Política criminológica, la propuesta del Minseg para bajar ola de crímenes en el país

La Asamblea Nacional (AN) analiza el proyecto de ley que busca establecer una política criminológica para el país.

La comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la AN estableció la subcomisión formada por los diputados Crispiano Adames, Roberto Ábrego y Juan Diego Vásquez, que revisa la propuesta presentada por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) el pasado 18 de enero de 2022.

De acuerdo con el titular de Seguridad, Juan Manuel Pino, la función primordial es que “impere la justicia social” de forma que garantice la seguridad ciudadana a través de la atención oportuna y científica de los actos delictivos en todas sus formas, además de abordar junto con el equipo interinstitucional el problema de la inseguridad, de incidencia criminal, y de accionar a través de tratamientos efectivos y medibles en el tiempo.

Así como establecer una política de Estado, como el instrumento político más adecuado para el análisis, desarrollo, implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para prevenir la conducta delictiva, como herramienta cuantíficadora sostenible en el tiempo, alejada de la política sectorizada.

Según los proponentes, la nueva ley buscaría establecer también una estrategia coherente y coordinación a nivel interinstitucional y con participación ciudadana. La idea es garantizar mecanismos de intervención para la prevención del delito, la adecuada rehabilitación y reinserción de las personas que han cometido crímenes.

La propuesta llega cuando la preocupación entre diversos sectores de la sociedad se ha manifestado por los altos índices de hechos violentos y delitos.

El documento establece que se deben proporcionar las herramientas científicas que permitan la atención integral de mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores víctimas de violencia y discriminación.

Esta creación de mecanismos de investigación y repercusión del delito pretende incrementar mayor eficiencia y celeridad que responda a la demanda ciudadana.

La norma indica la creación de la secretaría ejecutiva de la política criminológica, la cual estará adscrita al despacho superior del Minseg. Estará dirigida por el secretario ejecutivo de política criminológica quien será el responsable de la coordinación de los aspectos relacionados con la ejecución de esta política en el país. Dicha figura ocupará el cargo por un período de siete años.

La figura de secretaría ejecutiva que crearía esta norma, tendrá como una de sus principales funciones asesorar al Minseg al momento de desarrollar programas para realizar los estudios que midan criminalidad, la proporción de las penas y su eficacia, así como los estudios realizados en las reuniones con las autoridades encargadas de ejecutar la política de criminología del país. Igual deberá recopilar y evaluar anualmente las estadísticas de la criminalidad proporcionadas por el sistema nacional integrado de estadísticas criminales.

También se creará el consejo nacional de la política criminológica, formado por un equipo interdisciplinario de diversas instituciones del Estado. Será presidido por el ministro de Seguridad, por conducto del secretario ejecutivo.

Este consejo propondrá al ministro del Minseg la convocatoria de mesas técnicas de trabajo, que recomienden políticas públicas orientadas a minimizar la incidencia de la criminalidad, entre otros temas relacionados con el combate del delito.

Igual entregará un informe de la gestión por resultado, cada seis meses, y coordinará con el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, la rendición de cuentas públicas que realizará una vez al año.

Para la implementación de la presente ley, se dispondrá de las partidas que estarán incluidas en el presupuesto fiscal del año 2023.

Durante el tercer trimestre de la vigencia fiscal del año 2022, la secretaría de la política criminológica funcionará con la estructura administrativa y presupuestaria del Minseg.

Para la próxima semana se espera que los diputados de la subcomisión de Gobierno entreguen el informe de la reunión en que se analizó el proyecto.