Extinción de dominio, una propuesta del Ejecutivo que podría morir en la Asamblea

La primera legislatura del quinto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional terminó el pasado 31 de octubre, sin discutir el proyecto de ley que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos.

Desde entonces, el pleno entró en receso hasta el próximo 2 de enero, cuando se instale la última legislatura del quinquenio y, aunque la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea pueda debatir la iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, hasta ahora no está en agenda.

El presidente de la comisión, el diputado perredista Leandro Ávila, dijo desconocer, incluso, si el proyecto será discutido durante las sesiones ordinarias que empiezan el próximo 2 de enero de 2024. “No tengo comentarios sobre ello (el proyecto). Veremos qué pasa en enero”, dijo.

La propuesta llegó por primera vez a la Asamblea Nacional en mayo de 2021, luego de ser aprobado en Consejo de Gabinete. Posteriormente se abrió un periodo de consultas y discusiones en la comisión de Gobierno, pero no fue aprobado por falta de consenso entre las partes involucradas, y el 27 de abril pasado el diputado del PRD Crispiano Adames, quien presidía la Asamblea, ordenó el archivo del proyecto de ley.

El pasado 23 de agosto, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, volvió a presentar por segunda ocasión un nuevo proyecto de ley de extensión de dominio de bienes ilícitos y alegó que la iniciativa era “de vital importancia para el país, porque es una herramienta que puede usar el Estado panameño para contrarrestar el crimen organizado transnacional”.

El exministro de Seguridad Pública Jonathan Del Rosario es un convencido de que la propuesta es una herramienta indispensable para la lucha contra el narcotráfico y los otros delitos que guarda relación con la delincuencia transnacional.

“Cuando las condiciones del país lo permitan, el Legislativo debería retomar la discusión de esta norma y darle al país un marco jurídico apropiado y a las autoridades para poder perseguir el delito”, sostuvo.

Para Del Rosario, el hecho de que no se haya logrado debatir la iniciativa envía un terrible mensaje a la comunidad internacional, porque el país “necesita un marco jurídico apropiado para poder combatir y perseguir la delincuencia transnacional, y la ley de extinción de dominio es fundamental”.

Rodolfo Aguilera, también exministro de Seguridad, sostuvo que la ley de extinción de dominio existe en Colombia desde hace 20 años y lamentó que la Asamblea, controlada por el oficialista PRD, no haya aprobado esta herramienta legal para la lucha contra el crimen organizado.

“Esta es una propuesta útil del Ejecutivo que tiene como propósito extinguir el derecho de propiedad de una persona privada y transferir ese derecho de propiedad al Estado, cuando los bienes han sido usados para la comisión de los delitos listados en la ley o son producto o el resultado de dichos delitos”, explicó Aguilera.