Los claroscuros de la administración de la AMP

Noriel Antonio Araúz Villarreal es un ingeniero naval, oriundo de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí. Fue designado en junio de 2019 como ministro de Asuntos Marítimos, aunque no se ha creado ese ministerio, y administrador de la Autoridad Marítima de Panamá.

Durante el primer Consejo de Gabinete del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, Araúz dijo conocer “las necesidades del sector marítimo” y se comprometió a “mejorarlo y crear nuevas oportunidades”.

Ese mismo día, Araúz presentó ante el presidente Cortizo y sus ministros los resultados de un trabajo de nueve meses denominado “Plan estratégico de desarrollo marítimo portuario de la República de Panamá”, un proyecto realizado en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la consultora española McValnera, donde se incluye un conjunto de propuestas para el desarrollo portuario en todo el país. Eso fue en 2019, recién estrenado en el puesto.

Sin embargo, en 2020, en medio de la pandemia se da el primer incidente que puso en entredicho la administración de Araúz. El 2 de julio de 2020, la embarcación Sea Lion fue responsable de un derrame de 250 mil galones de combustible marino en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá. La magnitud del daño ocasionado por Sea Lion fue tal, que se constituyó en un peligro para las costas de la isla de Taboga en 2021.

La AMP inició una investigación por los hechos, y en un informe determinaron que la embarcación presentaba múltiples irregularidades, como escapes de aceites, combustible y aguas residuales, mal manejo de sentinas e ignorar repetidas veces los manuales que corresponden a la prevención de incendios y accidentes.

A raíz del accidente y otra serie de irregularidades se le cancela la licencia a Sea Energy Shipping Inc.

El abogado ambientalista Harley Mitchell presentó una denuncia penal contra la empresa Sea Energy Shipping, INC., propietaria de Sea Lion, por “haber puesto en riesgo el ambiente marino”.Y a pesar de haber sido sancionada la empresa por la AMP, se le volvió a otorgar licencia de operación.

Según Mitchell, es una empresa que goza “el favor del regente de la entidad administrativa que debería supervisarle, que es el administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz”.

“Sea Energy Shipping, Inc, siguió operando y Araúz se mantuvo tranquilo en su puesto. El tema no fue llevado a junta directiva, por lo tanto no fue discutido”, señaló.

Este año, un nuevo escándalo sacudió a la entidad, luego que se diera a conocer la existencia de una serie de contrataciones directas con la empresa Stward Inc, para el transporte de los funcionarios encargados de las inspecciones de los barcos. Las contrataciones, calificadas por el experto en derecho marítimo Guillermo Márquez Amado como innecesarias e inoportunas, revelaron que se estaría usando una cuenta de la AMP establecida en Miami, Estados Unidos, para el pago de estos contratos, aunque esta cuenta bancaria solo debe ser usada para el pago de servicios que se den fuera de las fronteras panameñas.

En ese entonces, Julio De La Lastra, miembro de la junta directiva, aseguró que pedirían información del pago a Stward a través de la cuenta de Servimar. Pero el tema parece que no llegó a la mesa directiva y nuevamente Araúz salió inmune del cuestionamiento.

Podría ser que cuenta con el favor de todos los miembros de la directiva, o bien podría estar siendo beneficiado por lo dispuesto en relación a las funciones de la junta directiva.

El Decreto Ley 7 del 10 de febrero de 1998, en su artículo 18, establece como una de las funciones de la junta directiva “supervisar la función del administrador, ejercer control previo sobre sus actos y exigirle rendición de cuentas”. Además, en el artículo 17 establece que la junta directiva podrá ser convocada por el administrador o dos de sus miembros.

Si tomamos en cuenta que Araúz, es parte del grupo del vicepresidente José Gabriel Carrizo, precisamente quien funge como presidente de la junta directiva de la AMP, no sería difícil colegir por qué los temas álgidos en relación a la administración de Araúz no han llegado a esa mesa. Sin embargo, tocará al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia definir el futuro del administrador.

Los abogados Roberto Ruiz Díaz y Francisco Carreira han presentado sendas denuncias contra Araúz y esperan confiados que serán las autoridades judiciales quienes finalmente permitirán conocer la versión de Araúz, y que de comprobarse los delitos denunciados, se tomen los correctivos necesarios por el bien de una correcta administración de la autoridad regente del mar. Pero esa aparente inmunidad será puesta a prueba por los diputados de la Asamblea Nacional.

Hace dos semanas, los diputados citaron al funcionario para que responda unas preguntas ante el pleno legislativo, específicamente sobre la situación del registro de buques, contratos de concesión en puertos de cruceros, licencias de servicios marítimos, pagos adeudados a extrabajadores portuarios, entre otros temas. Aún falta por ver si asistirá a su cita en el pleno, o apelará a sus influencias en el Ejecutivo para hacer caso omiso a este llamado.