas beodas escanciaron con delectación”.

El gobierno, ante el levantamiento popular, optó por llamar al Ejército estadounidense el 12 de octubre “mal llamado en ese entonces como el día de la raza”, que con cientos de tropas bien armadas cayeron en el parque de Santa Ana y se tomaron el área principal de la ciudad por varias semanas, provocando más muertos de los que ya se contaban; posteriormente, el 30 de octubre, el canciller Horacio Alfaro, en un acto de entreguismo, extendió su agradecimiento al gobernador por la intervención estadounidense, sin importar los muertos y heridos que había ocasionado.

Las oligarquías criollas procuraron suprimir de los textos escolares estos hechos acaecidos hace 99 años, para que no fuesen ejemplo de lucha para las futuras generaciones que se organizaban en contra de las injusticias, desigualdades y a favor de la soberanía en la Zona del Canal.