México: Poder Judicial, la batalla principal

Antes de lo previsto por la oposición conservadora, México comenzó la gran batalla judicial, decisiva para encaminar lo que en ese país se denomina el segundo piso de la Cuarta Transformación, ahora dirigida por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá la primera magistratura el 1 de octubre.

En este momento, la reforma del Poder Judicial es la batalla principal, pues se trata de derribar el muro de contención que ha usado la derecha en el actual sexenio para impedir u obstaculizar la Cuarta Transformación; sin eliminar esa piedra de traba difícilmente podrá prosperar la estrategia de desarrollo socioeconómico del nuevo gobierno.

La ventaja de Sheinbaum sobre Andrés Manuel López Obrador radica en la mayoría calificada que la coalición liderada por el partido Morena tiene en la Cámara de Diputados, y el amplio dominio en la del Senado, donde está a solo tres curules de lograrla, lo cual hace casi imposible que, por la vía del Legislativo, la reforma judicial sea frenada, y es lo que atemoriza a la oposición porque perdería su principal arma de enfrentamiento al gobierno.

Hay en estos momentos en México -e incluso fuera del país- una colusión muy poco disimulada entre todas las fuerzas opositoras, incluido el narcotráfico, contra la reforma judicial, y es lo que explica las manifestaciones de calle, el ácido debate en la cámara baja donde perdieron la pelea, y la que está activa en la del Senado, pero con posibilidades nulas de revertir su aprobación y aplicación.

Es que el obradorismo no tiene otra alternativa que remover total y drásticamente el sustento judicial de la nación y con ello toda la jurisprudencia de la nación pues, de mantener sin cambios la vieja estructura de ese poder carcomido por la corrupción, las reformas a la Constitución serían inútiles si no cuentan con el aval legal y jurídico que sólo otorga dicho poder.

Hay pendientes 18 reformas constitucionales y dos leyes generales umbilicalmente unidas a un cambio en el Poder Judicial, entre ellas la que propugna que el año que viene la elección de nuevos ministros, magistrados y jueces no sea a dedo y al libre albedrío de los partidos políticos, sino por el voto ciudadano a fin de que en los organismos de impartición de justicia esté en verdad representado el pueblo. De allí que se hable con tanta fuerza de refundación del Poder Judicial.

Ello implica cambios de gran calado en la operación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, reducción del número de ministros de 11 a nueve, extinción de salas intermediarias, y algo muy importante, bajan a seis los votos de los titulares para que sean obligatorias sus sentencias, y no ocho como hasta ahora.

Todas esas transformaciones dejan sin piso judicial a los partidos políticos y sectores empresariales detrás de ellos, pero también le espinan las manos a sus más altos funcionarios que ahora ganan cuatro veces más que el presidente de la nación y multimillonarios fideicomisos para solventar sus prestaciones laborales, retiros y viajes al exterior, pues esos privilegios se eliminan y a partir del año que viene ganarán menos que el mandatario.

También se reduce el tiempo casi vitalicio en los cargos de 15 a 13 años, aunque muchas personas consideran que aún sigue siendo demasiado largo. Al mismo tiempo, la pensión de retiro de ministros quedará sin efecto y si los que están en funciones quieren participar en la elección deberán renunciar a sus puestos.

Es decir, la reforma judicial abarcará un espectro extraordinariamente amplio que se puede asegurar atañe a toda la administración pública en ámbitos como el electoral, laboral, sistema judicial, seguridad pública, sistema de pensiones, salud pública, programas sociales, derechos humanos, sector eléctrico y órganos autónomos, o lo que es lo mismo, a toda la vida pública social del país, como se expresa en la Cuarta Transformación.

En cuanto a lo concerniente al ámbito electoral, incluido por supuesto su Tribunal, la reforma reducirá los gastos de las elecciones, que sólo sea necesario el 30% de participación en una consulta popular para que sea vinculante y adelgazar la nómina legislativa: ya no serían 500 los diputados sino 300 y los senadores pasarían de 120 a 64 representantes.

Es posible que la figura del legislador plurinominal desaparezca, y con ellos los actuales dirigentes partidistas que se autonombraron diputados y senadores al amparo de las viejas fórmulas antidemocráticas y solamente retengan sus curules los elegidos por el pueblo.

López Obrador señaló que las reformas que propone buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional.

La oposición tiene, además, otros temores, como por ejemplo, que resurjan viejas demandas de someter a juicio por corrupción y crímenes a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto bajo cuyos mandatos se cometieron los más grandes desfalcos y robos que reconoce la historia de México y horrendos crímenes como los de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La batalla por la reforma del Poder Judicial está al rojo vivo, pero es sumamente difícil que, en el escenario actual, la oposición pueda ganarla.