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- 26/02/2020 10:38
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El dirigente indígena Jehry Rivera fue asesinado el lunes durante un enfrentamiento con aparentes dueños de fincas, en el marco de un conflicto por las tierras en el sur de Costa Rica, informaron este martes las autoridades.
"Condeno el asesinato del dirigente indígena Jehry Rivera. Lamento profundamente los hechos de violencia ocurridos en esa comunidad. Ya se ha procedido a la detención del presunto responsable", indicó el presidente Carlos Alvarado en sus redes sociales.
Los hechos ocurrieron la noche del lunes en la comunidad de Mano de Tigre, Buenos Aires, provincia de Puntarenas (sur), parte de una zona de conflicto entre indígenas y no indígenas por la propiedad de las tierras y que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según la información del Ministerio de Seguridad, hubo una riña entre unas 20 personas que portaban armas de fuego y machetes, y en el incidente falleció el dirigente indígena y resultó con heridas graves en sus piernas un finquero.
Al parecer, los terratenientes salieron a inspeccionar un incendio en una finca y se encontraron con los indígenas del pueblo Térraba, etnia teribe.
Las autoridades conformaron la detención de un sospechoso del asesinato, quien voluntariamente se entregó.
Este es el segundo activista indígena asesinado en la zona recientemente. El primero fue Sergio Rojas, quien falleció tras ser atacado a balazos en marzo de 2019, sin que hasta ahora las autoridades hayan identificado a los responsables.
El Gobierno de Costa Rica asegura que en los últimos meses ha reforzado la presencia policial en las zonas en conflicto y que poco a poco ha ido recuperando y devuelto tierras ancestrales a los indígenas, como parte del cumplimiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Ley Indígena de 1977 establece que los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades. Sin embargo, en la zona sur del país terratenientes no indígenas defienden que sus fincas les pertenecen porque fueron obtenidos legalmente.
Una misión de la CIDH efectuó en mayo pasado una visita a las comunidades de Salitre y Térraba, ambas ubicadas en el sur del país en la provincia de Puntarenas, y que han sido escenario de disputas violentas por tierras entre indígenas y no indígenas.
Desde el año 2015 estas comunidades son beneficiarias de medidas cautelares dictadas por la CIDH que obligan al Gobierno a garantizar su seguridad.
La CIDH emitió un informe tras su visita a Costa Rica, en el que "reconoce la voluntad del Estado para cumplir con las medidas cautelares". Sin embargo, le insta a "redoblar sus esfuerzos para dar efectividad a los planes y medidas para garantizar los derechos de los pueblos e investigar los eventos de riesgo en su contra".
La CIDH también reconoció la "complejidad" del problema y exhortó al Estado y a los indígenas a "seguir avanzando en la implementación del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas".