Limitar la tasa de interés financiero: la polémica propuesta en medio de una crisis

El proyecto de ley No. 420 que propone limitar las tasas de interés de los prestamos y créditos otorgados por entidades financieras, resulta necesario como respuesta o paliativo a la dramática y asfixiante situación socioeconómica que vivimos los panameños. En primer lugar, los estudios realizados por entidades independientes muestran el crecimiento de la tasa de desempleo al 20%, aunado a la disparada tasa de la economía informal. En segundo lugar, y no menos importante, la elevada carga del gasto público genera una presión estrangulante para quienes pagamos impuestos al fisco, cuya moratoria de pago vence en el mes de septiembre. Ya se había previsto que a partir de septiembre la crisis económica agravaría la situación de los panameños. Estamos en un nivel muy preocupante.

La Asociación Bancaria, desde su óptica mercantil, a lo que tienen derecho conforme al giro de su negocio, ha dicho que la aprobación de este proyecto de ley “impedirá el acceso al crédito formal de grandes segmentos de la población, lo que es causa directa de exclusión financiera al imponer topes a las tasas de interés sobre los préstamos y tarjetas de crédito, lo que es contrario al interés público y al bienestar de la población”. Contrario a ese criterio, el desempleo actual, la informalidad y la disminución de la capacidad o la incapacidad extrema de los panameños, incluyendo la productiva clase media, para afrontar los pagos por préstamos y financiamientos vigentes, constituyen hechos reales que impiden acercarse a las entidades bancarias a solicitar acceso a nuevos créditos y financiamientos. El interés público, que es el bienestar de los asociados, obra en dirección distinta a la visión de la Asociación Bancaria, aun entendiendo que su actividad es un negocio que debe producir retorno y lucro, empero, debe estar sometido al bien común de los ciudadanos.

.El Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008 y demás normativas regulatorias complementarias pueden pertenecer a una visión distinta a nuestra realidad socioeconómica. Desde un punto de vista comparativo, los panameños pagamos las tasas de interés por servicios bancarios y financieros muy por encima de otros países y economías. Dentro del amplio concepto de la economía de libre mercado, el Estado conserva facultades para cumplir con su obligación primaria de proteger la vida, honra y bienes de los asociados, facultad dirigida al propósito superior de generar bienestar a los asociados. En esa dirección, hay una falta de equidad y proporcionalidad entre las tasas de interés aplicables a préstamos y financiamiento respecto a las tasas de interés que pagan las entidades bancarias a los depósitos que los ciudadanos hacemos en cuentas de ahorro.

La propuesta de la diputada Zulay Rodríguez es un punto de partida interesante y necesario, el cual, con voluntad amplia y sana, puede servir de vehículo para una revisión de toda la normativa. Sucede que en nuestro medio resulta en extremo común que cada sector, en defensa de sus intereses particulares, se resista a cualquier revisión de las normas que lo regulan bajo sospecha de que serán trasquilados; aplica para todos los gremios, sector, público o privado, la usual resistencia a defender el statu quo, no importa si este viene de vigencia por 20, 30 o 40 años. Es un grave error, todo cambia, todo evoluciona, todo, incluyendo las legislaciones; requieren revisión, actualización o modernización. No veo una conspiración contra el sistema bancario que, por cierto, constituye un pilar en nuestra economía de servicio; veo la oportunidad de adecuar parte del negocio financiero a la actual realidad humana. Los bancos no van a quebrar por hacer ajustes más razonables dentro de una filosofía de ganar y ganar.

Estimo que no son suficientes. A la fecha no existe recorte o sacrificio dentro del sector público, lo más lógico y probable es que los sectores productivos y la población en general entiendan que al no haber ejemplo del sector público resulta inaceptable aceptar mayores sacrificios cargados a un solo sector, los ciudadanos. En esa dirección, debemos entender la realidad, quien esté desempleado probablemente ha pasado a actividades de subsistencia dentro de la economía informal o ha disminuido sus ingresos y capacidad de pago como profesional e independiente, por lo tanto no está en condiciones de afrontar las deudas y obligaciones adquiridas antes de la crisis en condiciones distintas.

Debemos partir del hecho de que el mercado no es perfecto, incluyendo el mercado financiero. Los topes en las tasas de interés de los préstamos y créditos han sido aplicados en otros países de la región. La misma, puede constituirse en una medida que busque proteger a la población del “abuso bancario”, de la presencia de fenómenos especulativos. Somos del criterio que las familias y las micro y pequeñas empresas deben contar con opciones de financiación a tasas subsidiadas, sobre todo en estos momentos de profunda crisis.

No es extraña la posición de la Asociación Bancaria, representan los intereses de los banqueros, sector que ha sido privilegiado por la política pública, incluyendo el periodo de pandemia. En términos generales, si bien existen posturas a favor y en contra de limitar las tasas de interés, no menos cierto es que las imperfecciones de la libertad financiera no son resueltas en el marco del mercado. Corrientes económicas, en ellos los keynesianos, plantean que los topes tienen la ventaja de estimular la actividad económica a través de una mayor inversión (crédito más barato). La intervención es una alternativa importante de política económica en mercados imperfectos.

Una norma que favorece solo a un actor de la relación bancaria, a los banqueros. Una norma que parte de una premisa falaz “libre competencia”. Dada la estructura bancaria del país, normas con estas apuntan a garantizar ganancias extraordinarias al sector.

El sector financiero en general y la banca en particular han sido históricamente favorecidos por los gobiernos, con fuerza desde los 70 cuando se configura el centro bancario internacional. La posición geográfica, el desarrollo de las comunicaciones y la dolarización del país facilitan las transacciones financieras, permitiendo a los bancos constituirse en una especie de oligopolio bancario que tiene muchas libertades para fijar las tasas de interés en virtud de la ausencia de banca central, de un regulador bancario. Cuatro a seis bancos definen el quehacer del sector en el país. Más allá de ello, hay cuestionamiento a la transparencia del sector. A nivel internacional se cuestiona la falta de intercambio de información con sus pares, lo que mantiene a Panamá en las listas grises. Creo que es necesario releer al sector, con miras a que la banca sea un sector cónsono con una política económica que promueva desarrollo social.

La situación socioeconómica de la mayoría de los panameños es difícil, ante ingresos reducidos producto de la pérdida de trabajo, informalidad laboral, quiebra de pequeños negocios, entre otras condiciones, que sin duda reducen su poder adquisitivo. Frente a estas vicisitudes que enfrenta la población ante los compromisos bancarios, el gobierno actuó ineficazmente. Las medidas adoptadas han sido insuficientes. La medida nunca fue de moratoria real, sino de “préstamos modificados”, donde los clientes/deudores, acuden a demostrar la necesidad y cargan con un mayor peso de la misma. Cuando las modificaciones al crédito se limitan a la reprogramación en el tiempo del monto adeudado por el cliente, incluyendo intereses generados, y un período de gracia para retomar el pago, la deuda termina siendo mayor, y está siendo cargada por el cliente. Es decir, la medida adoptada no estaba dirigida a beneficiar en concreto a la población, sino a evitarle a la banca los procesos de reposición y remate de bienes, alto nivel de deuda que podría declararse impagable, e indudablemente garantizarle a la banca ganancias extraordinarias.