Comisión de Credenciales, las 16 denuncias olvidadas

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional mantiene engavetadas 16 denuncias penales o carpetas en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del presidente de la República Laurentino Cortizo.

Las carpetas esperan trámite desde enero de 2021, aunque la última que ingresó fue recibida en enero de este año, de acuerdo a un resumen sobre los casos al que tuvo acceso La Estrella de Panamá.

En este paquete de denuncias la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal, María Eugenia López acumula la mayor cantidad, nueve. La gran mayoría por supuestos delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad.

A ella le sigue su colega de la Sala Penal, la magistrada Maribel Cornejo con cinco denuncias en su contra por los mismos temas (ver tabla).

Otras cuatro carpetas sin discutir forman parte de la documentación contra el mandatario Laurentino Cortizo. Una más se archivó por supuestos delitos ambientales por permitir la actividad minera, según indicó a este medio el denunciante Donaldo Sousa.

En otro caso, el presidente Cortizo fue querellado por el supuesto 'velo confidencial' en el proceso de adquisición de vacunas y otra denuncia sugiere delitos de “lesa humanidad”, por instalar el sistema de vacunación “con la finalidad de disminuir la población mundial y establecer un nuevo orden mundial jugando a ser Dios”.

Con respecto al resto de los magistrados de la Corte, se cuentan cuatro carpetas en contra de Olmedo Arrocha, mientras que los magistrados Carlos Vásquez, María Cristina Chen, Miriam Cheng y Ángela Russo tienen dos denuncias cada uno por actuaciones de abuso de autoridad o extralimitación de funciones. Por los mismos delitos se presentó una denuncia contra el magistrado Cecilio Cedalise.

Cuando los diputados de la Comisión tomaron posesión en julio de 2019, la intención era evacuar todas las carpetas según orden de llegada. No obstante, se encontraron con 41 carpetas sin discutir contra magistrados y expresidentes que heredaron de la pasada administración.

Ahora, casi al finalizar la gestión, los diputados aún no evacúan las 16 carpetas que reposan en la Comisión y no hay señales de que lo vayan a hacer antes de julio próximo, cuando culmina la presente administración legislativa.

Es costumbre de que la Comisión mantenga en secreto todos los casos, tanto la cantidad de carpetas, los magistrados denunciados y los supuestos delitos, cuando la información debiera ser de conocimiento público. Esto ocurre, según explicaron a La Decana abogados consultados, ante la carencia de un sistema unificado de recepción de denuncias.

Una situación similar se presenta en la CSJ donde se procesan las denuncias en contra de los diputados. En el Órgano Judicial se conoce del caso cuando los magistrados inician la etapa de juicio, pero en reiteradas ocasiones éstos procesos se efectúan a puertas cerradas. Nadie se entera de las discusiones que luego se resumen en un comunicado de prensa.

En los últimos treinta años el único magistrado que ha sido juzgado por la Asamblea Nacional fue Alejandro Moncada Luna, quien en 2015 se declaró culpable de dos de los cuatro cargos que le imputó el fiscal de la causa, el entonces diputado Pedro Miguel González, y llegó a un acuerdo que incluía pena de prisión de cinco años.

Por otro lado, la Corte no ha condenado a ningún diputado. En los últimos años han admitido siete denuncias de las cuales algunas han sido absueltas, otros casos se han remitido a la justicia ordinaria y otros están en proceso.

Esta relación, la de tú me juzgas yo te juzgo, “se convierte en un mecanismo de no agresión o retribución de favores que en la práctica lo que hace es desmejorar la democracia y el estado de derecho”, opina Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Transparencia Internacional Panamá.

A esto se suma otro debate: la necesidad de presentar una prueba idónea en la denuncia, que no es más que “un indicio lo suficientemente grave para dar certeza de un delito”, explica la exprocuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez.

Es un vínculo “perverso y extorsivo” a juicio de la exprocuradora.

La Asamblea Nacional, por mandato constitucional goza de tres tipos de competencia: legislativa, administrativa y judicial. Ésta última tiene como asignación una especial tarea de juzgamiento a los magistrados de la CSJ, al presidente y Vicepresidente de la República ante la posible comisión de hechos delictivos.

Los diputados están facultados para efectuar juicios especiales aunque sin un cuerpo normativo uniforme, normas que con el tiempo han permitido cuestionamientos ya que no están estructuradas como aquellas que regulan las investigaciones al ciudadano común.

Es una línea gris que genera constantes cuestionamientos, dudas, sobre el funcionamiento de la Comisión, de si corresponde a derecho o a un intercambio de favores con los magistrados de no ataque mutuo. Para los consultados, el origen de la duda se centra en la ausencia de reglas claras que se prestan para juzgamientos políticos.

Al final, según los especialistas, lo que evidencia cada nuevo periodo legislativo es un modelo agotado e ineficiente que se presta para extorsiones, intercambio de favores, presiones, o lo que quiera pensar el ciudadano ante la falta de una evaluación del desempeño del cuestionamiento. Pero también, ningún magistrado debería sentirse preocupado si su actuar está pegado al derecho.

