El drama de Beatriz y la legalización del aborto

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abierto el debate sobre la legalización del aborto, mediante dos audiencias que se realizaron los días 22 y 23 de marzo de 2023, para evaluar testimonios del caso Beatríz vs. El Salvador.

El caso recoge el drama de una joven salvadoreña a quien se le negó el derecho a abortar, a pesar de que su vida corría peligro.

Su situación se ha convertido en una bastión de defensa de los derechos reproductivos en un país que establece penas de 2 a 8 años de cárcel para la mujer y el personal médico que practique este procedimiento quirúrgico.

Aunque, habitualmente, el Estado de El Salvador tipifica el aborto como un homicidio agravado, lo que aumenta las penas a 30 y 50 años de prisión.

Por primera vez, el tribunal internacional ha permitido el análisis del tema, como una problemática de derechos, diez años después de los hechos y siete después de la muerte de la mujer.

Las audiencias son el último paso antes de que el tribunal emita una sentencia, que podría ser en seis meses.

De darse una sentencia, sentaría una jurisprudencia que puede involucrar a otros países firmantes del Pacto de San José, un tratado internacional que prevé derechos y libertades que deben ser respetados por los Estados parte.

La mujer, cuyo verdadero nombre es desconocido, vivía en una empobrecida comunidad, en el cantón La Noria Tierra Blanca, en el municipio de Jiquilisco, en el sudeste de El Salvador.

Fue diagnosticada con lupus, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos del cuerpo por error.

Beatriz quedó embarazada por primera vez en julio de 2011. En dos ocasiones estuvo hospitalizada debido a anemia y exacerbación de su cuadro lúpico.

El 2 de marzo de 2012 inició trabajo de parto, pero se complicó debido a una preeclampsia. Se le practicó una cesárea y su hijo sobrevivió luego 38 días internado.

Con 22 años, en febrero de 2013, el segundo embarazo llegó. Era de alto riesgo. En marzo de 2013 le diagnosticaron que había una malformación congénita del feto con anencefalia, condición incompatible con la vida extrauterina. El riesgo de que muriera estaba presente si continuaba con el embarazo.

Por la prohibición de aborto terapéutico en la legislación de El Salvador, la defensa legal de la joven presentó una demanda de amparo en la que solicitaba la interrupción del embarazo para salvar su vida.

La Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar. Pero el 28 de mayo de 2013 declaró “no ha lugar” la demanda porque consideró que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz.

El caso llegó a la CIDH mediante una solicitud de medidas provisionales para asegurar la vida y la integridad personal de la joven. La CIDH acogió la solicitud.

El 3 de junio, después de que comenzara una labor de parto, 81 días después se le permitió ser sometida a una cesárea. El feto anencefálico falleció cinco horas después.

La espera tuvo repercusiones en la salud de la joven, generando secuelas con las que vivió hasta el último de sus días.

Cuatro años más tarde, Beatríz murió por una enfermedad adquirida en un hospital, al que fue ingresada tras un accidente.

Diez años después, la CIDH escuchó este miércoles y jueves testimonios para determinar la responsabilidad del Estado por la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud.

En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y en algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.

En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.