“No dejo de oír a la gente pidiendo auxilio, su hilo de voz perdiéndose en la oscuridad y la silueta de un hombre en el techo de su coche alumbrada por...
Actualizado
- 05/10/2023 00:00
Creado
- 05/10/2023 00:00
Los denunciantes alegan igualmente que los integrantes de organizaciones criminales aprovechan el descontrol y la corrupción en las prisiones para comandar desde dentro de las rejas el tráfico de drogas en el país
La Corte Suprema de Brasil le dio un plazo de seis meses al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presentar un plan con medidas para mejorar las condiciones de las cárceles brasileñas, consideradas como degradantes e inhumanas por las organizaciones de derechos humanos.
En el ultimátum recogido en una sentencia dictada este miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) dijo que el Gobierno tiene un plazo de tres años para poner en marcha su plan y garantizar condiciones adecuadas para los presos.
"El Supremo reconoció la violación masiva de derechos fundamentales en el sistema carcelario brasileño y fijo un plazo de seis meses para que el Gobierno elabore un plan de intervención para resolver la situación", informó el máximo tribunal en un comunicado.
La Corte determinó que el plan del Gobierno incluya medidas para reducir el hacinamiento en los presidios y para adecuar las instalaciones de forma que ofrezcan condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad.
La sentencia, aprobada por unanimidad de los once miembros del Supremo, asegura que la actual situación "compromete la capacidad del sistema de cumplir los fines de resocialización de los presos y de garantía de la seguridad pública".
La Corte estableció el ultimátum en respuesta a una denuncia sobre "estado de cosas inconstitucional" en las prisiones por la "violación masiva de los derechos de los presos".
Según el presidente del Supremo, el magistrado Luis Roberto Barroso, la Corte es responsable por garantizar los derechos fundamentales previstos en la Constitución, "especialmente cuando se trata de grupos vulnerables, altamente estigmatizados y carentes de representación política".
La denuncia inicial del caso fue presentada en 2015 por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que citó la situación de hacinamiento, tortura, tratamiento inhumano y privación de derechos que enfrentan los presos en la mayoría de las prisiones brasileñas.
Los denunciantes alegan igualmente que los integrantes de organizaciones criminales aprovechan el descontrol y la corrupción en las prisiones para comandar desde dentro de las rejas el tráfico de drogas en el país, así como ordenar asaltos y hasta homicidios.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, Brasil contaba hasta finales del año pasado con la tercera mayor población carcelaria del mundo -después de Estados Unidos y China-, con 832.295 presos, de los que cerca de una cuarta parte (210.687) ni siquiera ha sido condenada.
El número de presos en Brasil saltó un 257 % desde 2000 mientras que la capacidad del sistema casi no creció en los últimos años, lo que agravó la situación de hacinamiento.
Las cárceles de Brasil tienen capacidad para 596.100 presos, por lo que el déficit de cupos llega a 236.000.
Tan sólo el año pasado 2.453 presos murieron en las cárceles brasileñas, en su mayoría por problemas de salud (1.430), pero también víctimas de crímenes (390) o por causas no esclarecidas (400).
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