“Si te llegó la denuncia ¿por qué la dejas dormir? ¿cuánto tiempo se puede quedar una denuncia dormida”, se pregunta la exprocuradora.

El problema es que se convierte en un obstáculo para esclarecer el señalamiento con el que se inicia un caso, ya que el ciudadano común no tiene cómo aportar esta evidencia o se le dificulta. Como consecuencia, al no incorporar los elementos adicionales es casi imposible iniciar un proceso. Razón por la que al acumular denuncias, discernir cuál tiene un motivo y cuál no, se torna complejo y sin la prueba idónea se trunca el camino.

Cuando se instaló la actual gestión legislativa periodo legislativo (2019-2024), en julio, los diputados iniciaron el proceso de depuración de la actas de la administración anterior. Se tardaron casi un año en atenderlas.

De acuerdo a las actas de la Comisión de Credenciales consultadas, la primera vez que los diputados analizaron las carpetas heredadas fue casi un año después de haber tomado posesión, en mayo de 2020. Para esa fecha, en que ya había culminado el periodo gubernamental, tanto para Juan Carlos Varela como para Isabel Saint Malo, presidente y vicepresidenta respectivamente, se habían presentado aproximadamente 10 denuncias, algunas en conjunto y otras por separado.

De igual forma varios magistrados de la Corte sobre quienes pesaban denuncias, habían culminado su periodo.

Las denuncias se analizaron y todas fueron desestimadas o redirigidas a la instancia ordinaria debido a que los magistrados habían culminado sus periodos o bien ante la falta de argumentos penales, porque no contaban con la prueba idónea o porque los magistrados no podían ser declarados penalmente responsables por sus fallos. La mayor parte de los supuestos delitos denunciados eran contra la administración pública, abuso de autoridad, calumnia o actos de corrupción.

En este contexto el magistrado Harry Díaz acaparó la mayor parte de las denuncias, al igual que el magistrado Olmedo Arrocha, José Ayú Prado, Jerónimo Mejía, Abel Zamorano, Hernán De León, Cecilio Cedalise y el presidente Laurentino Cortizo.

Una denuncia que se presentó contra el mandatario Laurentino Cortizo fue desestimada por ausencia de una prueba idónea.

En 2015 el magistrado Víctor Benavides estuvo a punto de enfrentar un juicio en la Asamblea por supuesto delito contra la administración pública y contra la libertad e integridad sexual, pero renunció al cargo y el caso pasó a la justicia ordinaria.

A finales de los 90s la Asamblea intentó juzgar al magistrado José Manuel Faúndes por un supuesto caso de corrupción, pero el proceso se estancó en la etapa final y el juez renunció unos años después para acogerse a la jubilación.

Recientemente la Corte inició una investigación en contra de la diputada y abogada Rodríguez por comisión de delitos de hurto, prevaricato, estafa, asociación ilícita y lavado de dinero por un caso relacionado a lingotes de oro que pertenecen a uno de sus clientes. Este proceso se encuentra en desarrollo.

En 2021 la Corte declaró no culpable al entonces diputado oficialista Arquesio Arias en un juicio por supuestos delitos sexuales.

El diputado suplente Samuel Bennet acusado de enriquecimiento injustificado fue declarado absuelto por la Corte en 2016. El proceso tuvo su origen en un decomiso de más de $29 mil en bolsas de plástico que hallaron las autoridades en un operativo.

Un año después el diputado Mario Lázarus enfrentó un proceso por atropellar a una menor de edad, pero finalmente acordó el pago de indemnización y se desestimó el proceso.

El diputado Alfredo Pérez fue absuelto por la Corte en un proceso por delitos contra el ambiente y falsedad, pero los magistrados desecharon la denuncia por falta de la prueba idónea.

La Corte declinó una denuncia contra el diputado Aris de Icaza (2018) por supuestas irregularidades en planillas y contratos porque perdió su condición y remitió el expediente al Ministerio Público.

Luego, en 2020 la Corte admitió dos denuncias contra el diputado Jairo Salazar por supuesto delito contra la administración pública que presentó el entonces director de la Policía Nacional. El caso aún sigue en curso aunque el diputado goza de fuero electoral.

A finales de 2020 la Corte admitió una denuncia contra el diputado oficialista Leandro Ávila por supuestas irregularidades en contratos por servicios profesionales otorgados entre 2015 y 2016. Este medio intentó conocer el estado de este caso pero la Corte no respondió a la inquietud.

Con el propósito de cerciorarnos del estado de las 16 denuncias que aún están en trámite, este medio revisó más de 60 actas de la Comisión de Credenciales que van desde que la juramentación de los diputados en julio 2019 hasta la última publicada en el portal de la Asamblea con fecha del 7 de marzo de 2023.

También consultamos a los abogados que interpusieron denuncias penales quienes se quejaron de la ineficiencia de la Comisión. “No le dan trámite a nada, la excusa es que hay 25 denuncias por delante”, manifestó frustrado el querellante Dionisio Rodríguez.