Hacia una agricultura familiar panameña más justa y equitativa

El 09 de julio de 2021, el presidente Nito Cortizo firmó el Decreto Ejecutivo 112, que reglamenta la Ley 127 del 03 marzo de 2020, la cual dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. Este Decreto representa un importante avance en el proceso de recuperación económica post-COVID-19, al establecer herramientas concretas para la caracterización de la agricultura familiar, así como mecanismos que garanticen el diseño de políticas diferenciadas para el sector.

Como es sabido, la agricultura familiar en Panamá representa cerca de 80 % de los productores agropecuario y se constituye en un sector clave para la seguridad alimentaria y la nutrición del país, al producir la mayor parte de los alimentos que consumimos diariamente. Sin embargo, es también uno de los sectores que más sufre con los impactos de las desigualdades que enfrentan las zonas rurales, lo que afecta especialmente a las comunidades indígenas, jóvenes y mujeres.

Asimismo, en el país se contabilizan 300 mil personas en condición de hambre. La desnutrición infantil es mayor en los contextos indígenas. Mientras que la obesidad gana terreno en todos los grupos de edades. El 71 % de los adultos en Panamá presenta exceso de peso u obesidad. Contar con programas sociales que incluyan la dimensión nutrición y la compra de la agricultura familiar es, sin duda alguna, una política de transformación de un sistema alimentario sostenible.

Reconociendo esas dinámicas de desigualdad que impactan el mundo rural, la 42 Conferencia de la FAO ha aprobado recientemente su nuevo marco estratégico que apunta a la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Entre las diferentes acciones que este nuevo marco de trabajo propone, está justamente la importancia de avanzar en acciones concretas que reconozcan el rol que los pequeños productores poseen en el mundo rural.

Así, al posicionar este sector como uno de los pilares en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, Panamá da un gran paso hacia la construcción de un mundo rural más justo y equitativo. La aprobación del Decreto Ejecutivo 112 es una excelente oportunidad de focalizar esfuerzos para transformar sus sistemas alimentarios, posicionando la agricultura familiar en el centro de este proceso.

Al establecer la caracterización del sector por medio de los Registros Nacionales de la Agricultura Familiar, es posible avanzar en el desarrollo de medidas que articulen los diferentes programas de protección social e inclusión productiva, como el Panamá Solidario y el Programa Estudiar Sin Hambre, potencializando el impacto de esas acciones y aumentando su eficiencia en la recuperación post-COVID-19. Ambas políticas favorecen la adquisición de alimentos de la producción local, contribuyendo con la dinamización de la economía en los territorios y facilitando el acceso a dietas saludables como frutas, vegetales, hortalizas y legumbres, entre otros alimentos saludables.

De igual manera, el establecimiento de mecanismos diferenciados de inversión permitirá consolidar el proceso de transformación digital del sector agropecuario panameño. El acceso de la agricultura familiar a nuevas tecnologías será fundamental para mejorar la productividad del sector, a partir del uso sostenible de los recursos naturales, y aumentar su potencial dinamizador de las economías rurales.

Desde FAO seguiremos apoyando iniciativas que permitan avanzar en el reconocimiento y desarrollo de la agricultura familiar, garantizando una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor.

(*) Coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante de la FAO en Panamá y Costa Rica.