MiAmbiente se plantea prohibir la comercialización de cocobolo

Una veda permanente para impedir en forma total la exportación de madera cocobolo (Dalbergia retusa), en un intento por arrancar de raíz el tráfico de la especie cuyo principal destino es China, está entre los planes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Así lo anticipó a La Estrella de Panamá la viceministra de MiAmbiente, Diana Laguna. Aseguró que esa entidad está “evaluando de qué manera podemos pasar el cocobolo del Apéndice II, que regula el comercio, al Apéndice I de Cites, que prohíbe totalmente la exportación”. De esta forma se despejaría la duda sobre el origen de la madera, si es recién talada o forma parte del inventario que se hizo en 2014 a los patios de 17 empresas. "Si la cortan será por gusto”, añadió Laguna.

Pasó lista, al mismo tiempo, a las acciones emprendidas para erradicar el flagelo que significan las estructuras criminales dedicadas a la extracción ilegal de la madera de los bosques panameños.

A fin de dar ese paso, MiAmbiente debe entregar en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (Cites), que se inauguró esta semana en Panamá, un estudio científico que sustente la solicitud ante el organismo internacional.

La intención de incluir la especie en el Apéndice I de Cites ya había sido anunciada en años recientes por Panamá ante la Convención Cites. En este sentido, el país debe explicar –entre otros puntos– en qué consiste la prohibición, detallar el inventario existente, los controles de cosecha y los sistemas de monitoreo.

En las actas de las reuniones celebradas en los últimos cuatro años, Cites ha llamado la atención a Panamá por “el elevado volumen de comercio” de cocobolo. En un informe del comportamiento de los años 2017 a 2020, la entidad registró un “comercio significativo” de la madera.

La especie, con características extraordinarias por su dureza y su llamativo corazón en tonalidades rojizas intensas y naranjas, se emplea en China para confeccionar muebles, artículos de lujo e instrumentos musicales por los que pagan miles de dólares. La materia prima de gran demanda propicia la tala ilegal e impacta en la biodiversidad en los países de origen.

El resultado es que el cocobolo de nuestros bosques se ve cada vez más mermado y de encontrarse al borde de extinción.

En esas circunstancias, Cites recomendó a Panamá en 2020 “tomar acción” ante el volumen de exportación de la especie. El tráfico y la tala ilegal de cocobolo se intensificó a partir de 2013, cuando el país incluyó la madera en el Apéndice II de Cites como parte de las acciones para regular el comercio sostenible.

No obstante, la intención de contener el tráfico ilegal de la especie supera la capacidad de MiAmbiente y de las autoridades encargadas de ejercer los controles de su comercialización y tala.

Las estructuras criminales extraen la madera de los bosques primarios protegidos por leyes en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, que provee el 95% del agua potable para los habitantes de las ciudades de Colón, Panamá, San Miguelito y, en un futuro inmediato, La Chorrera.

César Belteton conoce en detalle cómo operan las organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de fauna y flora. Reconoció que, en el área, el tráfico de cocobolo está más acentuado en Nicaragua y Panamá.

Radicado en Guatemala, Belteton es el encargado de la Dirección Forestal del Consejo de Áreas Protegidas en ese país, además de representar a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe ante el Comité de Flora de Cites.

En ese contexto, los planes de Panamá no lo convencen mucho. “Las vedas pueden ser contraproducentes si no se tienen buenos controles”, advirtió. Bajo su óptica, las prohibiciones en países en los que más del 50% de la población vive en pobreza y depende mucho de sus recursos, no son eficaces, en contraste con aquellos cuyo desarrollo está más ligado a la manufactura y la industria.

“Establecer una veda no significa nada”, recalcó. La clave está en reforzar una gestión sostenible de los bosques. “Hay que generar –apuntó– todo lo que se necesite para el manejo sostenible y los controles”.

MiAmbiente implementa iniciativas frontales para combatir el lucrativo negocio del tráfico, pero carece de recurso humano y económico para detener a las mafias de la madera.

Entre esas acciones está el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME), que nació en 2019 y que lidera el comisionado Felipe Cruz, jubilado de la Policía Nacional (PN).

