La ONU ratifica que se vulneraron los derechos legales de Lula da Silva durante su juicio

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha ratificado este jueves que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no contó con las garantías legales durante los procesos penales contra él por corrupción, los cuales fueron finalmente cancelados por parcialidad.

De acuerdo con esta comisión, se violaron las libertades del expresidente Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y su derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas.

“Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, ha remarcado Arif Bulkan, miembro del comité.

El expresidente Lula fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa 'Lava Jato', que destapó una trama de corrupción dentro del seno de la constructora estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht. El juez encargado de la causa fue Sergio Moro, que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia con el actual presidente, Jair Bolsonaro.

Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio expresidente.

Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel en julio de 2017, pero no ingresó hasta abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para Jair Bolsonaro.

Sin embargo, ya en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia debido a la falta de competencia del tribunal de Curitiba que llevó el proceso, así como por la parcialidad en la que incurrió Moro, quien dirigió incluso la actuación de los fiscales durante la causa.

Más tarde, Moro ha defendido que “Lula nunca fue perseguido” por la justicia brasileña, y ha recordado que “fue condenado por nueve magistrados”. “Yo en primera instancia, tres en el tribunal de Porto Alegre y cinco en el Superior Tribunal de Justicia (STF).

“Mis decisiones fueron confirmadas por los órganos de apelación, nunca hubo ninguna persecución, siempre actué con la ley”, ha defendido Moro, quien ha lamentado que la denuncia de Naciones Unidas esté influida “indebidamente” por la decisión del propio STF en un “error judicial” al anular las condenas de Lula.

“También es posible verificar, en el informe del Comité de la ONU, obtuvo fuertes votos que no dejan duda de que mi actuación fue legítima en la aplicación de la ley, en la lucha contra la corrupción y que no hubo ningún tipo de persecución política”, ha zanjado Moro en su alegación.

El Comité de Naciones Unidas sostiene que a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, “no fue suficiente” para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse a un cargo político.

Este miércoles un juez de la Corte Suprema de Brasil rechazó investigar a Lula da Silva, favorito para las elecciones del próximo octubre, por incitar a protestar en las casas de los congresistas.

El magistrado Ricardo Lewandowski negó la solicitud de un grupo de diputados aliados del presidente del país, Jair Bolsonaro, que denunciaban al líder progresista por unas declaraciones presuntamente antidemocráticas que dio el pasado 4 de abril en un evento con sindicatos.

En ese acto, el exjefe de Estado (2003-2010) animó a los trabajadores a “mapear la dirección de cada diputado” e ir hasta sus domicilios, “no para insultar, sino para conversar con él, con su mujer, su hijo; para incomodar su tranquilidad”.

“Creo que eso surte más efecto que hacer una manifestación en Brasilia”, indicó entonces Lula, en declaraciones recogidas ayer por el diario O Globo.

Los diputados bolsonaristas encuadraron esas palabras en un presunto delito de “incitación a la abolición violenta del estado democrático de derecho” y pidieron además al Supremo que impusiera a Lula una orden de alejamiento contra “cualquier parlamentario, sus residencias y la sede del Congreso”.

Sin embargo, Lewandowski alegó, entre otros argumentos, que el artículo periodístico usado por los diputados bolsonaristas para denunciar los hechos “se limita a la transcripción de algunos pocos fragmentos de declaraciones supuestamente proferidas durante un evento de carácter político electoral y fuera de contexto”.

Lula, que pasó 580 días en prisión por condenas de corrupción que luego fueron anuladas por el Supremo y que en los últimos meses ha visto archivadas todas las investigaciones que afrontaba en su contra, es el máximo favorito para las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre.

Aunque aún no ha oficializado su candidatura, algo que se da por hecho, los últimos sondeos le otorgan una intención de voto de más del 40%, frente al alrededor del 30% que obtendría Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña y quien, sin embargo, viene recortando la distancia.