Magistrados de la Corte presentan proyecto de ley para liquidar trámites de recursos de casación en materia penal

La magistrada presidenta del Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que actualiza los procesos penales con apego al respeto de los Derechos Humanos para todos los usuarios del Sistema de Administración de Justicia.

En la sustentación de este proyecto, la magistrada López indicó que Panamá continúa con dos sistemas procesales penales, pero una sola realidad penitenciaria, con el aumento de la expectativa de la sociedad en general de que mejore el estándar del estado de derecho.

Señaló que la realidad penitenciaria panameña es motivo de inquietud para el pleno de la Corte Suprema de Justicia, ya que un grupo de personas privadas de su libertad bajo el sistema del Libro III del Código Judicial de 1986 lo están, sin que exista la certeza de una sentencia condenatoria en firme en su contra.

Agregó que muchas de las personas privadas de libertad han sido investigadas por el Ministerio Público, juzgados y condenados en primera y segunda instancia agilizándose estos trámites al imprimir dinamismo a la liquidación de los procesos bajo Libro III del Código Judicial de 1986, pero ello señaló, solo ha alcanzado a los juzgados de circuito y a los tribunales superiores de distrito judicial y no a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y los recursos de casación.

Destacó que bajo esta óptica de facilitar la liquidación de los procesos penales iniciados bajo el Libro III del Código Judicial de 1986 y con ello, la implementación del Sistema Penal Acusatorio y resolver la incertidumbre de las personas privadas de libertad de los centro penitenciarios sin que conozcan de sentencias condenatorias ejecutoriadas y en firme, es que se propone agotar el trámite de los recursos de casación en materia criminal.

López aseguró que este tema ya había sido objeto de estudio por parte de la Sala Penal, la Procuradoría General de la Nación y el Ministerio de Gobierno, pero solo se llevaron a la Asamblea Nacional lo relacionado a los acuerdos de pena, acuerdos de colaboración y extradición; soslayándose lo referente al recuso de casación en materia criminal.