Cuentas claras

Frente a los nuevos retos que nos brinda la inmediatez del acceso a la información, dado el desarrollo de las distintas herramientas tecnológicas y la interactividad de millones de personas a nivel global por la interacción continua en las redes sociales, es imperante caminar de la mano de este comportamiento.

Es por ello que, hoy, nos referimos a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, mejor conocida, por sus siglas, como ANTAI, institución noble, que ha llegado precisamente para medir el grado de transparencia, el comportamiento de los funcionarios e impedir el juegavivo en diferentes esferas de transacciones con el Estado.

Con la administración de Elsa Fernández Aguilar, joven profesional del Derecho, el timón de esta entidad dio un giro de 180 grados, al cumplir efectivamente con la hoja de ruta establecida para la optimización de las tareas de su equipo de trabajo.

Según conocemos de primera mano, para coadyuvar con el desarrollo de una buena cobertura y alcance de sus funciones, se han recibido 160 recomendaciones de la ciudadanía con miras a reformas de la Ley 6 de Transparencia y la Ley 33 de la institución, además de inaugurar la Academia Virtual de Ética y Transparencia para los servidores públicos.

Cónsono con estos procedimientos, 12 servidores públicos, de diferentes estamentos estatales, se vieron beneficiados a través de becas del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción, el cual es impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA), en conjunto con la Secretaría de las Cumbres de las Américas.

Dentro del marco de objetivos específicos entró en vigencia la Ley 81, que establece la tan anhelada protección de datos personales que merecemos todos los habitantes del territorio nacional, lo que se incluye la entrega al Órgano Ejecutivo de cinco (5) proyectos de leyes anticorrupción.

Aunque a la fecha existen municipios que se resisten a publicar páginas web, es importante destacar que la lucha titánica contra esta mala práctica ha rendido buenos frutos, pues el 58 % de estos se ajustaron a los niveles de cumplimiento del monitoreo de transparencia y el 66 % de incremento en los niveles de la realización de observación de sitios de las instituciones públicas, lo que, a nuestro juicio, es un avance muy importante en esta álgida materia.

Más de 80 000 servidores públicos culminaron la Academia Virtual de Ética, se logró el establecimiento de 16 convenios firmados y el seguimiento a políticas en este segmento, conformada por 19 organismos estatales, así como 209 capacitaciones realizadas con una asistencia de 14 090 personas, las cuales se utilizó la modalidad de gobierno abierto, datos abiertos, liderazgo, protección de datos personales y ética en todo su conjunto.

Es importante destacar que el 99 % del presupuesto asignado fue ejecutado, lo que representa una planificación responsable, a la que no se debe soslayar ante la comisión que maneja este rubro en la Asamblea Nacional, en cuanto al impedimentos para futuras solicitudes de vistas presupuestarias.

Ojalá que con la reciente presentación de la plataforma para digitalizar el monitoreo mensual de transparencia a partir del 2022 que comienza, se logre el adecentamiento de las malas prácticas formadas en escándalos por algunos alcaldes en el incremento desmesurado de prebendas económicas dignas de ser calificadas como un asalto al erario.

Se espera, pues, que este organismo, que es llamado a vigilar y hacer cumplir la honestidad de los funcionarios que se deben a la gran mayoría que es el pueblo panameño, mantenga ese espíritu de cuentas claras para así poder con gran envergadura calificarlos, ya que en un futuro no muy lejano estarán en nuestras calles, avenidas, patios, plazas y casas tratando de buscar sus posibles aspiraciones a reelección aún con la carga de escándalos sobre sus hombros.