Defensa de la democracia, parte II: crimen organizado de cuarta generación

Anualmente el crimen organizado transnacional (COT) genera mayores ganancias que el crecimiento de la economía formal global. El tráfico de lo ilícito genera alrededor de $2.2 trillones anualmente. En América Latina, solamente la producción y el tráfico de cocaína hacia EE.UU. y Europa genera más de $600 mil millones (cerca de un tercio de la economía ilícita total).

El COT en América Latina es una amenaza principal y transnacional para la supervivencia de la democracia en la región. El COT en América Latina se desarrollo más rápido y evolucionó de manera más eficiente que el Estado. Las organizaciones criminal es transnacionales y los Estados de la región no están compitiendo por cuotas finitas de poder, sino que coexisten y conforman un modelo híbrido de gobernabilidad del territorio y la población de la región. La defensa a la democracia liberal debería producir una respuesta al COT apegada a principios coherentes y consistentes sobre el rol del Estado liberal (garantizar paz social).

La famosa “guerra contra las drogas” decretada por el presidente de EE.UU. Richard Nixon en 1971 fracasó y continúa fracasando en la región. Un ejemplo rotundo se puede evidenciar en la producción de cocaína, el producto ilícito más lucrativo y eje central del COT en la región. En 1990 en Colombia, por ejemplo, se produjeron 92 toneladas métricas de cocaína. A pesar de los más de $7 mil millones invertidos por EE.UU. en el famoso Plan Colombia a principios de los años 2000, para 2020 el país andino produjo más de 1,228 toneladas métricas de cocaína. Para entender la resiliencia de los grupos criminales transnacionales en la región debemos examinar sus orígenes y la evolución de sus principios operativos.

La primera generación de COT en América Latina fueron los grupos insurgentes revolucionarios o guerrillas. La primera forma de agrupación criminal moderna con carácter transnacional en América Latina nació de una confrontación ideológica y de lucha de poder y control político. Los primeros grupos de personas que se organizaron de manera transnacional con el objetivo de cometer crímenes punibles por la ley fueron las guerrillas comunistas impulsadas por Moscú, La Habana y hasta Pekín. No es una casualidad que las zonas en donde operaron estas guerrillas en México (Liga Comunista 23 de Septiembre, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Ejército Popular Revolucionario) y el triángulo Norte, Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Bolivia (Guerrilla de Ñancahuazú que fue liderada por el mismo Che Guevara y otros lideres de la revolución cubana, Ejército Guerrillero Túpac Katari) y Perú (Sendero Luminoso y Movimiento de izquierda revolucionaria) son precisamente las zonas en donde se produce cerca del 90% de la cocaína a nivel mundial.

La segunda generación del COT fue las operaciones de tráfico de droga que surgieron tras el fracaso de los objetivos políticos de los grupos insurgentes a través de la lucha armada. Estas operaciones se apoderaron de zonas en donde el Estado liberal no tenía presencia ni capacidades. Las organizaciones criminales encargadas de la producción y el tráfico de drogas empezaron a sistematizar mecanismos de control político, económico y social para garantizar la operación ilícita. Es decir que, los grupos insurgentes modificaron su estructura interna para subsistir y luego lucrar a través de la producción y el tráfico de drogas (principalmente cocaína) y también a codificar el uso de la violencia y los beneficios sociales necesarios para asegurar la sostenibilidad de la agrupación que siempre fue criminal a lo largo del tiempo.

La tercera generación del COT en América Latina fue la contingencia emergente más exitosa producto de la desmovilización de los grupos armados en la región. Durante los procesos de reintegración de combatientes tras los procesos de paz en Colombia que iniciaron en 2006, el COT revolucionó sus operaciones de producción y distribución centralizadas a una red transnacional de Bacrim (Bandas Criminales) que diversificaron la operación y los riesgos de la misma. Estas Bacrim ahora están al mando de operaciones mixtas de lo ilícito: tráfico de armas, tráfico de personas, extracción minera ilegal, operaciones de extorsión cibernética, etc.

La pandemia provocó una nueva revolución o aceleración del cambio de modelo operacional hacia una cuarta generación de COT. El principio operativo de la cuarta generación busca la distorsión de las líneas que dividen lo lícito de lo ilícito. El crimen organizado quiere coaptar el Estado liberal por completo. Ante la expansión gradual del Estado, el crimen organizado penetró la sociedad civil, los sistemas financieros, y los mecanismos de gobernabilidad del Estado a todo nivel.

