Familias venezolanas reclaman a sus familias deportados a cárcel salvadoreña

El pasado viernes, Alirio Guillermo Belloso informó a sus familiares que sería deportado a Venezuela, pero desde ese momento no han vuelto a saber nada de él. Necesitan confirmar si está detenido en una prisión para terroristas en El Salvador, ya que su rastro ha desaparecido del sistema de Inmigración de EE. UU.

“Es como si nunca hubiera estado detenido por Inmigración, nadie nos proporciona información sobre su paradero”, comentó su hermano Antonio Fuenmayor, quien lleva varios días intentando averiguar si fue parte de los cientos de venezolanos enviados por EE. UU. a El Salvador, tras verlo en una fotografía en los medios.

“Lo que están haciendo es inhumano”, añadió Fuenmayor, residente en Florida.

El dolor de esta familia, originaria de Maracaibo, inició el sábado pasado cuando se enteraron de que el Gobierno repúblicano había deportado a más de 200 venezolanos, a quienes la administración trumpista identifica como miembros de la banda criminal Tren de Aragua, llevándolos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Una foto difundida por el Gobierno de Nayib Bukele, en la que se ve a un migrante siendo rapado y encadenado, confirmó sus temores.

“Es un abuso de poder evidente, mi sobrino solo enfrentaba una deportación, un asunto civil, ya que no ha sido acusado ni condenado por ningún crimen ni en EE. UU. ni en Venezuela”, señaló a EFE en una entrevista telefónica desde Venezuela, Alixon Fuenmayor Vera, tío de Alirio y abogado de profesión.

Fuenmayor Vera subrayó que los inmigrantes enviados a esa prisión salvadoreña tienen derecho a defenderse y conocer las acusaciones en su contra. Sin embargo, el Gobierno de EE.UU. se ha negado a responder esas preguntas, y la familia solo se enteró de la situación a través de una imagen.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no proporcionó información sobre el paradero de Alirio a EFE, y afirmó que la solicitud debía hacerse a la Casa Blanca.

Varias familias de venezolanos, consultadas por la agencia de información, expresaron su temor de que sus familiares también estén detenidos en El Salvador, denunciando que la información sobre ellos ha desaparecido del sistema de ICE.

El silencio y la falta de transparencia por parte de la Administración Trump sobre estas operaciones han persistido, incluso ante un juez federal, a quien se le ha negado información sobre la operación, amparada por la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de personas sin ciudadanía estadounidense sin una audiencia judicial.

“Si no quieren entregar información a un juez, menos nos responderán a nosotros”, lamentó el hermano del detenido.

El inmigrante, de 30 años y padre de una niña, fue arrestado el 17 de enero en un pequeño pueblo de Utah, donde vivía con dos primos y trabajaba como repartidor, después de haber cruzado la frontera sur en 2023.

Se encontraba estacionado en una gasolinera cuando agentes que se hacían pasar por policías pidieron documentos a varios latinos, y él no pudo mostrar una licencia de conducir.

Su hermano relató que él tenía una cita programada en las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para hacerse las huellas digitales una semana después de su arresto como parte de su solicitud de asilo. “Todo ese proceso quedó detenido debido a tener tatuajes de su familia”, comentó.

Después de dos meses en un centro de detención en Texas, Alirio aceptó regresar a Venezuela. “Quería reunirse con su madre y continuar luchando aquí junto a sus seres queridos”, explicó su tío.

Sin embargo, la alegría de su regreso se ha convertido en una pesadilla, ya que ni su familia en Venezuela ni su hermano en EE. UU. tienen la posibilidad de viajar a El Salvador para intentar liberarlo. “Es un castigo por ser venezolano”, añadió Fuenmayor.

En este contexto, organizaciones como Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) han solicitado al Gobierno estadounidense que “reconsidere” la aplicación generalizada de la Ley de Enemigos Extranjeros a los venezolanos.

En una carta dirigida al presidente Donald Trump, José Antonio Colina, presidente de Veppex, expresó que esta ley “podría afectar injustamente a una comunidad que, en su mayoría, busca refugio y oportunidades en EE. UU. tras huir de una crisis humanitaria”.

“Le pido con humildad que las medidas se basen en pruebas específicas y procesos legales justos, dirigidas exclusivamente a los delincuentes y evitando castigos colectivos”, agregó.