Lo que se necesita, según Cruz, es una institución de seguridad dedicada a la protección del ambiente que opere como brazo de la Policía Nacional (PN), algo similar al Servicio Nacional de Fronteras o el Aeronaval –ramas de la PN– provistas de funciones específicas y personal capacitado. En este caso la idea es crear el servicio nacional de protección ambiental, iniciando con un mínimo de 600 agentes y aspirar a conformar un cuerpo de 2 mil policías. Para ello es necesario asignar presupuesto y priorizar el tema de ambiente en la agenda de Estado.

Desde la creación del EME, MiAmbiente ha logrado resultados alentadores, pero insuficientes, comparados con el poder económico de las organizaciones criminales y la corrupción que persiste en la institución.

El cohesionado equipo se originó ante la necesidad de combatir y prevenir el millonario negocio que dejan los delitos ambientales de todo tipo, incluyendo la minería ilegal, con frecuencia detectada en la provincia de Darién.

Blindar al personal de la Dirección de Investigación Judicial y de la Dirección de Inteligencia no ha sido nada fácil. “Ya nos han amenazado varias veces”, reveló uno de sus integrantes.

Este grupo funciona por alertas de operaciones ilegales o tráfico de fauna protegida. Para ello se apoya en 127 uniformados de la Policía Ambiental que a su vez cumplen otras funciones en la PN.

Por eso, a juicio de quienes patrullan los bosques, se necesita un cuerpo robusto especializado, capacitado en el tema para intentar aminorar las operaciones del crimen organizado. Un proyecto que busca sembrar la administración actual antes de julio de 2024 cuando termina el quinquenio gubernamental.

En los informes de Cites es reiterativo el llamado a Panamá por la no publicación de las cuotas de exportación de cocobolo. Esto no es más que un estimado de lo que pretende exportar el país anualmente y cesar los embarques cuando se alcanza la cifra pronosticada.

De acuerdo con Belteton, Cites se mostró complacida cuando Panamá tomó la decisión de no exportar cocobolo. “Eso ayudó mucho a resolver las dudas de Cites”, afirmó. No obstante, en los últimos dos años la administración Cites de MiAmbiente ha emitido 123 permisos de exportación del producto.

Para la entidad podría ser una tarea 'sencilla' determinar la cuota de exportación anual tomando en cuenta el inventario de madera existente. Pero no lo hace. Son los importadores quienes reportan el ingreso del material a los países de destino.

La razón es que la administración de Cites en Panamá, bajo la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de MiAmbiente, sobreestima la cantidad de permisos de cocobolo que emite. Es decir, entrega a las empresas los sellos –con vigencia de seis meses– que requieren para la exportación, pero no se encarga de verificar cuántos de ellos se usaron y cuántos no. Se registran casos en que se concede a la compañía un timbre, pero luego cambia de comprador y solicita la renovación del mismo sello años después con la condición de entregar el vencido.

Otro de los obstáculos que explica MiAmbiente es la falta de reportes de exportación que debe entregarles la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA). “Esto tampoco ocurre”, se quejó Carmen Medina, la tercera directora de la administración de Cites que ha tenido la entidad en tres años de este gobierno. Desde la ANA indicaron que para estos trámites solo se necesita una declaración aduanera.

En consecuencia, MiAmbiente expide los permisos a los comerciantes, pero no tiene la confirmación de si se usaron, en qué fecha y cuántos metros cúbicos se exportaron.

Un factor que contribuye a la ausencia de estadísticas es la falta de un sistema informático que facilite el cruce de datos entre ANA y MiAmbiente, y se verifique el uso de los timbres y la cantidad de madera exportada que reportan las empresas.

Lo anterior se percibe como un “descontrol” en el uso de las marcas que acompañan los permisos de exportación de cocobolo para garantizar la sostenibilidad de la especie. Todo eso alimenta las dudas sobre el origen de la cantidad de madera que sale del país.

La publicación de las cuotas de exportación no es el único documento que reclama Cites a Panamá. Cada año los países miembros entregan un informe de la actividad comercial que corresponde a la especie protegida. El portal de Cites detalla que las exportaciones de cocobolo proveniente de Panamá, entre 2008-2016, fueron predominantemente de madera de origen silvestre con fines comerciales. El dato lo obtienen de los importadores. En los informes es reiterativo el llamado de atención al país por la ausencia de los reportes de 2015 y 2016.

Pese a que los chinos están dispuestos a recibir comunicaciones de los países de origen, es difícil tener un control de lo que entra a ese país por el descomunal volumen de comercio internacional.

