Cuba va al referendo sobre el matrimonio igualitario y otros temas familiares

Más de ocho millones de cubanos están convocados el domingo al referendo del Código de las Familias, un paquete legislativo que contempla la aprobación del matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homosexuales y la gestación solidaria, entre otros temas.

"¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?", es la pregunta que responderán los cubanos mayores de 16 años que acudan a alguno de los 24.000 colegios electorales distribuidos en todo el país.

Según el Consejo Electoral Nacional (CEN), estos solo podrán votar si tienen una residencia efectiva en el país hasta dos años antes de la realización de la consulta.

En el caso de los cubanos residentes en el exterior, solo participarán si están en el país el día de la votación.

El primer referendo a una ley específica que se realiza en Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959 comenzará a las 07.00 hora local (11.00 GMT) y finalizará a las 18.00 hora local (22.00 GMT), según el cronograma presentado por las autoridades electorales.

El resultado se difundirá cinco días después, será vinculante y requerirá de una mayoría simple: más del 50 %, ya sea a favor o en contra. El texto legislativo, aprobado en julio en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y publicado posteriormente en la Gaceta Oficial.

El CEN informó que 22.000 cubanos ya realizaron el referendo en el exterior, pero solo los que trabajan en misiones oficiales.

La votación del domingo cierra un capítulo de un proceso no exento de polémica que comenzó hace casi cuatro años cuando se intentó reformular la definición de matrimonio como parte de la reforma constitucional realizada.

La propuesta inicial fue ampliar dicho concepto hacia "la unión entre dos personas" y eliminar el "entre un hombre y una mujer" establecido en la Carta Magna vigente desde los años 70.

La nueva Constitución recibió el visto bueno en 2019 tras aplazar ese debate por la negativa de sectores conservadores y parte de la ciudadanía, que lo consideran aún "controvertido".

La respuesta fue contemplarlo dentro de la reforma al Código de las Familias en vigor desde 1975 y que ahora pasa por el escrutinio público para aprobarse, o no.

Antes de ser aprobado en julio de este año por la Asamblea Nacional, la versión 25 de la norma fue ampliamente consultada entre febrero y abril en 79.000 reuniones comunitarias.

Este es el único proyecto que irá a referendo entre las 70 normas jurídicas actualizadas a raíz del cambio constitucional, a diferencia de otras leyes como el nuevo Código Penal.

Aunque los temas considerados más polémicos son el reconocimiento del matrimonio igualitario o la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar, el vasto paquete legislativo regula también la responsabilidad parental y la gestación solidaria.

El Código de las Familias propuesto menciona la violencia de género, prohíbe el matrimonio infantil y ampara la comunicación entre los abuelos y nietos en caso de divorcio.

Abarca otros cambios en el contexto familiar como evitar que los agresores domésticos puedan pedir la custodia de sus hijos, el reparto de los bienes e incorpora a las madrastras y padrastros como tutores.

De aprobarse finalmente, sería un parteaguas para un país y un Gobierno con un pasado marcado por la homofobia.

Las opciones son diversas como el propio texto legislativo: desde el Sí" porque están de acuerdo con el documento y respaldan al Gobierno, al "No" y la abstención porque están en contra del código, del sistema político o de ambos.

El Gobierno cubano, que busca el respaldo íntegro a los 521 artículos, lo ha calificado como el texto legislativo que refleja la diversidad de la sociedad y la ampara en términos de igualdad y libertad.

El mismo se ha volcado en la campaña por el "Sí", incluidas las autoridades electorales y el Tribunal Supremo, con continuos mensajes en medios oficiales y redes sociales.

La opción del "No", a su vez, no ha tenido una campaña articulada ni presencia en los medios oficiales. En redes sociales activistas y algunas instituciones y colectivos han abogado por la abstención o el rechazo a la ley.