Aruza: promesas de Estado incumplidas

Hace varios meses, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Anati, negó en términos absolutos la solicitud de titulación bajo la categoría de “Tierras Colectivas” presentada por la comunidad de Aruza, comunidad wounaan, cerrando su expediente sin alternativa para reconsideración. La decisión de la Anati sorprendió a los comuneros de la comunidad, como a muchos líderes proponentes de tierras colectivas de sus respectivas comunidades. La comunidad de Aruza, de lengua wounaan meu, se localiza sobre la margen izquierda del río Tuira, distrito de Pinogana, provincia del Darién. Su existencia como poblado data de 1955, pero seguramente ya estaban en el área en caseríos de familias extensa desde mucho antes. Según datos de la colonia, los emberá han sido registrados en Darién al menos desde el siglo XVIII.

La decisión, en apariencia incomprensible, parece estar motivada por razones sociopolíticas de cara a las próximas elecciones. Los partidos políticos han empezado la lucha regional por los espacios y el control de su vieja y nueva clientela política. Los interioranos cada vez son más numerosos en la dividida población de la región en términos étnicos. Interioranos, indígenas, (emberás, wounaan, gunas), y afrodescendientes, los últimos de los cuales comparten con los primeros opiniones negativas hacia los indígenas.

Cuando los interioranos eran recién llegados (décadas de los sesenta y setenta), los afrodescendientes ejercían el poder político regional y local. Después de la aprobación de la constitución de 1972, los indígenas adquirieron un protagonismo político que nunca habían tenido en el sistema político nacional, particularmente a través del sistema de representantes de corregimiento a pesar de no contar todavía con la comarca (aprobada en 1983). En los corregimientos donde eran mayoría lograron una importante representación en la asamblea nacional.

Hoy, esa correlación ha desaparecido con el aumento de la población de interioranos y paradójicamente con la creación de la Comarca Emberá - Wounaan en 1983, con un estatus de provincia. Fuera de este territorio comarcal, quedó un número alto de localidades emberás y wounaan, cuyas tierras no podían ser incluidas en la comarca, debido a que sus unidades poblacionales estaban geográficamente distanciadas de ese territorio. Y, por la misma razón, los gobiernos se negaron a reconocerles derecho colectivo a sus tierras. Desde entonces se propuso la alternativa de la categoría de Tierras Colectivas, aprobada por fin en el 2008. Entre las comunidades que optaron por solicitar el reconocimiento a sus tierras estaba Aruza.

La decisión ha dejado a la comunidad en un estado de mayor vulnerabilidad frente a las sistemáticas invasiones y amenazas de invasión y de acaparamiento de las tierras que los wounaan poseen por parte de campesinos y supuestos campesinos alentados por la decisión de la Anati, ahora seguros de ocupar las tierras al mismo tiempo que entran con permisos del ministerio de ambiente para extraer madera. Al declarar la nulidad de la solicitud de los wounaan, se declara a la comunidad indefensa en términos de sus derechos humano, pues desde entonces la comunidad vive momentos de incertidumbre porque está en juego su seguridad física, social y económica.

La categoría de Tierras Colectivas fue introducida por los emberás y wounaan en las propuestas de reclamaciones de tierra en Darién mucho después que se aprobaran la Comarca Emberá - Wounaan (1983). Era una alternativa para una mejor protección de espacios territoriales de los indígenas en Darién cada vez más presionados por la ocupación de sus tierras por parte de los interioranos que colonizaban el territorio mediante la ganadería, su principal vocación económica. Por varios años, el Estado se negó a esta propuesta, pero en 2008 decidió crear la ley con la intención de convencer a los nasos de Bocas del Toro para que aceptaran el proyecto hidroeléctrico Bonyic, favoreciendo, en principio a las demandas de los pueblos indígenas de Darién. Sin embargo, los gobiernos desde 2008 han usado la estrategia de dilatar los procesos de concesión territorial para dar oportunidad a que los colonos se asienten definitivamente en esos espacios, complicando las reclamaciones de los indígenas, reduciendo así los espacios que en otros momentos tenían y ocupaban. Eso fue lo que pasó con Aruza: en 2012 entregó su solicitud para legalizar sus tierras colectivas, pero con el paso de los años les ha parecido que el gobierno hace gestos de estar al punto de legalizarlas, interrumpiendo el proceso sin explicación. Entretanto, los colonos siguen acaparando sus terrenos.

La comunidad de Aruza señala que en los últimos meses no menos de 78 nuevos colonos se han posesionado de las tierras con autorización de las autoridades de la provincia, mediante los derechos posesorios, precondición para la solicitud de titulación de esas tierras. Asimismo, el Ministerio de Ambiente, también ha contribuido concediendo permisos de extracción maderera en un área patrimonial de la comunidad de Aruza. Por último, ante las reclamaciones de los dirigentes, tanto las oficinas regionales de Anati como las de Panamá aducen que no existen prueba de la documentación que se había procesado, incluyendo copias de los edictos colocados en todo Darién, pero desaparecidos, lo que haría obligante, si fuera el caso, reiniciar el proceso, lo cual, como hemos señalado, toma varios años por las prácticas dilatorias de la Anati.