“Una vez que sale la madera de aquí, entra en el triángulo de las Bermudas”, afirmó una fuente relacionada con las investigaciones judiciales. Se quejó de que en “China es un problema obtener información, a menos que sea de un ente transparente y confiable”.

A pesar de la observación, Belteton da cuenta de casos documentados de naciones que actúan con transparencia y que atienden alertas de los países de origen y pueden evitar el ingreso del producto, incluso están dispuestos a devolver la madera.

Fue por una llamada de la sede de Cites en China que MiAmbiente se enteró de la pérdida de una libreta con 500 sellos, de la extraña firma que acompañaba un timbre o que un cargamento llegó sin la correspondiente guía de exportación.

¿Cómo visualiza China el problema? Para el representante chino en Panamá, Wei Qiang, ese régimen mantiene la “prohibición de todo comercio ilegal”.

El diplomático defiende que la aduana de su país prohíbe la entrada de todas las especies cuya tala y tráfico se encuentren proscritos internacionalmente. “Si su explotación es legal en Panamá, entonces está en condición de entrar en el mercado chino en forma legal”, zanjó Wei.

Sin embargo, algunos expertos estiman que esto solo es en teoría.

“Me imagino que ellos tampoco tienen control de todo lo que entra a su país”, comentó Belteton en una de nuestras conversaciones sobre el uso de la madera que entra a ese país.

Sin duda, en el caso del cocobolo hay “una puerta trasera”, igual que la que tiene China en todo tipo de comercio exterior, explicó un analista político.

Como en todo mercado lo que manda es la oferta y la demanda. Eso ocurre con el tráfico de drogas, armas o vida silvestre en todo el mundo. Las mafias emplean todo tipo de artimañas para burlar a las autoridades y satisfacer el mercado que les deja millonarios ingresos. Especialmente cuando el país de origen mantiene altos índices de pobreza e instituciones débiles, como se ha evidenciado en Panamá.

En China hay cientos de fábricas de instrumentos musicales. De esta industria depende el sustento de miles de familias que se sumaron hace unos años al incentivo del gobierno para reactivar la economía. En internet se publican docenas de artículos, como violines con piezas de cocobolo, cuyo precio puede superar los $1.400.

A pesar de la alta demanda de materia prima que incide en la tala ilegal de la especie, en la revisión de Cites (2018) se excluyó su uso en la fabricación de partes de instrumentos acabados. 

La razón, que motivó un intenso debate entre las partes, se basó en la forma de aplicar las regulaciones de Cites en estos productos, lo que generaba gran retraso en el comercio sin apuntar a lo más importante: el tráfico del comercio, las tucas. 

La entrada de cocobolo a ese país puede destinarse para múltiples propósitos. A pesar de que para los instrumentos musicales se aplica la exclusión de cocobolo, por tratarse de piezas, no exime que esta madera puede emplearse para otros fines, propiciando la tala ilegal.

“No se sabe qué pasa en China con la madera” cuando entra a ese país, admitió César Belteton, representante para Centroamérica, Sudamérica y el Caribe ante el Comité de Flora de la Cites, como uno de los factores que puede propiciar la actividad clandestina. 

En la última revisión Cites que se hizo a la anotación, que no es más que lo que define qué partes de la especie están reguladas y cuáles no, se excluyeron las partes de instrumentos musicales y los accesorios acabados. 

En esa cita hubo una discusión “muy fuerte” –como la describió Belteton– en la que participaron los fabricantes, a favor y en contra, de exceptuar la norma para estos instrumentos musicales. 

Al extremo, añade Belteton, que “llegaron a un consenso de que los instrumentos no eran el factor preponderante del tráfico en general y que generaba muchas complicaciones al identificar la madera ilegal”. Por eso se exceptúan.

Para que un cargamento de cocobolo llene los requisitos que exigen las normas internacionales, Panamá debe establecer medidas que aseguren la extracción legal de madera del bosque para que cumpla con el criterio de sostenibilidad, lo que se conoce como “Dictamen de extracción no perjudicial”.

Aunque Panamá prohibió la tala de cocobolo en 2014, el comercio está regulado. Para cumplir los requisitos, el país debe emitir un certificado Cites de exportación con el que garantiza su legalidad, que el producto es sostenible y que puede ser comercializado sin problema. Es el mecanismo más sencillo para diferenciar una mercancía legal de una ilegal.