Guatemala paralizada, las secuelas que deja la protesta

El 'secuestro' de las actas que contienen los resultados de los comicios presidenciales celebrados el 20 de agosto pasado y que certifican la victoria del progresista Bernardo Arévalo, por parte del Ministerio Público, ha ocasionado una indignación masiva en la población de Guatemala, la cual ha protagonizado protestas y bloqueos en todo el país.

Las manifestaciones que fueron iniciadas por la organización indígena 48 Cantones del departamento de Totonicapán, han sido secundadas por los gremios universitarios, médicos y comerciantes, que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Corruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes han encabezado polémicas medidas en contra de los resultados electorales y el partido de Arévalo, movimiento Semilla.

El jefe de la bancada de Semilla, Samuel Pérez, catalogó las medidas tomadas por la fiscalía como un “intento de golpe de Estado” y aseguró a este medio que su colectivo está constantemente apoyando estas “manifestaciones pacíficas, en defensa de la democracia”, aunque aclara que ellos no son quienes las están convocando.

Tras casi dos semanas de protestas, el Ministerio de Comunicaciones guatemalteco detalló que hay cerca de 121 carreteras bloqueadas, una acción descrita como “ilegal” por el Ejecutivo. Mientras que la fiscal Porras aseguró que los manifestantes están “obligando a los comerciantes a mantener sus negocios cerrados”.

Julio Rivas, portavoz de Mercados Unidos de Guatemala, dijo en rueda de prensa que ellos, como comerciantes, exigían que los funcionarios señalados presentaran su renuncia, porque de no hacerlo “iban a cerrar indefinidamente sus comercios” en todo el país, algo que terminaron por cumplir.

“Ningún comercio ni ninguna tienda de conveniencia abrirá, porque así lo impediremos cada uno de nosotros”, aseguró el trabajador, aclarando que ellos no están de parte ni de Semilla ni del gobierno, pero “quieren que se respete la voluntad popular”.

Estas acciones, sumadas a los cierres de calle, han hecho que todo el país experimente un desabastecimiento generalizado de alimentos que está afectando la mayor parte de las comunidades y generando pérdidas millonarias.

Datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) plantean que cada día de paralización ocasiona pérdidas por $40 millones, en las exportaciones. Además de $31,6 millones en el sector turismo.

Amador Carballido, secretario general de la entidad, dijo en conferencia de prensa que los “daños económicos” que se le están ocasionando a la nación centroamericana “sin duda son bastante más altos” que los registrados durante los primeros días de la pandemia.

Carballido confirmó que hay más de 900 contenedores con productos detenidos y sin poderse exportar. A la par de otros 800 que contienen diversos insumos que no han podido ingresar a la nación, generando “desabastecimiento en materia prima importada y nacional”.

En concreto, la asociación estima que se han perdido $3 millones por semana en el sector que se dedica a comerciar con plantas ornamentales, follajes y flores. Mientras que empresas como McDonald's y algunas gasolineras han confirmado su cierre temporal, hasta que la situación se normalice.

El impacto sobre los trabajadores también se ha notado, pues un encuentro desarrollado por Agexport, alega que el 90% de los empleados ha tenido dificultad para llegar a su trabajo, siendo los principales motivos el bloqueo de carreteras, el bloqueo en la entrada de las empresas y la “amenaza al trabajador o a la empresa por seguir operando”.

Este último punto es secundado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que emitió un comunicado señalando que sus miembros han sido víctimas de “una serie de actos violentos que incluyen vandalismo, bloqueos, saqueos, extorsión, invasión, destrucción de propiedad privada y otros”.

En relación con estos actos, el diputado Pérez asegura que los actos vandálicos que se han registrado son protagonizados por “infiltrados” que han querido mermar el “espíritu cívico” de las manifestaciones.

“Estas personas son identificadas y rechazadas por los manifestantes”, dice el funcionario, quien considera que estos individuos son “cómplices del grupo de golpistas que busca permanecer en el poder, como el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei”.

Según el político de Semilla, lo que quieren es “generar elementos para la construcción de una narrativa que criminalice al pueblo guatemalteco”, algo que no entra en consonancia con el “espíritu pacífico” de las protestas.

En cuanto a las afectaciones económicas, Pérez considera que si bien estas protestas tendrán un impacto negativo en varios renglones de la economía, “vivir bajo un régimen dictatorial será peor para el desarrollo económico, pues destruye los cimientos de cualquier economía de mercado”.

“No existe ningún régimen de corrupción e impunidad que se sostenga democráticamente, en el tiempo”, asegura el funcionario, quien alega que el actual gobierno ha perdido en todas las vías democráticas, en las que ha sido puesto a prueba.

“Están intentando imponer una dictadura en Guatemala. Ellos [el gobierno] siguen manteniendo las actas en su poder y tenemos miedo de que terminen por afectar la integridad del proceso electoral”, añade.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral Blanca Alfaro cuestionó duramente el 'secuestro' de las actas, asegurando que con esta medida ellos “no pueden seguir siendo garantes de ellas”.

“Ellos dicen que el miércoles nos las van a devolver, ¿para qué las van a devolver si ya salió de nosotros? No sabemos qué pueden hacer con ellas”, dije tras el allanamiento del Ministerio Público.

Hasta el momento las actas no han sido devueltas y se desconoce el estado en que se encuentran, pero el diputado Pérez aseguró que seguirán manifestándose hasta que la situación sea solventada.