Proponen crear una secretaría de la gestión pública

La exprocuradora de la Administración, Alma Montenegro, propuso la creación de la secretaria de la gestión pública como un mecanismo de supervisar todo el engranaje gubernamental para garantizar la capacidad e idoneidad de los funcionarios.

Montenegro insiste en la necesidad de que las personas que ocupan un cargo público sea por meritrocia y no por “repartidera política”.

Explicó que se trata de una entidad que instaurada en otros países y es diferente a las funciones que realiza la Procuraduría de la Administración, que tiene la responsabilidad de defender los intereses del Estado y de los municipios, promover la legalidad, la competencia y la ética en las actuaciones de los servidores públicos.

Montenegro preside el Centro de Políticas Públicas y Transparencia de la Universidad de Panamá, desde donde hace 10 años impulsa el diplomado de gobernabilidad, gerencia y gestión pública con el financiamiento de Corporación Andina de Fomento, ahora, Banco de Desarrollo de América Latina.

El diplomado es dirigido principalmente a funcionarios y figuras del ámbito político como la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Doris Zapata, y el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, Bernardo Meneses, lo han tomado.

El proyecto culmina este año y durante está década ha graduado 915 personas a nivel nacional. Montenegro resaltó el hecho de que el diplomado se ha realizado, además del Campo Central de l Universidad de Panamá, en las sedes regionales de la casa de estudios superiores.

Aunque el diplomado es abierto para todo público, Montenegro alega que prefiere que sean funcionarios lo que acceden al programa. “Es la manera de contribuir al mejoramiento de la administración pública”, recalcó.

Sin embargo, la mala nota del diplomado es que no todos los que toman el curso llegan a ocupar un cargo público.

Desde esta perspectiva, la exprocuradora le surge una pregunta. “¿Cómo los gobiernos pueden aprovechar este esfuerzo que se hace desde la Universidad de Panamá?”.

Durante estos 10 años se ha recopilado una experiencia muy positiva y se ha llegado a la conclusión, entre otras cosas, que mientras que el Estado panameño no decida cambiar esa cultura de manejar los cargos públicos de manera partidista, no habrá cambios profundos.

“Es necesario que los gobiernos se den cuenta que en los sistemas democráticos, quienes ejercen las funciones públicas están obligados atender las necesidades de la población”, indicó.

Enumeró el trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otros, como las necesidades que los gobiernos deben satisfacer.