El Estado en un escenario de pérdida del caso Soho Mall

Los funcionarios que en julio de 2017 durante la administración del presidente Juan Carlos Varela negociaron la venta del exclusivo Soho Mall, podrían ser sujetos de demandas penales y civiles por parte del Estado, si se comprueba que actuaron contrario a la ley.

El Estado (en caso de ser condenado) debe pagar daños y perjuicios. Y estos pueden ser recurridos por el Estado contra quienes resulten responsables de haber violado las disposiciones legales. Es más, “el Estado puede repetir (presentar acciones) contra las personas que resultaron beneficiadas, porque no puede garantizarse un acto ilegal que haya violentado los principios básicos del derecho”, explicó el catedrático en derecho Vicente Archibold. En síntesis, el Estado siempre tiene la potestad de recurrir y buscar resarcimiento.

El empresario Abdul Waked demandó al Banco Nacional y al Estado por $1.268 millones por forzar la venta del centro comercial. La institución fungía como fiduciaria del fideicomiso mediante el cual el empresario puso en custodia las acciones del centro comercial, después de ser incluido en una lista discriminatoria de Estados Unidos.

Waked reclama la forma y los mecanismos que usó el Estado, a través del banco, para despojarlo de sus bienes, a través de contratos de fideicomisos que usaron para la venta del centro comercial. Recientemente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo admitió la demanda.

Después de la admisión de la demanda del empresario contra el banco y el Estado, se han hecho conjeturas sobre una posible quiebra, algo que está alejado de la realidad porque la entidad maneja cuentas millonarias, entre ellas, las de las instituciones, la renegociación del contrato minero –que representará $375 millones anuales–, las de la Caja de Seguro Social. Y además la institución ha hecho préstamos a entidades financieras. “Afirmar que el banco va a quebrar es una exageración, es meter miedo, y además es una apología del delito porque causa innecesariamente una alarma”, reconoce Archibold.

El Banco Nacional de Panamá es uno de los más sólidos del país y de Latinoamérica. Y quienes están promoviendo estas “mentiras”, están causando un deterioro a la imagen de la institución, que puede tener efectos en las bolsas de valores internacionales. Además, están validando que una persona pueda ser despojada de sus bienes, sin derecho a resarcimiento, afirmó el jurista.

Después de la admisión de la demanda, lo que sigue es determinar la legalidad de los actos que condujeron a la venta del centro comercial. Y si se encuentran estos elementos, la Sala deberá evaluar los daños y perjuicios en los que incurrió la víctima de la ilegalidad.

“La Sala hace una valoración de los bienes y de los daños. Allí entra el peritaje, que puede ser más o menos” de lo solicitado por el demandante, explicó el jurista.

A su juicio, el caso de Soho Mall se presta para establecer el principio de seguridad jurídica. De lo contrario, opina, quedaría una profunda preocupación en torno al principio de la propiedad porque esto implicaría que cualquiera puede ser despojado de los bienes por los que ha trabajado toda su vida. “Eso significa que viviríamos en un estado anárquico y de despojo”. Aunque hasta el momento ese no es el caso de Panamá, que se ha caracterizado por ser responsable y respetuoso de la propiedad, reconoce el abogado y también docente universitario.

“Lo mejor es que Waked sea resarcido con sus bienes y se le reconozcan los daños que se le causaron. Eso llevará a que el panameño asuma responsabilidades de manera seria, franca y legal”, zanjó.