Panamá rechaza plan migratorio de Trump que busca deportar a migrantes

La Cancillería de Panamá respondió a los recientes informes publicados por medios estadounidenses, que sugieren que la futura administración de Donald Trump podría estar diseñando un plan para deportar migrantes a terceros países, incluyendo Panamá, si sus naciones de origen se niegan a recibirlos.

En su declaración oficial, la Cancillería aclaró que no ha recibido ninguna notificación formal o informal sobre esta propuesta y dejó claro que el país no aceptará migrantes deportados de otras nacionalidades, reafirmando su compromiso con la protección de la soberanía nacional.

“Ante noticias publicadas en medios estadounidenses sobre la posibilidad de enviar deportados a Panamá desde EE. UU., informamos que no hemos recibido ninguna comunicación oficial ni oficiosa sobre dicha propuesta”, señaló la Cancillería panameña.

Este comunicado fue emitido en respuesta a un informe de NBC News, que mencionó a Panamá como uno de los posibles destinos para migrantes deportados bajo una nueva estrategia migratoria propuesta por el gobierno entrante de Estados Unidos.

Además, el comunicado subrayó que, conforme al derecho internacional, Panamá no está obligada a aceptar migrantes que no sean ciudadanos panameños.

“Deseamos mantener relaciones con Estados Unidos siempre en el marco del respeto mutuo. Nuestra principal misión es proteger los intereses de la República de Panamá”, concluyó la institución.

De acuerdo con NBC News, la futura administración de Donald Trump estaría considerando implementar una política migratoria que implicaría enviar migrantes deportados a países como Panamá, Bahamas, Granada y las Islas Turcas y Caicos, en caso de que sus países de origen se nieguen a aceptarlos.

Esta medida, de concretarse, podría dejar a miles de personas en situación de vulnerabilidad, desplazadas en territorios con los que no tienen lazos culturales o sociales. Tal escenario plantea preocupaciones humanitarias y logísticas, tanto para los migrantes como para los países receptores.

Durante su anterior mandato, Trump aplicó una política similar con Guatemala mediante un acuerdo de “tercer país seguro”.

Este acuerdo fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunciaron los riesgos a los que fueron expuestos los migrantes al ser trasladados a un país con condiciones inadecuadas para su acogida.

La implementación de este tipo de acuerdos generó un intenso debate internacional sobre la responsabilidad de las naciones en la protección de los derechos de los migrantes y la legalidad de imponer políticas migratorias unilaterales.

Antes del anuncio del presidente electo de Estados Unidos, ya Roger Mojica, director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, expresó en declaraciones a La Estrella de Panamá, en la sección del Polígrafo, que el país no tiene la capacidad para convertirse en un destino de acogida forzada para migrantes deportados.

“Panamá no es una alternativa para quienes no logran ingresar a Estados Unidos. No tenemos la capacidad para ser un país de acogida. Hay una tasa de desempleo considerable, y esto se toma en cuenta al evaluar este tipo de medidas”, afirmó Mojica en la entrevista publicada el pasado domingo.

Panamá lidia con una presión migratoria debido a su posición geográfica como punto de tránsito para miles de migrantes que atraviesan la peligrosa selva de Darién en su intento de llegar a Estados Unidos.

En 2023, más de 520.000 migrantes cruzaron esta selva, considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Sin embargo, en 2024, el flujo migratorio se ha reducido un 40 %, registrándose hasta la fecha 296.411 cruces.

Esta disminución es atribuida a las medidas implementadas por el Gobierno panameño, en colaboración con organismos internacionales, para controlar y gestionar el tránsito de migrantes por su territorio.

Es importante recordar que el pasado 1 de julio, cuando José Raúl Mulino asumió la presidencia de Panamá, se firmó un acuerdo clave con Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, y el nuevo canciller panameño, Javier Martínez-Acha, sellaron un convenio en el que Washington se comprometió a cubrir los costos de repatriación de migrantes que crucen la selva de Darién en su intento de llegar a territorio estadounidense.

Este acuerdo forma parte del plan de Mulino para frenar el paso de migrantes por Panamá, en un esfuerzo por mitigar la crisis migratoria. El presidente Mulino le dijo al Gobierno de Estados Unidos que su nueva frontera migratoria está en Darién.

Desde la firma de este convenio, Panamá ha deportado a cientos de migrantes, principalmente de nacionalidad colombiana, mediante vuelos chárter financiados por Estados Unidos.

Este acuerdo bilateral busca fortalecer la cooperación entre ambas naciones en materia migratoria, pero siempre bajo el marco del respeto mutuo y el cumplimiento de las normativas internacionales.

Donald Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, ha prometido llevar a cabo un programa masivo de deportación de migrantes irregulares. Durante su campaña electoral utilizó una retórica agresiva contra los migrantes, a quienes responsabilizó de una supuesta ola de delincuencia en Estados Unidos. Esta narrativa ha calado profundamente en sectores del electorado conservador, preocupados por temas de seguridad y control fronterizo.

Trump ha sostenido que existe una “invasión” de migrantes en la frontera sur, llegando a afirmar que representan una amenaza para la seguridad nacional. Este tipo de discursos ha polarizado el debate migratorio en Estados Unidos y ha generado incertidumbre en países de tránsito y destino, como Panamá. La posibilidad de que se implemente una política de deportaciones a terceros países ha encendido las alarmas en la región, que ya enfrenta desafíos humanitarios significativos.