Ministro de Comercio pide no politizar debate del contrato ley minero

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, pidió no politizar el proyecto de ley 1043 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Minera Panamá S.A., durante la sustentación de este proyecto ante la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, que reinició ayer la discusión en primer debate de este documento.

Luego de que diputados volvieran a tener diferencias en torno a la metodología de discusión del proyecto que ya había sido aprobada en la sesión del lunes pasado, finalmente se procedió con la intervención de los participantes del debate.

Se anunció que durante esta fase se anotaron para intervenir 205 participantes, entre personas naturales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Iniciado el debate, el primero en intervenir fue el ministro Alfaro, quien tras detallar los escollos legales del contrato anterior, los cuales asegura fueron resueltos después de arduas negociaciones entre las partes, consideró que los beneficios del nuevo contrato superan con creces lo que recibía el Estado con el contrato anterior.

“El nuevo contrato representa en cada aspecto una mejora sustancial respecto al contrato de 1997”, indicó.

Detalló que el nuevo contrato establece el Fideicomiso Conquista del Atlántico, el cual, dijo, velará por un uso justo y equitativo de las regalías e impuestos que pague Minera Panamá.

Sostuvo que si en un año se reciben $400 millones, la distribución será de $200 millones para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, beneficiando a más de 300.000 personas entre jubilados y pensionados, otros $80 millones para pagar el aumento a jubilados que ganen menos de $350 –que son casi 144 mil jubilados y pensionados–, además de $100 millones para proyectos en los municipios aledaños y $20 millones para la construcción del Instituto para el Perfeccionamiento del Docente.

Manifestó que tras los extensos análisis económicos de este contrato se anticipa que el nuevo contrato resultará entre $375 millones en beneficios fiscales para Panamá cada año, durante la vigencia inicial de contrato, basado en pronósticos de mercado independiente sobre los precios del cobre.

“Reconozco que este proyecto que hoy discutimos aflora opiniones a favor y en contra, pero justamente de eso se trata la democracia. Los invito a que usemos este espacio en la casa del pueblo, la Asamblea Nacional, para realizar un debate de altura, respetando el intercambio de ideas de forma responsable y con orden, basado en argumentos y hechos concretos, no como algunas personas que han querido utilizar el debate para tergiversar información o politizar esta situación”, precisó.

En la sesión de ayer también participaron sectores que expresaron sus opiniones a favor y en contra del proyecto.

La abogada Gabriela Cano, quien labora para la empresa Minera Panamá, defendió el contrato tras señalar que la empresa les ha dado a muchas familias la oportunidad de crecer.

En tanto, la bióloga Renate Sponer, de la organización Ya es Ya, tildó de “leonino y lesivo” este contrato.

Sponer dijo no tener confianza en que sus argumentos sean atendidos por los diputados “porque lo que les interesa a algunos de los diputados es el estado de sus cuentas bancarias”.

Agregó que la minería es pan para hoy y hambre para mañana. “Panamá ya se ha dado cuenta de que este contrato claramente no fue negociado de buena fe y no representa los intereses de la nación. Ese despertar nos mantendrá en alerta hasta que se rechace este contrato y se cree una moratoria minera”, precisó.

Mientras transcurría el debate, en las afueras de la Asamblea, en las inmediaciones de la plaza 5 de Mayo había protestas en contra de la aprobación de este proyecto, por parte de organizaciones obreras, ambientalistas y universitarias.

La comisión se declaró en sesión permanente hasta concluir la discusión de este proyecto.