Burlas e irrespeto al pueblo trabajador

Se ha vuelto costumbre que cada conferencia del Gobierno sea seguida por discursos que intentan explicar lo que supuestamente dijeron. La última conferencia de prensa de Laurentino Cortizo no es la excepción.

Cortizo anunció lo que denominó “Nuevo Plan Panamá Solidario”, que está dirigido, según dice, a “incentivar la superación personal de los beneficiarios con oportunidades para capacitarse y fomenta la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones para los problemas de sus comunidades, contribuyendo a la recuperación económica del país”. Palabras usadas para esconder el propósito real, establecer condiciones para la obtención del Vale Digital, y, con ello, reducir a la población que lo recibe.

Debemos recordar el viacrucis permanente que viven miles de panameños, cuyos ingresos no les permiten cubrir sus necesidades vitales, situación que se profundiza con la pandemia. Pese a ello, las medidas de política económica de los Gobiernos se han dirigido a favorecer a los empresarios; en medio de la COVID-19 este favoritismo también se hizo sentir; claro ejemplo, la medida de suspender contratos y salarios, que afectó a 284 209 trabajadores, de los cuales, según el propio Mitradel, el 40 % no ha sido reincorporado (a 15 meses de la medida), otros han sido reincorporados con condiciones laborales reducidas (jornada y salario), y otros tantos, reincorporados para inmediatamente ser despedidos. El Gobierno también benefició a los bancos, mientras colocó a los “clientes” a expensas del poder bancario (la mal llamada “moratoria bancaria”). Mientras generaba deuda para respaldar a empresarios, negó una renta básica de 500 balboas mensuales para la población sin trabajo, para los que perdieron ingresos y para aquellos que se les suspendieron contratos. Sin duda, un Gobierno “100 % empresarial”.

Olvidando Cortizo que es el Estado quien tiene que crear las condiciones para la generación de puestos de trabajo, que debe garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Hoy, ante su ineficacia en la gestión pública y el manejo de la COVID-19, castiga nuevamente al pueblo humilde, honesto y trabajador. Lo “nuevo” de su plan es que ahora para recibir el Vale Digital de 120 balboas (que no compensa siquiera el costo de la canasta básica de alimentos, según Acodeco en B/. 313.78), hay que inscribirse en un curso del Inadeh o acumular 24 horas mensuales de servicio comunitario, donde el supuesto beneficiario debe cubrir costos de luz-data y en otros casos, transporte y exponerse al contagio.

¿Quiénes serán los penalizados? Sí, penalizados, es una sanción. Según la normativa el servicio comunitario se impone como medida sustitutiva para no ir a la cárcel al cometer delitos leves (irónico, como se le aplicó al hermano de la ex vicepresidenta de la República en el caso de blanqueo de capitales). Penalizados, la mayoría de los “beneficiarios”, 60 % que oscila en edades entre 18 a 56 años. El resto, no queda eximido, adultos mayores y enfermos crónicos deberán asistir a capacitaciones o valorar otras alternativas.

Es la política de condena a los humildes, a las mayorías marginadas, mientras que una alta burocracia gubernamental y privada mantienen sus canonjías, mientras ladrones de cuello blanco gozan de completa impunidad. Es la aporofobia de empresarios, que también está presente en las autoridades gubernamentales, tal como aparece en uno de los tuits: “Entonces qué hacemos? Seguimos repartiendo 77 millones de balboas al mes en vale digital y creamos una academia de NiNis?” (Omar Ahumada / PRD). Esto constituye un insulto y una burla al pueblo humilde, honesto y trabajador. En un Gobierno mínimamente serio, este funcionario ya estaría despedido.

Este es el “Nuevo Plan Panamá Solidario” del GobierNito, que enlistó 11 “opciones” de servicios comunitarios, de los cuales usted debe seleccionar tres. ¿Qué tiene de solidario?

Es evidente que el Gobierno carece de un plan real de reactivación económica, el interés del Gobierno es reactivar empresas, que no es lo mismo. No existe un programa de desarrollo nacional y social, no tiene una estrategia de generación de empleo digno y salario justo. Cada vez más desdice de sus responsabilidades constitucionales de garantizar y cumplir los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que garanticen la vida digna.