La Constitución de Weimar y el derecho social, 100 años después

El 11 de agosto de 2019 se conmemoraron 100 años de la aprobación de la Constitución alemana originada en la ciudad de Weimar, precedida por grandes acontecimientos sociales, como la Revolución rusa de 1917; la Constitución de Querétaro de 1917 y la firma del Tratado de Versalles que puso fin a la I Guerra Mundial y creó la Organización Internacional del Trabajo, además de la Revolución alemana de 1919 que instauró en enero de ese año el Parlamento que redactaría, en la ciudad de Weimar, la Constitución que, en conjunto con la de Querétaro, iniciaría el llamado constitucionalismo social o democrático es decir, antimonárquico.

La Constitución de Weimar se destacó por cambios profundos en el ámbito político, pero también y sobre todo, en el ámbito social. Abordó por primera vez en Europa desde la Revolución Industrial del siglo XVIII, el reconocimiento de la seguridad social para todos, en especial para lo trabajadores y sus familias. Se rompió la idea de la igualdad social absoluta, reconociendo que los trabajadores vivían en condiciones económicas inferiores, lo que originó el derecho social, redefiniendo el concepto de justicia, aceptando un tratamiento igual para personas iguales, pero desigual para personas desiguales.

Por eso, la Constitución de Weimar y la OIT legalizan los principios del derecho social y reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, ampliando el campo de derechos fundamentales que ya se venían reconociendo en las leyes europeas del siglo XIX.

Hablamos de la libertad de culto, del derecho a la educación, del derecho a la libre empresa y a la libre afiliación a clubes y asociaciones, entre ellas los sindicatos, etc. Tales elementos reconocían los cambios sociales que la industrialización había generado en la sociedad.

Como es de suponer, la Constitución de Querétaro, la OIT y la Constitución de Weimar, además de la Revolución rusa, influyeron a lo largo del siglo XX en la legislación constitucional de América y el mundo, facilitando el nacimiento del Estado benefactor que se intenta destruir desde las concepciones neoliberales de los setenta del siglo XX hasta la fecha, retrocediendo en los derechos sociales bajo el criterio de que el mercado es superior a la intervención del Estado para resolver los problemas sociales.

En Panamá, las políticas neoliberales de desregulación, privatización y flexibilización de las normas laborales aplicadas desde los años 80 del siglo pasado, concluyeron en una fiesta de incoherencias sociales expresadas en datos y hechos irrebatibles, como la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, pues el 10 % más rico es dueño del 40 % de la riqueza nacional; somos la segunda peor forma de distribución de la riqueza de América Latina; sufrimos (como en la actualidad) de las crisis cíclicas del capitalismo, aunque crezcamos económicamente de manera permanente y más que en toda América Latina. El poder adquisitivo de los salarios promedios es menor en 5 % al de hace 10 años; el 43 % de los empleos no es protegido por ley laboral ni la seguridad social y el desempleo, la corrupción, la inequidad de género, las exclusiones de todo tipo, conviven con la ludopatía, el talante alegre y bullanguero, la política partidista mediática, la falta de un proyecto como nación, el juegavivo y la solidaridad, además de algunos niveles de xenofobia y cinismo; donde se analiza mucho, pero se hace poco para mejorar estas realidades o se hacen planes y programas para los medios de comunicación y no para el país.

Ante esta realidades, no muy distintas a las del resto de la mayoría de los países latinoamericanos, sería bueno releer la Constitución de Weimar y tratar de retomar el camino de la solidaridad humana y la justicia social en vez del individualismo egoísta que al parecer nos ha ganado a todos, por el momento.