Para entender mejor las características del COT de cuarta generación debemos conceptualizar lo siguiente: el COT en América Latina y los Estados de la región no compiten por cuotas finitas de poder, sino que coexisten y conforman un modelo híbrido de gobernabilidad; y que los niveles de violencia asociados con las operaciones del COT no deben ser consideradas un producto de lo ilícito per se, sino un mecanismo o herramienta de gobernabilidad de un modelo social alternativo basado en una actividad económica absurdamente lucrativa.

En México, durante la pandemia, el Cartel del Golfo repartió mercados con el logotipo de la organización; el Cartel de Jalisco Nueva Generación construyó un hospital de campaña para atender pacientes covid-19; bandas criminales en Brasil distribuyeron insumos médicos y enforzaron el distanciamiento físico, y en Venezuela, grupos paramilitares hicieron cumplir los toques de queda y confinamientos de poblaciones enteras. Pero por supuesto que el uso tradicional y más extensivo de la violencia por parte de las COT es para intimidar y arrodillar a sus enemigos y no para proveer paz social. Y por supuesto que no es coincidencia que la región es la mayor productora de cocaína del mundo y la región más violenta del mundo. En 2020 América Latina registró más de 157 mil asesinatos. El continente africano, por ejemplo, con todos sus conflictos armados, guerras civiles, grupos terroristas y demás, registró 20 mil homicidios menos que Latinoamérica.

El mismo hecho que esta cifra sea mayor en sociedades supuestamente estables ratifica la idea que la violencia no es un producto de lo ilícito, sino una herramienta normalizada utilizada comprensivamente en función de objetivos de gobernabilidad de una sociedad con modelos de gobernabilidad mixtos.

La violencia no es solo física en contra de individuos o grupos de individuos, sino también sistémica: la corrupción y la injusticia o selectividad de la justicia en América Latina es una de las formas de violencia más represivas y producto directo del actuar de organizaciones de COT. Por supuesto que un caso extremo es el control del Cartel de los Soles sobre el régimen de Nicolás Maduro. Pero también lo vemos en el caso del hermano del presidente de Guatemala, Juan Antonio Hernández, quien fue sentenciado a vida en prisión en EE.UU. por sus vínculos con el trafico de drogas, de armas y el soborno de funcionarios; o los 88 candidatos políticos asesinados durante las elecciones en México de este año.

El uso iliberal e indiscriminado de la violencia por parte de organizaciones criminales transnacionales ha moldeado no solo la respuesta del Estado a la misma, con más violencia, sino también coaptado al sistema político para crear un modelo híbrido de gobernabilidad: los narcoestados.

La respuesta al crimen organizado debe apegarse a principios coherentes y consistentes sobre el rol del Estado. En el caso de aquellos apegados a los principios de la democracia liberal, el Estado debe garantizar la vida, la libertad y la propiedad o producto del trabajo del individuo para alcanzar la paz social.

La piedra angular de todo esfuerzo por defender la libertad y paz social que solo se puede encontrar en la democracia liberal, debe ser el fortalecimiento de las capacidades del gobierno en cumplir con los requerimientos básicos de un Estado liberal: la protección de la vida, la libertad, y la propiedad. La lucha contra la corrupción y la impunidad deberían ser los objetivos centrales de cualquier política en contra de las organizaciones criminales transnacionales. Son esfuerzos que expanden la presencia del estado de derecho y un orden social basado en consensos y no en violencia.

La evolución del COT y sus orígenes ideológicos han evolucionado y modificado su estructura interna y principios operativos para adaptarse a necesidades económicas, políticas y sociales que garanticen su supervivencia. La falta de balance político en la región es producto de esa influencia y captura del Estado. ¡Sí es preocupante que el próximo presidente de Chile, un confeso ahijado del Partido Comunista, asegure que él se encargará de que “si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”!; ¡sí es preocupante que Lula, un líder de primera generación del Foro de Sao Paulo, lidere abrumadoramente las encuestas para las elecciones presidenciales en Brasil en 2022!; ¡sí es preocupante que Gustavo Petro, un exguerrillero, tenga a seis meses de las presidenciales de Colombia un 43% de apoyo popular!; sí es preocupante que un marxista triunfó en Perú en julio de este año y el Movimiento al Socialismo regresó a Bolivia. Es preocupante cuando cualquier actor con principios iliberales toma control del Estado y mucho más grupos históricamente afines como el comunismo y el narcotráfico en la región. La necesidad y el clamor por justicia social no debe despojarnos de nuestros principios democráticos y liberales. Principios que escogimos tras los procesos de independencia hace 200 años como pueblos soberanos.