Educación, sanidad, deporte y cultura: la crisis mina los pilares de la revolución cubana

Expertos y analistas coinciden en destacar el progresivo deterioro de estos servicios, señalan la consiguiente erosión de la legitimidad del Gobierno e incluso advierten -al ver la tendencia de ciertos indicadores- frente a la progresiva “latinoamericanización” de Cuba.

“Esa es mi gran tristeza hoy, cuando veo el deterioro de la salud, la educación,...”, reconoce a EFE Rita García, directora ejecutiva del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo (CCRD), una institución religiosa sin ánimo de lucro que ofrece cursos de formación, atiende a ancianos y organiza donaciones de material médico y sanitario.

Las estadísticas oficiales a este respecto no abundan, pero apuntan en la misma dirección que los reportes de medios no oficiales y los comentarios mayoritarios en la calle y las redes sociales.

Sólo en La Habana falta un 15 % de los profesores necesarios (y en el conjunto del país la situación es similar) y el Gobierno ha admitido que en este curso no puede garantizar para todos los estudiantes libros de texto, material escolar y uniformes.

En el ámbito sanitario, sólo en 2022 el país perdió 12.065 médicos (11 % del total) y 3.246 estomatólogos (15 %). Además, desde hace al menos tres años muchas medicinas y productos sanitarios no se encuentran en las farmacias.

La tasa de mortalidad infantil ha repuntado (de los 3,6 por cada mil nacimientos vivos de 2017 a los 7,6 Y 7,5 de 2021 y 2022) y la esperanza de vida ha caído drásticamente (de los 78,51 años en 2012 a los 71,25 en 2021).

El deporte tampoco es ajeno a la crisis: Cuba logró en 2023 sus peores resultados en cinco décadas tanto en los Juegos Panamericanos como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El deterioro afecta a las infraestructuras públicas -de escuelas y hospitales a las carreteras, el sistema eléctrico y el transporte-, algo que repercute, de manera, directa o indirecta, en el acceso a estos derechos, incluidos en la Constitución de 2019.

La investigadora social cubana Ailynn Torres afirma a EFE que la actual “crisis integral” que sufre Cuba es “muy notable” en términos de acceso a servicios sanitarios, educativos y sociales.

Explica que el triunfo de la revolución en 1959 trajo una “expansión importante de derechos sociales”, especialmente “en términos de derechos de acceso” a la educación y la salud, algo que “benefició a gran parte de la población”, que venía de “una desigualdad estructural profundamente notable y sistemática”.

La situación actual, sin embargo, “no es parte de una coyuntura”, matiza, sino de “un proceso que viene estructurándose desde hace 30 años”, desde que la implosión del bloque socialista europeo llevó a Cuba al llamado período especial por el fin de las ayudas de sus aliados.

Luego, continúa en esta línea la socióloga cubana Elaine Acosta en entrevista con EFE, llegaron las reformas para recortar gastos de Raúl Castro, la pandemia y las medidas económicas de los últimos años -de la Tarea ordenamiento al severo plan de ajuste actual-, que vinieron a ponerle “la tapa al pomo”.

Acosta habla de la “refamiliarización” y “mercantilización” de la educación y la sanidad -y concretamente en el ámbito de los cuidados, su especialidad- con la “retirada” del Estado: “Los servicios universales se quedan en discurso”, lamenta.

A su juicio, estos logros nunca fueron una “política sustentable en el tiempo” porque dependían de los “subsidios” del campo socialista, la misma tesis que sostiene el reciente estudio de Sergio Díaz-Briquets y Juan Carlos Albizu-Campos titulado “Fallo sistémico y resultados demográficos: La tormenta perfecta de Cuba”.

El sociólogo y ensayista cubano Rafael Hernández, editor de la revista Temas, destaca a EFE que cumplir con el “rasero” de garantizar estos derechos “es más difícil” y añade que, pese a la crisis, el “acceso universal no se ha dejado de lado” porque se considera una “parte inalienable”.

No obstante, reconoce que “el Gobierno no está asegurando” la satisfacción de servicios básicos cuando es el “responsable” de que se atiendan esas necesidades.

“Si la situación se sigue agravando y si se prolonga, el alto grado de estabilidad política que existe en este país se puede quebrar”, argumenta Hernández, que cree que esa es la “principal lección” de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas.

Acosta cree que se ha producido un “cambio”, que los cubanos atribuyen cada vez más “la responsabilidad al Gobierno” y “no principalmente al bloqueo” (embargo), y que crecen “el descontento y el malestar social”, como se percibe en redes e “incluso entre periodistas oficialistas”.

El Gobierno, por su parte, ha reiterado en los últimos meses, sobre todo desde el anuncio del plan de ajuste que va a multiplicar los precios de los combustibles, el transporte y elevar las tarifas de la electricidad, el agua y el gas, que “la revolución no dejará a nadie desamparado”.

En este contexto, García alerta de que esos elementos de bienestar social que distinguían a Cuba de otros países de la región se están difuminando: “Cuba se está seriamente latinoamericanizando”.

García cita, entre otras variables, al aumento de los embarazos entre adolescentes, el repunte de la mortalidad materno-infantil, la expansión de enfermedades, los problemas de malnutrición, la migración masiva y el repunte de la violencia y la delincuencia.

Sobre la posibilidad de revertir estas tendencias, cunde el escepticismo. “A corto y medio plazo no veo soluciones”, afirma García.

Torres asegura que “las dinámicas económicas y políticas” son “el principal obstáculo por el cual esa dinámicas son difícilmente reversibles”.

Acosta abunda en esta línea y señala que garantizar el acceso a la educación, la sanidad y la cultura “de ninguna forma” pueden recuperarse rápidamente en la isla, porque se “requiere reformas estructurales”: “la crisis es sistémica y afecta a todos los órdenes”.