Trabajadores organizados tildan de 'persecución política' los procesos judiciales contra los sindicatos

Este sábado, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical (CS) se sumó a los señalamientos de "persecución política" en contra de los movimientos sindicales, ya que los procesos judiciales carecen de pruebas.

La CS advierte que la persecución judicial inició durante la administración de gobierno del expresidente, Ricardo Martinelli y que "hoy se retoma con la intención de amedrentar al movimiento sindical y despejar el camino para las reformas a la CSS (Caja de Seguro Social)", destacaron en el comunicado de prensa.

La reacción de CS surge tras la sentencia condenatoria N.°94, del 18 de noviembre de 2022, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, donde fueron condenados a 5 años de prisión Elberto Cobo, Víctor Torres De León, Aniano Pinzón, Mariano Mena, Gabriel Castillo, Armando Rangel Gordón y Guillermo Puga como autores del delito de contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

En su escrito recordaron que en el 2010, la entonces titular del Mitradel, Alma Cortez, denunció a los líderes nacionales de las organizaciones sindicales por supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos. Ante esto, la Contraloría General de la República investigó exhaustivamente y presentó su Auditoria Final, donde declaró que los fondos del 5% del seguro educativo “se manejaron conforme a las leyes y reglamentos”.

Posteriormente, en el año 2011, sostienen en el comunicado que "ante la inexistencia de lesión patrimonial en perjuicio de los fondos públicos, la dirigencia sindical fue sobreseída por el Ministerio Público. Pero en el 2012, luego de que el movimiento sindical alertó en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la represión del Gobierno de Panamá contra el pueblo Ngäbe Buglé y campesino, lo que reactivo la persecución con la reapertura del proceso sin pruebas y sin el debido proceso. Ante esta situación, en el año 2014, el Consejo de Gabinete desistió del proceso y en el 2019 el Ministerio Público presentó el sobreseimiento definitivo", insiste el movimiento de trabajadores organizados.

No obstante, advierten que, de manera arbitraria, "el expediente se mantuvo abierto" sobre el cual un Juez emitió una reciente decisión, a pesar de que, a juicio de CS, "la Corte Suprema de Justicia se encuentra por resolver el recurso de amparo de garantías constitucionales en contra de la actuación del Tribunal".

Calificaron de «inusual», el comunicado del Ministerio Público, debido a que fue publicado, al mismo tiempo que la sentencia y "sin que se haya notificado a las partes, no se corresponde a la verdad al señalar que los dirigentes no presentaron informes, cuando la investigación inició supuestamente por cuestionamientos sobre dichos informes", manifestaron en su escrito.

Para la CS "en síntesis, la sentencia irregular y extemporánea, el comunicado impreciso del Ministerio Público y la exposición mediática contra movimiento sindical, evidencian la campaña que busca silenciar a las organizaciones, precisamente cuando se discuten reformas a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. También, esta nueva ola de persecución contra el movimiento sindical, es consecuencia de las movilizaciones de julio de 2022 y otro intento de sabotear la segunda etapa de la Mesa Única del Diálogo, que debe abordar los problemas estructurales del país".

Y agregan: "Por último, Convergencia Sindical ratifica su política de transparencia en el uso de recursos para la formación sindical, en la cual mantiene un robusto programa de capacitación y formación de trabajadores, trabajadoras y dirigentes sindicales".